"Objetar a la muerte digna sería delito"

Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, fue uno de los médicos a los que se persiguió por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. Este doctor -al que la Justicia absolvió- defendió ayer el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que se está tramitando actualmente en el Parlamento andaluz.

El debate está centrado ahora sobre si los facultativos deben tener o no un supuesto derecho objetar a esta norma, que pretende hacer más llevadero el final de la vida. Según Montes, no se puede objetar a la aplicación de un derecho del paciente. Además, en su opinión, se trataría de un "delito de lesiones por omisión". Lo que persigue la futura ley es que no se prolongue la vida de forma cruel y recoger los derechos y obligaciones de los médicos en este asunto.

El ex jefe del área de Urgencias del Severo Ochoa recordó que las prácticas que se recogen en el proyecto de ley están "despenalizadas". "Éticamente, es una buena práctica médica (...) ¿A qué se objetaría?". Montes es uno de los expertos que ha sido invitado para debatir la nueva ley andaluza de muerte digna. Ayer compareció en Sevilla junto al parlamentario de IU José Manuel Mariscal, quien anunció que, si finalmente se incluyera ese supuesto derecho a objetar, su formación no apoyaría la futura la ley "con toda probabilidad". El PP ha anunciado que presentará una enmienda para que se recoja este asunto. Y el PSOE defendió el 17 de noviembre que "la objeción de conciencia no cabe en esta norma".

Las presiones para que se incluya la objeción, algo muy vinculado a las creencias religiosas y morales, están llegando desde los sectores más conservadores, como la asociación Profesionales por la Ética. El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Andalucía, Juan José Sánchez, también reclamó en noviembre que el proyecto de ley recoja la posibilidad de que los profesionales puedan acogerse a esta figura.