Los deberes de los 22 ministerios

La vicepresidenta primera tendrá por delante la complicada labor de coordinar a todos los ministerios en el segundo Gobierno con más carteras desde la restauración de la democracia. También, dirigirá el Consejo de Ministros cuando Sánchez se ausente y encabezará las relaciones con la Generalitat en esta nueva etapa que se abre con la mesa de diálogo. En Memoria Histórica, superado el reto de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno tiene pendiente la exhumación de los republicanos enterrados en el mausoleo. También el traslado de los restos de Primo de Rivera del lugar preeminente donde se encuentran ahora. A más largo plazo, el reto es resignificar el monumento para convertirlo en un lugar de memoria. También deberá desarrollar el compromiso adquirido en la legislatura anterior de elaborar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas. El Ejecutivo pretende resolver dos de las grandes críticas de las asociaciones de víctimas a la ley de memoria histórica del Gobierno de Zapatero, que subvencionaba las exhumaciones pero las dejaba en manos de familiares y declaraba ilegítimos los tribunales franquistas pero no anulaba directamente las condenas que habían impuesto. El Gobierno de coalición también se ha propuesto auditar los bienes incautados por el franquismo para devolvérselos a sus dueños. / C. E. CUÉ / N. JUNQUERA

Lo va a tener difícil para encajar el Presupuesto y los compromisos políticos de Sánchez con sus apoyos parlamentarios. A él le corresponde llevar al Boletín Oficial del Estado la extensión de las líneas del AVE. O la promesa realizada a Teruel Existe de retomar el proyecto de la autovía a Cuenca, vetada en 2008 con Zapatero por su alto impacto ambiental. Tendrá que lidiar con las peticiones de ERC del traspaso de los Cercanías de Renfe o del aeropuerto de El Prat. Otro de los desafíos es hallar una fórmula para costear el mantenimiento de la red de autovías, de más de 18.300 kilómetros, máxime cuando ya ha asegurado que seguirá liberando de peaje autopistas con la concesión vencida. / R. M.

El líder de Podemos tendrá competencias en dependencia, infancia y juventud y en las tareas encaminadas a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El nuevo Gobierno de coalición se ha comprometido a reducir las listas de espera en un 75% esta legislatura. Más de 400.000 personas aguardan a ser atendidas o valoradas. Otro de los retos es la aprobación “cuanto antes” de la ley de protección de la infancia frente a la violencia. La norma prevé que el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores comience a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ahora. También gestionará la Agenda 2030, que se aprobó en la ONU en 2015. El principal reto es elaborar la estrategia de desarrollo sostenible, una guía de acción en la materia. Una Secretaría de Estado dependiente de Iglesias deberá representar a España en foros internacionales y, para lograr sus objetivos, deberá estar en comunicación con el resto de ministerios. / MARÍA SOSA TROYA

El exvicepresidente Pedro Solbes decía: “Un Gobierno es siempre una coalición entre el ministro de Economía y el resto. A los ministros se les nombra para gastar y hacer cosas. El de Economía está para que se gaste dentro de lo posible y bien. No somos los más aplaudidos”. Calviño no asume una tarea fácil en el gabinete de coalición. Tendrá que compaginar las promesas de gasto con mantener la disciplina fiscal en un contexto de envejecimiento de la población que presiona sobre las finanzas públicas. Con un déficit de 30.000 millones, el margen será estrecho. En Bruselas negociará un recorte más lento del agujero presupuestario. También deberá continuar como faro de la ortodoxia. Ella es el aval frente a Bruselas y los mercados de que no se cometerán veleidades. Ya ejerció de freno en muchas medidas que pretendían otros ministerios. Ahora esta labor se intensificará con Podemos. Y deberá poner en marcha reformas para modernizar la economía. En plena ralentización, resonarán las palabras de su mentor Solbes. / A. MAQUEDA

