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El juez abre la vía para juzgar a Matas por el amaño del mayor hospital de Baleares

José Castro archiva provisionalmente la causa para el exministro y empresario Juan Miguel Villar Mir

Lucía Bohórquez
Jaume Matas, en la última sesión del juicio del caso Nóos.
Jaume Matas, en la última sesión del juicio del caso Nóos. EFE

El juez José Castro ha finalizado la instrucción la causa por corrupción más importante que tenía pendiente de cerrar antes de jubilarse el próximo mes de diciembre. Este jueves ha dictado un auto en el que dispone continuar con las diligencias previas del caso 'Son Espases', que pone fin a una instrucción que desde hace tres años ha investigado el amaño del concurso para la construcción y explotación del hospital de referencia de las islas. El magistrado continúa el procedimiento contra el que fuera presidente de Baleares Jaume Matas, su entonces consejera de Salud Aina Castillo, el exdirector general de Salud Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración.

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Mientras Matas está un paso más cerca de sentarse en el banquillo, el juez ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa para el exministro y antiguo propietario de la empresa OHL, Juan Miguel Villar Mir, que permanecía investigado porque su constructora iba a resultar adjudicataria de una licitación de casi 800 millones que finalmente terminó en manos de Dragados, propiedad de Florentino Pérez. También se ha dictado el archivo provisional del caso para Fernando Areal, exgerente del PP de las islas y cuñado de Matas, así como para un alto cargo de OHL y un abogado.

El juez sostiene que en dos ocasiones se desvió el rumbo del procedimiento administrativo para adjudicar el hospital por orden del entonces presidente autonómico "quien por dos veces y a través de variadas intervenciones procedió a amañar el procedimiento del concurso". En la primera ocasión y para asegurar que la valoración de las distintas ofertas que pujaban por el concurso "se acomodara a sus intereses" Matas ordenó la contratación fraudulenta de una empresa de consultoría "de la casa" que valorara las ofertas de las constructoras. En la segunda ocasión, relata el juez, Matas ordenó a la entonces consejera Castillo que suspendiera la propuesta de adjudicación que iba dirigida a OHL.

"La manipulación lo fue en un primer momento para intentar conseguir que la adjudicación recayera en la UTE liderada por OHL y en el segundo, por razones no suficientemente aclaradas, pero entre las que podría tener cabida el terror de que tal artimaña fuera descubierta y aireada por un medio de comunicación, hacer lo propio pero en sentido contrario y obtener que la adjudicación recayera en la UTE más próxima competidora de aquella" subraya el magistrado,

que considera que quedan por aclarar las motivaciones que guiaron a Matas para actuar como lo hizo.

Descarta el juez que el exministro actuara "por capricho o ejercicio abusivo de autoridad sin más" y cree que "sería de una ingenuidad imperdonable" no contemplar la posibilidad de que detrás de todo hubiera una motivación económica "bien del partido a nivel nacional y autonómico o de sus dirigentes".

La revelación de Bárcenas

El magistrado toma en consideración las palabras del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que en la comisión de investigación del Parlamento autonómico para investigar este asunto admitió la existencia de una contabilidad paralela en el partido con las donaciones de personas y empresas que contrataban con las administraciones, entre las que identificó a Villar Mir como un contribuyente "generoso". "Si ha mediado un estímulo económico para amañar el concurso, se quedó solo en promesa o llegó a materializarse por cauces tan clandestinos que resulta imposible llegar a su acreditación" reza el auto.

Reconoce el magistrado que "los cauces que rigen el mercadeo de personas son tan infinitos" que sin la colaboración de algunos de los que intervinieron en los hechos resulta "imposible" llegar a acreditar la motivación económica que pudo haber tenido el entonces líder del Ejecutivo Autonómico para ordenar la alteración por dos veces de la adjudicación. La Fiscalía y el resto de acusaciones tienen de plazo 20 días para presentar escrito de acusación o pedir el sobreseimiento de la causa.

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Sobre la firma

Lucía Bohórquez
Colaboradora de EL PAÍS en las Islas Baleares. Periodista de la Cadena SER en Mallorca desde el año 2008, donde se ha especializado en temas de tribunales. Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco.

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