Matas irá a juicio por regalar 108.000 euros públicos a un empresario del PP

Jaume Matas se sentará por tercera vez en el banquillo, acusado por malversar, supuestamente, 108.000 euros públicos en el pago a un empresario del PP que justificó trabajos ficticios con facturas falsas. El expresidente de Baleares y exministro tiene dos condenas por corrupción y está pendiente de ser juzgado por otras causas, la mayoría del caso Palma Arena, entre ellas la central del caso Urdangarin y otra de supuesta financiación del PP, del caso Over.

En ausencia del exlíder del PP balear imputado –no viajó de Madrid al juzgado de Palma alegando estar enfermo- este miércoles se concretó el proceso para que un jurado popular intervenga en el próximo juicio sobre un escándalo de su última época de mandatario en Baleares, entre 2003 y 2007.

El también ministro de Medio Ambiente con José María Aznar se deberá someter en una vista al veredicto nueve ciudadanos por un episodio de 2006. La causa se abrió por la confesión de un 'arrepentido' de quién fue su director general de la Juventud en Baleares, Juan Francisco Gálvez, (PP) condenado a tres años y siete meses de cárcel por malversación, condena con su conformidad en el ‘caso Turismo Joven’.

Gálvez relató ante un juez de guardia, con un guión escrito y documentado, que el entonces presidente Matas ordenó abonar aquella partida al empresario y exconcejal del PP, Jesús García Oeo, que era concesionario del Gobierno y que perdió un pleito administrativo de reclamación de cantidad.

El empresario García Oeo, que fue condenado en la misma causa que Gálvez, asume el cobro ilegal de 108.000 euros del Gobierno. Ya retorna la partida. Las facturas falsas que presentó las validó el secretario general de la consejería de Presidencia, Antonio Amengual, también imputado con Matas.

Jaume Matas carga ya con dos condenas por actos ilícitos en el ejercicio de su cargo autonómico: una, firme del Tribunal Supremo, de 9 meses de cárcel por tráfico de influencias, con una orden de ingreso en prisión que la Audiencia de Palma suspendió al haber solicitado el exministro el indulto al Gobierno. También pidió cambiar la pena de cárcel por trabajos a la comunidad. La otra condena, de un jurado popular, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, es por cohecho, se trata de una pena multa de 9.000 euros y el retorno de los 42.11 euros percibidos.