Los obispos combatirán "con todos los medios" la ley de muerte digna

"Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos sencillamente que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana". Con esta contundencia se pronuncian los obispos contra el proyecto de Ley regulador de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno socialista.

El PSOE había prometido la legalización de la eutanasia en esta legislatura, pero renunció para contentar a la Iglesia católica. "No será una ley de eutanasia", se comprometió el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba cuando anunció el proyecto. Los obispos opinan lo contrario y anuncian que combatirán al Gobierno con contundencia, mediante "todos los medios democráticos disponibles", si sigue adelante con la actual redacción. "Es una ley que abre las puertas a prácticas eutanásicas", sostuvo este mediodía el portavoz del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino. La Conferencia Episcopal Española (CEE) lo dice en una declaración solemne, de una docena de páginas.

Los prelados asumen que no siempre se puede identificar el orden legal con el orden legal, conscientes de que "en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas". Pero, añaden, "esto nunca podrá ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas".

Hace apenas un mes, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, que es también presidente de la CEE, había dicho que no creía que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirmó: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles".

Ahora, después de leer "despacio" el texto, los obispos execran muy severamente las intenciones del Ejecutivo y buena parte del contenido del proyecto. Parten de la tesis de que "la vida no nos pertenece porque el propietario es quien nos la ha dado: el Creador". También anteponen "la esperanza de la resurrección y la vida eterna" cuando se trata de encontrar "el sentido oculto del dolor y de la muerte".

Con estas teorías, todo lo que suene a eutanasia (una palabra griega que literalmente significa "buena muerte") les parece a los obispos condenable. Esta es su definición "en sentido verdadero y propio": "Eutanasia es una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor".

En cambio, según los prelados, no es eutanasia propiamente dicha y, por tanto, "no son moralmente rechazables acciones y omisiones que no causan la muerte por su propia naturaleza e intención, por ejemplo, la administración adecuada de calmantes (aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida) o la renuncia a terapias desproporcionadas (al llamado encarnizamiento terapéutico), que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares". En definitiva, "la muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada", concluyen.

Otros reparos contra la propuesta del Gobierno es que tiene "una concepción de la autonomía de la persona prácticamente absoluta". Echan en falta, además, una definición correcta del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que se pueden ver implicados en situaciones que conllevan ataques legales a la vida humana".

También creen que la ley maltrata "el derecho humano de libertad religiosa" porque, según los obispos, es "en las enfermedades graves y más aún cuando se acerca la muerte, cuando las personas se encuentran por lo general especialmente necesitadas y deseosas de asistencia religiosa". En consecuencia, se quejan de que "el proyecto ni siquiera menciona el derecho fundamental de libertad religiosa", ni cita los acuerdos entre España y el Estado vaticano sobre la asistencia religiosa a los enfermos. Afirman: "El derecho de libertad religiosa, en cuanto derecho humano fundamental y primario, no puede ser reducido por una Ley a la mera tolerancia de la práctica religiosa, como aquí se hace. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus convicciones religiosas supone que el Estado, por su parte, ha de garantizar y favorecer el ejercicio de ese derecho fundamental, sin perjuicio de su justa laicidad".

En definitiva, el proyecto les parece a los prelados "rechazable" sin miramientos y merecerá una campaña episcopal. "Si sale como está, no será una ley justa", dijo enérgicamente el jesuita y obispo Martínez Camino. Auxiliar del cardenal Rouco en la diócesis de Madrid, Camino quitó importancia a las primeras valoraciones de su superior jerárquico cuando hace apenas un mes el cardenal creyó que Zapatero "no legalizaría la eutanasia". Su argumento es jesuítico. "No es una ley de eutanasia, sino una ley que abre las puertas a prácticas eutanásicas", sentenció. También lamentó que la ley se vaya a debatir a final de esta legislatura. "No debería haber prisas para regular un asunto de tanta trascendencia", afirmó. El debate sobre la legalización de la eutanasia lleva abierto en España desde hace décadas, incluso con la intervención de comisiones parlamentarias y de expertos y la publicación de varios documentos episcopales sobre la materia.