El Gobierno recurre al Constitucional el plan exterior de la Generalitat
La decisión del Consejo de Ministros no afecta a las llamadas embajadas
El primer Consejo de Ministros tras la sentencia del procés y las jornadas de disturbios lanzó un nuevo mensaje claro de que no dejará pasar una a la Generalitat. El Consejo de Ministros ha decidido este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Plan de Acción Exterior aprobado por la Generalitat de Cataluña en junio. El Ejecutivo intentó convencer a la Generalitat de que lo cambiara, pero ante la negativa ha decidido recurrirlo. En las últimas semanas ha habido otras dos decisiones de acudir al Constitucional por incidentes de ejecuciones de sentencia ante resoluciones del Parlament. El mensaje político hacia el independentismo es muy evidente: el Gobierno sigue alerta y con cada hecho que vea inconstitucional, aunque solo tenga valor simbólico y sin efectos prácticos, acudirá a los tribunales.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que para tomar esta decisión de establecer un conflicto de competencias positivo contra la Generalitat ha tenido en cuenta el contexto político, ya que el Gobierno de Quim Torra promueve un movimiento independentista "que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España". Por tanto, el Ejecutivo no puede permitir un plan exterior que serviría para promover esas iniciativas. El Gobierno solicita al Constitucional la inmediata suspensión del Plan de Acción Exterior 2020-2022.
Sin embargo, el recurso no reclama el cierre de ninguna de las llamadas embajadas de las Generalitat, porque ese es otro proceso que lleva adelante el Ministerio de Exteriores contra tres de estos centros (Londres, Berlín y Ginebra) abiertos sin autorización.
El Ejecutivo en funciones se ha reunido en Consejo de Ministros este viernes con las protestas de Cataluña por la condena del Supremo a los líderes del procés como telón de fondo y mientras sigue corriendo el calendario fijado para la exhumación de Franco, que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo antes del 25 de octubre.
La reunión no ha estado encabezada por Pedro Sánchez, quien se encuentra en Bruselas en el Consejo Europeo. Los ministros han abordado otros temas de la agenda como la distribución de 215 millones de euros para la atención a la dependencia y otros 78 millones para el Fondo Verde para el Clima.
Ahora mismo en el Tribunal Constitucional hay cuatro recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobiermo de Sánchez contra normas del Parlament de Cataluña de 2017: contra una reforma del Código Civil, otra del Código Tributario, otra contra la ley de comercio y la última contra la Agencia Catalana de Protección Social. Poco después de llegar al poder, y en un clima completamente diferente con la Generalitat, el Gobierno de Sánchez retiró algunos recursos que había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras una negociación con los dirigentes catalanes para cambiar algunas normas. Pero la relación ha cambiado radicalmente y ahora el Ejecutivo lleva varias semanas dejando muy claro que piensa recurrir todo lo que sea necesario, incluidas las declaraciones simbólicas del Parlament sin efectos prácticos, que ha llegado a llevar al Constitucional incluso en contra del criterio del Consejo de Estado.
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