Los consumidores acusan a Cañete de ignorar el escándalo de la carne de caballo

Las principales asociaciones de consumidores españolas creen que el Gobierno no está implicándose como debiera en la investigación del escándalo de la carne de caballo detectada en las últimas semanas en varios productos de vacuno comercializados en diferentes países de la UE. Después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, informara ayer de que no iba a acudir a la reunión de hoy en Bruselas para abordar el asunto porque, según él, “no se han detectado casos en España”, tanto la OCU como Facua le exigen que lo demuestre con análisis. “Ni la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ni el Instituto Nacional de Consumo (INC) ni las comunidades autónomas han informado hasta la fecha de los controles realizados al respecto”, señala FACUA, por lo que no hay ninguna prueba de que la afirmación del ministro sea cierta.

La OCU, por su parte, recuerda que hace un mes remitió al ministro el resultado de un estudio propio que detectó ADN equino en dos marcas de hamburguesas envasadas comercializadas por dos cadenas españolas, lo que hace sospechar que España “no es una isla en el fraude del etiquetado de productos cárnicos”. La organización subraya que “para detectar algo, primero hay que buscarlo, y esto es algo que las administraciones competentes no han hecho, o al menos no han informado convenientemente a los ciudadanos”, por lo que insiste en su petición de una investigación pública.

El Ministerio de Agricultura reitera que, en todo caso, no se trataría de un problema de seguridad alimentaria, sino de un posible fraude de etiquetado, por lo que son las autoridades de consumo las que deben emprender la investigación. Aunque la UE ha descartado intervenir por la misma razón, la presidencia de turno ha convocado una reunión esta tarde en Bruselas para que los países implicados puedan intercambiar información que ayude a averiguar el origen del fraude y descubrir dónde se produjo el agujero en la cadena de sumistro que permitió a esos productos escapar a los controles.

A la reunión de esta tarde asisten representantes de los países más directamente afectados, es decir, Francia, Reino Unido, Rumania, Luxemburgo, Polonia y Suecia. También cuenta con la presencia del comisario de Sanidad y Consumo, Tonio Borg, junto con miembros del gabinete del responsable comunitario de Agricultura, Dacian Ciolos. El asunto se incluirá también en la agenda del próximo Consejo de Ministros de Agricultura, que se celebrará el 25 de febrero.

El escándalo comenzó hace un mes cuando Reino Unido e Irlanda hallaron trazas de caballo en varias marcas de hamburguesas distribuidas en ambos países. Se extendió a España poco después con el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que detectó ADN equino en dos marcas españolas, y alcanzó dimensión continental la semana pasada, cuando la empresa Findus anunció que retiraba sus lasañas de ternera en Reino Unido y Francia. El asunto se complicó este lunes aún más porque el Gobierno francés apuntó a Rumania como origen del fraude, acusación que provocó la irritación de las autoridades de este país y que ha tensado las relaciones bilaterales.

Según la investigación francesa, la carne de caballo llegó a este país desde Rumania tras pasar por comerciantes en Chipre y Holanda antes de ser adquirida por una empresa del sur de Francia y elaborada por otra en Luxemburgo.

El ministro francés de Consumo, Benoît Hamon, avanzó ayer que propondría a sus socios europeos imponer obligaciones sobre la trazabilidad de la carne en las etiquetas de los platos preparados, las mismas que ahora rigen para los productos puramente cárnicos, con el objetivo de que se pueda seguir el rastro y conocer dónde se crió el animal, dónde se sacrificó y dónde se produjo la transformación. Una propuesta con la que se ha mostrado de acuerdo el ministro de Medio Ambiente británico, Owen Paterson, pero que parece excesiva al portavoz comunitario de Sanidad, Frédéric Vincent. "Es un poco prematuro pensar en ampliar esta obligación a la industria en este momento porque el problema no parece ser de etiquetado, sino un posible fraude al que habría contribuido un etiquetado engañoso", dijo ayer.