La Cumbre del Clima que Madrid organizó en diciembre puso en la agenda política española la crisis climática. Pero España aún no cuenta con un marco que fije el camino a seguir. Aprobar una ley de cambio climático es una prioridad de PSOE y Podemos. Además, la vicepresidenta Teresa Ribera deberá sumar el apoyo de más partidos para que la ley sea estable y sirva para liberar a España de los gases de efecto invernadero en 2050. Otro objetivo del pacto de izquierda es lograr que ese proceso sea justo, que no arrase con comarcas y sectores, por ejemplo, como las antiguas zonas mineras. Ribera ha sumado a sus competencias precisamente el reto de la despoblación. Su ascenso hasta una vicepresidencia entronca con la prioridad que se ha fijado la Comisión Europea: el cambio climático. Ribera tendrá que moverse en Bruselas para conseguir respaldo financiero para desenganchar a la economía española de los combustibles fósiles. / MANUEL PLANELLES

El principal reto exterior consiste en recuperar el pulso perdido durante meses, incluso años, de parálisis política. La designación de Arancha González Laya coloca el foco en la diplomacia económica, En este ámbito destaca la relación con África, un continente en plena transformación, cuyos vínculos con España están muy condicionados por la migración. Aunque se abra el foco a países subsaharianos, Marruecos seguirá siendo el actor de referencia en la región, y España tendrá que construir una relación menos sujeta a vaivenes. Más allá de esas novedades, el Brexit, que si nada lo impide se consumará el 31 de enero, constituye la tarea más inmediata de la diplomacia. España tendrá un papel destacado en la salida y la relación futura de la UE con Gibraltar, sobre la que existe derecho de veto. Dentro de la Unión Europea, el Gobierno deberá asumir el liderazgo en la relación con América Latina y evitar desencuentros como los que recientemente se han producido con México o con Bolivia. / LUCÍA ABELLÁN

En esta área, un desafío enorme sobresale por encima del resto. Campo afrontará el reto de pactar la renovación del Poder Judicial, en funciones desde hace un año, y de un tercio de los magistrados del Constitucional, cuyo cargo expiró a finales de 2019. Todo ello, con el PP dispuesto al bloqueo y atento a si el Gobierno cambia a la fiscal general del Estado —decisión en la que Campo tendrá peso—, después de que este órgano mantuviera la acusación de rebelión en el juicio del procés. La relación con los abogados de oficio también está muy tocada después de que Justicia dejase de asumir la minuta de estos letrados que representaban a personas que no tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita. / J. J. GÁLVEZ

Este ámbito se ha visto marcado desde la llegada de Donald Trump por las exigencias de elevar el gasto militar. En los últimos meses esa presión hacia Pedro Sánchez ha bajado por un elemento fundamental que deberá abordar este próximo Ejecutivo: el interés de Washington por ampliar su presencia en la base militar de Rota. Esa intención, desvelada por EL PAÍS, amenaza con provocar tensiones en el Ejecutivo de coalición. Otro ámbito sensible es la venta de armas a Estados con escasas credenciales democráticas. De manera más general, España aspirará a engrasar la industria española aprovechando el nuevo fondo europeo de defensa. La ciberseguridad constituye el campo con más capacidad de mejora. / L. A.

La primera tarea será aprobar unos nuevos Presupuestos. España lleva con las mismas cuentas desde 2018 y las autoridades comunitarias exigen a España una ley presupuestaria. La ministra tiene ya elaborado un boceto, con pocas novedades respecto al proyecto que trató de sacar adelante en 2019 y que no salió, lo que propició la convocatoria electoral del 28-A. En paralelo, Montero tendrá que aprobar los nuevos impuestos recogidos en el acuerdo entre PSOE y UP: la tasa Google, el impuesto de transacciones financieras y las subidas a las rentas altas y a multinacionales. La ministra deberá extremar además el control sobre los gastos y vigilar la marcha de los ingresos para embridar el déficit público del Estado, pero también del resto de administraciones territoriales. Bruselas ha advertido sobre el retraso de España en sanear sus cuentas y el Gobierno de Sánchez se debe ganar la credibilidad reduciendo el desfase presupuestario. / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ

La inmigración irregular sigue siendo su principal reto después de que, al asumir el cargo, anunciase mayor colaboración con los países de origen —con Marruecos, parece haberlo logrado— y más coordinación en el seno de la UE. En lo legislativo, debe retomar la reforma de la ley mordaza y afrontar desarrollos normativos en Tráfico y asilo, sin olvidar la retirada de las condecoraciones a implicados en torturas durante el franquismo. También debe defender la flexibilización de la política penitenciaria con los presos de ETA, ahora que las derechas la han convertido en munición política. En la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, se enfrenta a un aumento de las ciberamenazas. / Ó. L.-FONSECA

