Jaume Matas se sienta en el banquillo por la adjudicación del mayor hospital público de Baleares

El exministro y expresidente de Baleares con el PP, Jaume Matas, está a punto de dar carpetazo a las causas que tiene pendientes con la justicia. El exlíder popular se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma por el caso Son Espases, que enjuiciará el intento de amaño del concurso para adjudicar la construcción y explotación del mayor hospital público de las islas. La fiscalía reclama para él penas que suman cuatro años y seis meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. También multas por valor de 13.000 euros y 16 años de inhabilitación.

Junto a Matas se sentará en el banquillo por los mismos delitos la exconsejera de Sanidad, Aina Castillo, que afronta una petición de 15 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación; el exdirector general de Servicio de Salud de Baleares, Sergio Bertrán, que se enfrenta a tres años de prisión y ocho años de inhabilitación y el empresario Jesús Peinado, para quien el Ministerio Público reclama dos años de cárcel y ocho de inhabilitación. En el juicio también ejercen la acusación la Abogacía de la Comunidad Autónoma y el partido ecosoberanista Més, personado como acusación popular.

El caso investigó durante años el intento de amaño por parte de Matas, con la complicidad de sus subalternos, del concurso para adjudicar la construcción del hospital de Son Espases de Palma, que se licitó en 2006 por 778 millones de euros. En su escrito, la fiscalía sostiene que Matas “con el único propósito de ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento” decidió contratar a la empresa Global PM, propiedad del acusado Jesús Peinado, para evaluar las ofertas de los distintos licitadores al concurso. Un contrato que el fiscal considera que se realizó “obviando la tramitación legal y vistiendo el procedimiento” y adjudicándose finalmente por 29.000 euros.

Según el Ministerio Público, con el objetivo de “beneficiar ilícitamente a la empresa OHL” entonces propiedad del exministro Juan Miguel Villar Mir, Matas entregó a la consejera de Sanidad un sobre que debía ser trasladado al presidente de la mesa de contratación con los argumentos técnicos que debían motivar la adjudicación del concurso a OHL. Anticorrupción apunta que tras filtrarse a través del diario El Mundo que el concurso, previsiblemente, sería adjudicado a la empresa a pesar de que su oferta era cien millones de euros más cara que la presentada por Dragados, de Florentino Pérez, Matas dio la orden de paralizar la adjudicación. La mesa encargó informes al Consejo Consultivo y varios Colegios profesionales de las islas que finalmente hicieron inclinar la balanza hacia la oferta de Dragados, que terminó por adjudicarse el concurso.

“Jaume Matas se atribuyó ilegalmente competencias que no le correspondían a través de las cuales pretendió manipular el concurso público de concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación del nuevo hospital universitario de Son Espases, valiéndose de sus subalternos con un claro ataque a la independencia e imparcialidad que debía presidir la actuación de la mesa de contratación” concluye la fiscalía en su escrito. La Abogacía de la Comunidad Autónoma pide una condena de dos años y 10 meses de prisión para Matas, mientras que la acusación popular reclama cuatro años de cárcel.

El exministro del Gobierno de José María Aznar se encuentra actualmente cumpliendo una condena en la cárcel de Aranjuez de tres años y 8 meses de cárcel por el caso Nóos, aunque hace quince días fue trasladado a la prisión de Palma para poder asistir a este juicio. Anteriormente cumplió en la cárcel de Segovia una condena de nueve meses por un delito de tráfico de influencias en una de las primeras condenas firmes por el caso Palma Arena. El expresidente autonómico está todavía pendiente de la sentencia por el caso Over, sobre adjudicaciones a la empresa que organizó las campañas del PP de Baleares. En este caso alcanzó un acuerdo de conformidad con la fiscalía por el que aceptó dos años y cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 18.000 euros tras confesarse culpable de delitos de prevaricación, malversación y fraude.