El tijeretazo en servicios sociales afectará a miles de familias

Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.

El colectivo de usuarios de servicios sociales ha crecido más de un 39% en los últimos años, con los rigores de la crisis, hasta alcanzar a casi ocho millones de personas. Pues bien, el año pasado los presupuestos del Estado preveían contribuir a la atención de 6,5 millones de personas y finalmente dieron para colaborar con 6,7 millones. Con lo presupuestado ahora, el Gobierno calcula que solo alcanzaría para 3,4 millones de personas, de tal forma que prácticamente la mitad de los posibles beneficiarios quedarían enteramente a merced de los recursos autonómicos o municipales.

El número de usuarios que pide apoyo se ha elevado un 39%

La aportación del Estado para los servicios sociales municipales (10%) es mínima respecto a lo que ponen las comunidades (30%) y las corporaciones locales (60%). A pesar de ello, el ajuste de Rajoy —se han perdido 36 millones de 86— obligará a un esfuerzo extra en los presupuestos autonómicos, municipales, y posiblemente el ciudadano tenga que aumentar su aportación para recibir un servicio como la ayuda a domicilio. “El escenario, sin embargo, puede ser aún peor. Si las comunidades también reducen en sus cuentas la financiación en esta área, el ahogo de las arcas locales será dramático”, vaticina el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Estos 50 millones que ha presupuestado el Gobierno cubren apenas un 10% del total de la financiación para esta materia. Pero la rebaja preocupa en el sector también por el desempleo que podría ocasionar. “Hay que tener en cuenta que alrededor del 40% de lo que destina el Gobierno es para el capítulo de personal y un 57% para las prestaciones que se conceden. Si se dan menos prestaciones pueden producirse despidos, tanto entre los trabajadores precarios de las instituciones públicas, que lo son muchos de ellos, como en las empresas prestadoras de servicios, y la población quedará desatendida”, afirma Ramírez.

El reparto de los recursos totales que se destinan a servicios sociales básicos es desigual. Entre los usuarios, no todos reciben dinero, porque muchas de estas personas acuden en busca de información, asesoramiento o para cumplimentar trámites. Como en la consulta del médico, no todos salen con una receta para medicinas. Cuando sí reciben dinero se trata de ayudas muy puntuales y de un monto diverso: no es lo mismo un cheque para pagar la calefacción un mes, que para abonar dos recibos de la hipoteca, o para ropa o alimentos.

El año pasado se contaba con 86 millones, ahora solo serán 50

“Los datos sobre estas partidas contenidos en los presupuestos son una falacia. Incorporan centros, profesionales, usuarios... como si todo eso se pudiera atender con 50 millones de euros, y los reduce proporcionalmente al recorte. Eso es falso”, advierte Ramírez. Pero, a modo de indicador, en las cuentas públicas presentadas el martes por el Gobierno se prevé que el descenso del presupuesto estatal afectará a numerosas partidas a las que contribuía en mayor o menor medida. Los documentos del proyecto de Presupuestos Generales mencionan que en lugar de hacer aportaciones para 1.328 centros sociales, como ocurría el año pasado, solo habrá para 788; en lugar de los cinco comedores sociales de 2011, habrá dinero para 3; las 25 miniresidencias y pisos tutelados pasarían a 14; donde hubo recursos para 10 albergues ahora solo habría para seis. Respecto a la ayuda a domicilio, uno de los servicios municipales más extendidos y conocidos por los ciudadanos, el presupuesto prevé que en lugar de contribuir en alguna medida (que nunca es mucha) al sostenimiento de una ayuda para 600.000 usuarios, como ocurría el año pasado, este ejercicio solo podrían colaborar con 423.000 personas.

Los profesionales de los servicios sociales han recibido como un puñetazo esta merma en sus ya magros recursos. “Somos nosotros los que tenemos que ver la cara y atender a los millones de personas que vienen a nuestras oficinas solicitando desesperadamente una ayuda. ¿Cómo les explicamos que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están pasando?”, pregunta Ramírez. Advierten de que una situación como esta, “con las altas tasas de paro, los niveles de pobreza derivando peligrosamente hacia la exclusión social y los exhaustos recursos de las familias, no puede sino poner en peligro la paz y la cohesión sociales, mantenidas milagrosamente hasta ahora”.

El año pasado, el Plan Concertado se recortó en nueve millones de euros, algo muy criticado por los trabajadores sociales. También el ministro Eduardo Zaplana, en la época de Aznar, metió la tijera y lo redujo un 6%. Hasta entonces nunca se había rebajado esa partida, que nació en los ochenta, siempre raquítica. Pero esta caída, la más drástica, llega justo cuando los servicios sociales necesitan más refuerzo.