Un 7% de los jóvenes en España no termina la ESO y un 10,6% no continúa su formación una vez obtenido ese título. El abandono escolar temprano es uno de los grandes frenos del sistema educativo. Detrás de ese fracaso está el gasto público en educación, ligado a los vaivenes políticos. El reto es que la inversión alcance el 5% del PIB (está en el 4,24% y la media de la UE es del 5,04%). El desacuerdo en este punto es el que rompió en mayo de 2018 la negociación del Pacto de Estado por la Educación. Urge dar estabilidad a las plantillas de profesores, ampliar los recursos para los alumnos con problemas de aprendizaje o la escolarización gratuita de cero a tres años. Además, las cuantías de las becas no se actualizan al IPC desde 2012. / ANA TORRES

Entre los objetivos del nuevo ministerio está clarificar cuáles son los consumidores vulnerables que necesitan una protección especial, poner en marcha una ley de transparencia en los contratos, impulsar el consumo responsable y recuperar competencias sancionadoras para que el departamento pueda multar a empresas que cometan fraudes masivos en toda España. Hasta ahora, esta competencia ha estado en manos de las comunidades autónomas. Otra de las competencias que Unidas Podemos ha conseguido incluir en el ministerio ha sido la del juego. Una tarea que permitirá al nuevo titular de la cartera, Alberto Garzón, regular el juego y las casas de apuestas, aunque con ciertas limitaciones. / H. G.

El primer reto de la nueva ministra es el mismo con el que se han encontrado sus antecesores durante los últimos 40 años: el paro. Tras casi seis años de recuperación, la tasa de desempleo sigue en el 13,9%, la más alta de Europa después de la de Grecia. Lograr que ese porcentaje baje será una de las primeras tareas de todo el Gobierno. Y conseguir eso con empleo de calidad supondrá el otro reto, pues la precariedad también se ha enquistado. El pacto de gobierno propone derogar la reforma de 2012. Cambiar el Estatuto de los Trabajadores sin afectar a la creación de puestos de trabajo es uno de los desafíos de Díaz y el compromiso de Sánchez es hacerlo con la colaboración de sindicatos y empresarios. / MANUEL V. GÓMEZ

El déficit de la Seguridad Social supera los 18.000 millones de euros desde 2016 y si una reforma no lo remedia será mayor cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom, en 2022 y 2023. Ese es el desafío al que se enfrenta a partir de este lunes José Luis Escrivá. Las dimensiones de esas cifras no deben desanimar a este prestigioso economista que siempre ha huido de las tesis catastrofistas sobre el sistema de pensiones. Para cerrar ese agujero financiero, deberá lograr antes que el Pacto de Toledo cierre el acuerdo con las recomendaciones que le sirvan para elaborar la reforma. Se prevé crear una Secretaría de Estado de Inclusión, cuya prioridad será poner en marcha un ingreso mínimo. / M. V. G.

En el último año y medio, Maroto ha tenido que afrontar varias crisis de calado. En esta nueva legislatura, la titular de Comercio tiene como uno de sus grandes retos lidiar con los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al aceite, los quesos y el vino español, entre otros. Unas barreras arancelarias que harán perder unos 95 millones de euros en los productos que se exportan a Estados Unidos, según el Banco de España. Maroto también tiene por delante el objetivo de impulsar un cambio en el sector del automóvil hacia un modelo más sostenible y ecológico. Así como la batalla por mantener y actualizar las fábricas de producción y evitar la deslocalización de la industria basada en España. / HUGO GUTIÉRREZ

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), con un presupuesto suficiente, es su objetivo más importante en el ámbito comunitario. Luego tendrá que acordar con las comunidades autónomas y el sector un plan estratégico para asignar los fondos de la reforma. En política nacional es urgente una salida a la Ley de la Cadena que equilibre los intereses entre el sector agrario, la industria y la distribución para evitar la venta a pérdidas con precios al agricultor fijados por oligopolios. Este año deberá aplicar la autorregulación en los mercados del vino y del aceite. El seguro agrario necesita un presupuesto suficiente tras años de congelación. El sector le reclama una posición más dura en Bruselas. / VIDAL MATÉ

