Los obispos atacan ahora la ley de muerte digna

El dictamen contradice la primer opinión del presidente de la Conferencia Epsicopal, Antonio María Rouco Varela

Los obispos españoles ya tienen una posición común sobre el proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno para el próximo período de sesiones parlamentarias. El proyecto "podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas", dictamina la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reunida en Madrid desde el lunes pasado.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, que es también presidente de la CEE, había dicho apenas hace un mes que no creía que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirmó: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles". Lo dijo en un desayuno convocado por el Foro de la Nueva Sociedad.

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Pero otros prelados venían acusando al Gobierno de intentar "colar la eutanasia" en ese proyecto, comparándola con "la matanza de ancianos". La respuesta final se ha conocido mediante un adelanto de un largo dictamen que los prelados darán a conocer el lunes próximo en conferencia de prensa.

Según ese adelanto, incorporado a última hora de la tarde en la página web de la CEE, "los obispos han estudiado y han aprobado una titulada Declaración con motivo del proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el proceso final de la vida". Empiezan recordando "las numerosas ocasiones en las que la Conferencia Episcopal ha hecho oír su voz para anunciar el evangelio de la vida, según el cual la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra y que las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado". También reconocen "la intención laudable del proyecto" en la idea de "proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia". Pero inmediatamente aparece en el texto el "sin embargo".

La Conferencia Episcopal percibe en las intenciones del Ejecutivo "una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta". Añaden: "El peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaba por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia". También creen los obispos que el concepto de "dignidad humana queda negativamente afectado, puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero".

El texto aprobado por los obispos señala también que el proyecto de ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal, como la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.

La Declaración episcopal se muestra crítica con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de testamento vital, acorde con la doctrina católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal.

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