Europa protege

La suspensión por el Tribunal Constitucional del pleno del Parlamento catalán en el que se proponía declarar unilateralmente la independencia no constituye una vulneración del derecho de reunión, sino una “necesidad social imperiosa” para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, según la decisión adoptada por unanimidad por los siete magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en respuesta a la demanda presentada por los diputados independentistas, encabezados por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Queda anulado así uno de los argumentos centrales del secesionismo catalán, que pretendía que las acciones legales dirigidas a obstaculizar los planes secesionistas se considerasen como una vulneración de derechos fundamentales, cuando los únicos derechos vulnerados son los de las minorías parlamentarias y las de sus representados por parte de una mayoría parlamentaria secesionista que ni siquiera representa a la mayoría de la población.

A nadie puede extrañar que el fallo de inadmisibilidad suscriba sin matices el obligado cumplimiento de las sentencias y resoluciones del Constitucional, reiteradamente desobedecidas y explícitamente rechazadas por las decisiones parlamentarias durante el proceso secesionista. Tampoco puede extrañar su defensa cerrada del orden constitucional ni el necesario cumplimiento de las condiciones de la Comisión de Venecia, un organismo del Consejo de Europa que establece unas mínimas garantías para la celebración de consultas y referendos que fueron abiertamente vulneradas el 1-O.

Los dirigentes secesionistas han pretendido vender a sus partidarios, como paliativo a su fracaso político, la internacionalización del conflicto en los tribunales europeos, en los que obtener fuera del sistema constitucional español el reconocimiento que no han conseguido dentro de las instituciones. Las decisiones de tribunales locales en Alemania, Bélgica y Escocia sobre la euroorden o las opiniones sin aval político de organismos especializados han servido para alentar la esperanza de esa victoria exterior que compensara o incluso revirtiera una derrota interior atribuida maliciosamente a una democracia que sus detractores presentan como defectuosa o lastrada por vicios originarios del franquismo.

La realidad confirmada por el Tribunal de Estrasburgo es la plenitud del Estado democrático y constitucional de derecho. Organizar un referéndum ilegal y declarar la independencia de una parte del territorio desde las instituciones autonómicas, en contra de la Constitución y de las resoluciones del Tribunal Constitucional, no forma parte de los derechos y libertades protegidos por el derecho internacional y europeo como la propaganda independentista ha pretendido vender, sino todo lo contrario.