España cuestiona la imparcialidad del grupo de trabajo de la ONU sobre el ‘procés’

España plantea “dudas sobre la independencia y la imparcialidad” del informe de un grupo de trabajo de la ONU que considera arbitrarias las detenciones de tres de los encausados del procés que guardan prisión preventiva: el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, el exdirigente de la asociación ANC Jordi Sànchez y el responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El Gobierno reaccionó este miércoles con dureza a la publicación de ese documento, adelantado el martes por EL PAÍS, al considerar que sus redactores no respetan la separación de poderes en España por pedir la excarcelación de los tres presos. El Ministerio de Exteriores sugiere, además, que la publicación del informe en este momento busca influir en el juicio que se desarrolla en el Supremo.

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“Es especialmente grave que este grupo de trabajo haya emitido su informe poco antes de que la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes quede vista para sentencia. Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha”, destacó Exteriores en un comunicado, que insta a este órgano, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a “reforzar el rigor, la independencia y la ecuanimidad de sus trabajos y permanecer alerta ante los intentos de manipulación”.

El Ejecutivo recuerda que prácticamente al mismo tiempo que se emitía esta opinión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimaba una demanda del secesionismo por presuntas vulneraciones de derechos similares a las que el grupo de trabajo de la ONU sí da crédito. "Estos procedimientos, que son importantísimos, no pueden desvirtuarse por actuaciones como esta", señaló la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, a EL PAÍS. “Están siendo manipulados”, concluyó Lozano.

En sentido opuesto, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, juzgó “demoledora” la opinión de los expertos, que no hablan en nombre de la ONU, y avanzó, en una declaración institucional, que se dirigirá a la Fiscalía para que pida al Supremo “la retirada de todas las acusaciones y la libertad inmediata” de los presos del procés. Torra cree que el Ejecutivo español “dilapida toda la credibilidad democrática” y aprovecha el episodio para insistir “en la determinación de construir una Cataluña libre y republicana”.

El grupo de trabajo sobre detención arbitraria examina los casos de posibles vulneraciones de derechos en las detenciones por un mandato específico que le fue dado en 1991. Los abogados de los tres presos preventivos recurrieron a este órgano, que ha emitido ahora una comunicación. La deliberación de este grupo considera que el encarcelamiento de Junqueras y los Jordis responde más a sus opiniones independentistas que a delitos reales. El texto omite que el referéndum del 1 de octubre fue declarado inconstitucional y llega a afirmar que la ley española permite este tipo de consultas, algo que no se ajusta a la realidad.