La subida salarial a los funcionarios, congelada desde otoño por el bloqueo político, será una de las primeras carpetas que tendrá que desempolvar la nueva ministra. Pero lo que más energía promete hacerle consumir es la cuestión catalana. A la espera de la constitución de la llamada mesa de gobiernos entre el Ejecutivo central y la Generalitat, el ministerio de Política Territorial tendrá que desencallar la Comisión Bilateral que se reunió en 2018 tras años de inactividad, pero que también se ha visto bloqueada. Además, Darias tendrá que dar respuesta a las peticiones que partidos como el PNV, el BNG, Compromís o Teruel Existe pactaron con el PSOE a cambio de la investidura. / M. N.

Los principales retos en Igualdad ocupan cuatro páginas del acuerdo de Gobierno. Hay tareas heredadas, como el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y también quedó pendiente de la anterior legislatura el cambio del Código Penal sobre los delitos sexuales. Otra tarea siempre aplazada es la conciliación de la vida familiar y laboral, y este Gobierno empezó con mal pie: la investidura se celebró en Reyes y se confirmó la composición del Gobierno en fin de semana. También deben mejorar la brecha salarial y la de las pensiones. Por si fuera poco, Vox, tercera fuerza en el Congreso, rechaza la existencia de violencia de género. Un frente que Irene Montero tratará de atacar de plano. / PILAR ÁLVAREZ

Los retos que afrontaba José Guirao en junio de 2018 se mantienen prácticamente intactos. Guirao se anotó algunos tantos: la bajada del IVA cultural al 10% o la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Quedó sin apuntillar el Estatuto del Artista, la renovación del préstamo de la colección del Museo Thyssen de Carmen Cervera o la tramitación de una ley para las artes escénicas y la música. Rodríguez Uribes hereda igualmente asuntos capitales como la ley de mecenazgo o el futuro de la SGAE. Por delante, también, la reforma del Salón de Reinos proyectada por Norman Foster y Carlos Rubio para el Museo del Prado, perjudicada por la inestabilidad política y el bloqueo presupuestario. / TEREIXA CONSTENLA

Illa se hace cargo de un ministerio devaluado: sin las competencias de Consumo, solo le quedan las de Sanidad, la mayoría de las cuales están transferidas a las comunidades autónomas. Tendrá como medida estrella la ley de la eutanasia, que encalló en la pasada legislatura. Otra de las propuestas ambiciosas del nuevo Gobierno es la eliminación de los copagos que instauró Rajoy en 2012 y la vuelta a la total universalidad de los servicios, algo que ya comenzó tras la moción de censura. En el acuerdo entre PSOE y UP figura también la inclusión de la salud bucodental en la cartera básica de servicios sanitarios, una asignatura pendiente de España ya superada por muchos países del entorno. / PABLO LINDE

La comunidad científica vio cumplida una de sus reivindicaciones históricas con la creación en 2018 de un ministerio que aunaba las competencias de ciencia, innovación y universidades. El nuevo Gobierno ha separado Universidades, con el rechazo unánime de científicos, rectores y líderes en innovación. El principal problema volverá a ser el dinero. El sistema de investigación pública ha perdido más de 20.000 millones desde 2009 y la inversión pública en ciencia está estancada en los niveles de 2012. Duque cumplió una de sus principales promesas, acabar con la intervención previa, que estaba asfixiando a los centros públicos de investigación. Pero aún quedan muchas trabas. / NUÑO DOMÍNGUEZ

Nadie duda de la urgencia de una ley de universidades para adaptarse al siglo XXI y ya, en septiembre de 2018, 60 rectores y representantes de todos los partidos escenificaron su apuesta por la norma en el Congreso. Apremia aligerar la burocracia, agilizar la creación de títulos, terminar con la precarización de las plantillas, repatriar talentos nacionales o contratar a extranjeros. Pero para casi cualquier medida, el nuevo ministro, el sociólogo Manuel Castells, necesitará pactar con otras carteras —las becas con Educación, los estatutos profesionales con Ciencia o las prácticas estudiantiles con Trabajo— y deberá otorgar más fondos a las autonomías si pretende que estas bajen las matrículas. / ELISA SILIÓ