Cuando la Administración esté obligada a ceder los datos públicos

La UE está trabajando desde hace meses y de forma intensa en la nueva directiva relativa a la reutilización de la información del sector público (RISP) que permitirá a todos los actores de la sociedad el acceso a información pública. ¿Qué ocurrirá cuando se apruebe, previsiblemente en febrero o marzo del próximo año? Que startups, empresas (pymes incluidas, a las que esta directiva da un trato diferencial), autónomos, investigadores y estudiantes podrán acceder a los datos públicos y reutilizarlos generando productos y servicios con diversos objetivos, también comerciales. 

Pero, ¿qué tipo de datos se van a ceder? ¿Podrán las administraciones utilizar esta valiosa información con fines comerciales? ¿Está asegurada la privacidad y seguridad del ciudadano? Y, sobre todo, ¿qué beneficios obtendrá la sociedad con esta exposición masiva de datos públicos?

Las administraciones públicas podrán facilitar el acceso a datos económicos, sociales, catastrales, registrales, meteorológicos, geográficos, etcétera, pero cumpliendo, por supuesto, con las necesarias leyes de privacidad de datos, como la archiconocida GDPR (Global Data Protection Regulation), o sus adaptaciones locales, como la recién aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos.

De esta forma, salvaguardando la privacidad de todos los ciudadanos, la RISP potenciará el desarrollo de la economía digital, mejorará la e-Administración como elemento generador de nuevas sinergias con el ámbito de la economía digital y, en definitiva, redundará positivamente en nuestra economía. 

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Al fin y al cabo, todo se reduce a devolver a la sociedad lo que de ella es, porque el sector público somos todos y cada uno de nosotros. La llamada cuarta revolución que estamos viviendo se basa fundamentalmente en la tecnología y la clave del éxito es la velocidad de adaptación de los modelos de negocio. Pero este éxito siempre vendrá supeditado a que exista materia prima (datos) en abundancia y de calidad.

• Datos de alto valor y de investigación

Esta próxima directiva, que desde su aprobación tendrá dos años para su transposición al ámbito nacional, es una revisión de la actual, que fue aprobada en junio de 2013 y contempla la apertura de dos tipologías de datos:

• Los procedentes de fondos públicos de investigación. En este sentido ya se están dando algunos pasos: la Consejera de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Murcia anunció el pasado 26 de octubre una total apertura de datos científicos y divulgativos en la web de conocimiento abierto.
• La lista de conjuntos de datos de alto valor. Actualmente se está trabajando en la definición concreta de estos datasets, que se basará en la valoración de su potencial para generar beneficios socioeconómicos en el número de usuarios, en los ingresos que puedan contribuir a generar y en su potencial para ser combinados con otros conjuntos de datos. El Comité IMCO (Internal Market and Consumer Protection) de la UE ya cita algunos conjuntos de datos: a) los registros de empresas (listas de empresas registradas, datos de gestión, identificadores de registro, balances económicos anuales, etcétera; b) los datos geoespaciales (sujetos a la Directiva Inspire) como códigos postales, mapas nacionales y locales, los diferentes límites administrativos, etcétera; o c) los datos ecológicos sobre los principales indicadores del clima, tierra, agua, etcétera.

Y lo que me parece más importante, esta información se ha de poner a disposición de los usuarios mediante interfaces de programación de aplicaciones y siempre bajo el complejo principio de gratuidad.

¿Y cuál es la situación en España al respecto de Transparencia?

Tras la aprobación de la actual Ley 19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, desde finales de 2014 se está trabajando en un Reglamento para su desarrollo que aún no se ha aprobado. No han ayudado los diferentes cambios de gobierno, además de que tampoco era un asunto prioritario en la agenda política. Pero esto parece que está cambiando: la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, manifestó el pasado mes de octubre que la transparencia es una de sus prioridades y que ésta no tiene que ser unilateral, ya que requiere acompañarse de la participación activa de los ciudadanos.

Actualmente ya hay muchas iniciativas privadas de sectores como el trasporte, la cultura, la salud, o la energía, entre otros muchos, que se están beneficiando de la apertura de datos públicos de catastros, de ayuntamientos, del Ministerio de Fomento, del Sepe, de Aemet, etc. Se está facilitando información depurada, cualificada y estructurada para el desarrollo de servicios de calidad de datos o para el desarrollo de apps. Algunos ejemplos interesantes son las aplicaciones que comparan e integran toda la movilidad de una ciudad como Madrid (Bicimad, metro, cercanías, bus, etcétera), las que detectan plazas de parking disponibles o aquellas que nos permiten identificar cambios de domicilio social o de los órganos de administración de cualquier empresa activa.

Estamos en un momento clave en la industria de los datos y la reutilización de la información pública, bien tratada y con todas las garantías de respeto a la privacidad del ciudadano, no debe asustarnos. Todo lo contrario: debemos verla como una excelente oportunidad para generar productos y servicios de calidad. Todos ganamos: empresa, administración, consumidor y ciudadano, y todos debemos velar por su cumplimiento.

Daniel Ruiz Nodar es licenciado en Ciencias Matemáticas, profesor de Estadística en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y commercial product manager en Equifax Ibérica.