La Fiscalía pide al Supremo que solicite a la Eurocámara la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este lunes al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que solicite "a la mayor urgencia posible" al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín.  En un escrito enviado al alto tribunal, el ministerio público pide además que se mantengan todas las medidas cautelares vigentes sobre los dos líderes independentistas, que están en Bélgica fugados de la justicia española.

La Fiscalía ya ha asumido que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras beneficia a Carles Puigdemont, a quien hasta ahora el ministerio público negaba el derecho a ser europarlamentario y a la inmunidad. Los fiscales admiten que el fallo europeo, aunque no se refiere al expresidente catalán, le reconoce ambas condiciones, lo que implica que el Supremo ya no puede actuar contra él sin pedir permiso al Parlamento Europeo.

Los cuatro fiscales del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena yJaime Moreno) han llegado a esta conclusión tras leer la sentenca europea y analizando los argumentos y la lesgislación en la que se basa. El ministerio público había defendido hasta ahora que la condición de eurodiputado y la inmunidad que lleva aparejada no entraban en vigor hasta que se constituyera la Eurocámara, por lo que Puigdemont, que no ha tomado posesión del escaño porque el Parlamento le negó la entrada, no podía ser considerado eurodiputado ni gozar del blindaje de la inmunidad.

Pero el fallo europeo dinamita esta interpretación (que no solo había mantenido la Fiscalía española, sino también la Abogacía del Estado y la propia Eurocamara) y adelanta la adquisición del estatus de miembro del Parlamento Europeo al acta de declaración oficial de los resultados electorales, en el que el expresidente catalán y su exconsejero de Sanidad sí figuraban como diputados electos.

Una vez aceptado que Puigdemont y Comín son eurodiputados, la Fiscalía admite que, para seguir adelante con las euroórdenes dictadas contra ellos, hay que contar con la aprobación de la Eurocámara porque el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la UE establece que los miembros del Parlamento Europeo gozarán en el territorio de cualquier otro Estado miembro de inmunidad “frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial”. Además, “gozarán de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo regresen de este”. Ambos apartados, benefician al expresidente y el exconsejero, que se encuentran en Bélgica.

Pese a admitir el cambio de escenario que implica la sentencia europea, el ministerio público considera que la doctrina que establece el fallo no implica la impunidad de Puigdemont y Comín. La Fiscalía recuerda en su escrito que ambos se presentaron como candidatos a las elecciones europeas cuando ya estaban procesados y fugados de la justicia española, “por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal para el ejercicio de sus derechos políticos”. “De lo que cabe inferir razonablemente”, añade el texto, “que lo que pretendía en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentario con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce”.

Mantener las euroórdenes

El escrito de los fiscales responde a la petición de pronunciamiento formulada por Llarena horas después de hacerse pública la sentencia del TJUE sobre Junqueras. El instructor del procés, que mantiene procesados en rebeldía a Puigdemont y Comín, pidió a las acusaciones y las defensas que se pronunciaran sobre cómo afectaba a ambos dirigentes independentistas el fallo europeo.

El ministerio público considera que, para evitar que los dos dirigentes independentistas se beneficien de la nueva situación, el Supremo, además de pedir que se levante la inmunidad, debe mantener todas las medidas cautelares vigentes contra ellos: las euroórdenes de detención que Llarena reactivó en octubre pasado (el mismo día que se notificó la sentencia del Supremo por la que Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación) y la orden nacional de ingreso en prisión y una declaración de rebeldía que el instructor del procés dictó el verano de 2018 tras procesarles y que nunca ha levantado.

Según la Fiscalía, la orden nacional e internacional de detención y la declaración de rebeldía solo podrán dejarse sin efecto “cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen”. En su texto, la Fiscalía solicita al juez del Supremo, además, que comunique “a la mayor brevedad posible” a la Eurocámara el mantenimiento de las medidas cautelares “para salvaguardar los fines del proceso penal”, y que se informe “de forma inmediata” al juez encargado de tramitar la euroorden en Bélgica de que se ha pedido al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad. Según los fiscales, la justicia belga debería dejar sin efecto los plazos para la resolución de la entrega de Puigdemont y Comín hasta que el Parlamento Europeo decida sobre la inmunidad de ambos.