Jaume Matas admite que prevaricó y asume una pena de cárcel por el ‘caso Son Espases’

El expresidente de Baleares y exministro del PP, Jaume Matas, ha reconocido este lunes la comisión de delitos de prevaricación y fraude y ha aceptado una pena de cuatro meses de cárcel de cumplimiento efectivo por el caso Son Espases, que enjuicia en la Audiencia Provincial de Palma el proceso de adjudicación para la construcción y explotación del mayor hospital público de las islas. El que fuera líder del PP de las islas ha rechazado la acusación de la fiscalía por un delito de tráfico de influencias, por el que reclama un año de cárcel y 31,6 millones de euros de multa.

Matas está conforme con el relato de los hechos planteado por la fiscalía en su escrito pero discrepa sobre su calificación jurídica como delito de tráfico de influencias, que niega haber cometido. Las partes han renunciado a la prueba testifical y el jueves la sesión arrancará con la prueba documental y los informes finales de las partes. El fiscal anticorrupción, Juan Carrau, no ha formulado preguntas en el interrogatorio a ninguno de los cuatro acusados, por lo que la sesión ha durado apenas veinte minutos. Los cuatro acusados han renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra para poder ausentarse en la última sesión del proceso.

Junto a Matas se sentaba en el banquillo la exconsejera de Salud de su gobierno, Aina Castillo, quien ha aceptado una multa de 4.800 euros por prevaricación y fraude para evitar ocho meses de cárcel. El que fuera director general del Servicio de Salud de las islas, Sergio Bertrán, se ha conformado con una multa de 5.760 euros por prevaricación y fraude, la misma cifra que pagará el empresario Jesús Peinado por los mismos delitos. La exconsejera y el empresario se han beneficiado de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, aunque junto con Matas y Bertrán tendrán que hacer frente a una responsabilidad civil solidaria de 2.950 euros.

Intento de amaño

El caso investigó durante años el intento de amaño por parte de Matas, con la complicidad de sus subalternos, del concurso para adjudicar la construcción del hospital de Son Espases de Palma, que se licitó en 2006 por 778 millones de euros. En su escrito, la fiscalía sostiene que Matas “con el único propósito de ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento” decidió contratar a la empresa Global PM, propiedad del acusado Jesús Peinado, para evaluar las ofertas de los distintos licitadores al concurso. Un contrato que el fiscal considera que se realizó “obviando la tramitación legal y vistiendo el procedimiento” y adjudicándose finalmente por 29.000 euros.

Según el Ministerio Público, con el objetivo de “beneficiar ilícitamente a la empresa OHL” entonces propiedad del exministro Juan Miguel Villar Mir, Matas entregó a la consejera de Sanidad un sobre que debía ser trasladado al presidente de la mesa de contratación con los argumentos técnicos que debían motivar la adjudicación del concurso a OHL. Anticorrupción apunta que tras filtrarse a través del diario El Mundo que el concurso, previsiblemente, sería adjudicado a la empresa a pesar de que su oferta era cien millones de euros más cara que la presentada por Dragados, de Florentino Pérez, Matas dio la orden de paralizar la adjudicación. La mesa encargó informes al Consejo Consultivo y varios Colegios profesionales de las islas que finalmente hicieron inclinar la balanza hacia la oferta de Dragados, que terminó por adjudicarse el concurso.

“Jaume Matas se atribuyó ilegalmente competencias que no le correspondían a través de las cuales pretendió manipular el concurso público de concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación del nuevo hospital universitario de Son Espases, valiéndose de sus subalternos con un claro ataque a la independencia e imparcialidad que debía presidir la actuación de la mesa de contratación” concluye la fiscalía en su escrito. La Abogacía de la Comunidad Autónoma pide una condena de dos años y 10 meses de prisión para Matas, mientras que la acusación popular reclama cuatro años de cárcel.

El exministro del Gobierno de José María Aznar se encuentra actualmente cumpliendo una condena en la cárcel de Aranjuez de tres años y 8 meses de cárcel por el caso Nóos, aunque hace quince días fue trasladado a la prisión de Palma para poder asistir a este juicio. Anteriormente cumplió en la cárcel de Segovia una condena de nueve meses por un delito de tráfico de influencias en una de las primeras condenas firmes por el caso Palma Arena. El expresidente autonómico está todavía pendiente de la sentencia por el caso Over, sobre adjudicaciones a la empresa que organizó las campañas del PP de Baleares. En este caso alcanzó un acuerdo de conformidad con la fiscalía por el que aceptó dos años y cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 18.000 euros tras confesarse culpable de delitos de prevaricación, malversación y fraude.