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Estrasburgo en el retrovisor

Las precauciones del tribunal por blindarse a cualquier reclamación convierten la jornada 47 del juicio en un tostón insufrible

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, se dirige a los abogados defensores.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, se dirige a los abogados defensores.

Nada más comenzar la sesión, al abogado y diputado de Vox Javier Ortega Smith se le abre la boca. “Nuestro español bosteza”, escribió el poeta, preguntándose a continuación si sería de hambre, sueño, hastío…

—Doctor, ¿tendrá el estómago vacío?

—El vacío es más bien de la cabeza.

La acusación popular que ejerce el partido de ultraderecha ha estado también caracterizada por el vacío. Los abogados Ortega y Fernández han actuado a rebufo de los fiscales y las abogadas del Estado, añadiendo de vez en cuando alguna pregunta —casi siempre tan hueca como la cabeza del español que bosteza— o zanjando de vacío el turno de las acusaciones:

—Ninguna pregunta, señoría.

Luego, en los mítines, Ortega y Fernández han intentado aprovechar electoralmente una presencia en el juicio que ha sido testimonial, por no decir inútil. La jornada de hoy no será una excepción. El público independentista, más escaso de lo habitual, se presenta expectante ante el inicio de la prueba documental y la posibilidad de asistir en directo a la proyección de los vídeos de la actuación policial del 1 de octubre. El chasco es tremendo. El juez Manuel Marchena, habitualmente tan didáctico, enhebra en esta ocasión una serie de instrucciones un tanto farragosas para que las acusaciones, primero, y las defensas, a continuación, detallen las pruebas documentales que quieran hacer valer y las que deseen impugnar.

El primer turno es para la fiscal Consuelo Madrigal, que empieza a recitar una ristra interminable de legajos —“los folios 134 al 269 del anexo 2 de la pieza separada 4”— hasta que empieza a hacerse un lío. Su colega Fidel Cadena intenta echarle una mano. Marchena le da el primer aviso: “Señora fiscal, señale por favor el contenido de los folios. Si no, nos movemos exclusivamente en el ámbito de la numeración”. El público ya ha entendido que hoy, de vídeos, nada de nada, y empieza a aburrirse. Hay quien imita los bostezos de Ortega Smith, quien opta por rescatar de la mochila los periódicos del día y hasta quien, con la cabeza ladeada hacia el techo, trata de descifrar la inscripción latina situada sobre la puerta del Salón de Plenos. Se trata del salmo 16 de la Biblia Vulgata, encargada por el Papa Damaso en el año 382: “Salga de vos mismo mi sentencia y examinen vuestros ojos la justicia que me asiste”.

Uno de los asistentes, más avispado que el resto, le ruega a la agente judicial —una funcionaria capaz de detectar un murmullo antes de que se produzca y de oler el 4G de los móviles furtivos— que le deje ir al baño por causa de fuerza mayor. La agente accede a la petición, pero le advierte de que no podrá volver a entrar. El hombre ve el cielo abierto, y eso que ni sospecha lo que vendrá después.

Tras la intervención desordenada de la fiscal, es el turno de la abogada del Estado Rosa María Seoane, quien percatándose de que la fiscal puede haber dejado un flanco abierto —ha pasado por alto algunos de los documentos que obran en la causa y que son de interés para el ministerio público—, se dispone a desfacer el entuerto. Y lo hace empezando a leer un informe de 92 páginas con la relación de documentos que considera relevantes para sostener su acusación. La reacción de la abogada del Estado salva a la fiscal —que luego intentará sin éxito subsanar su descuido— de un fallo de incalculables consecuencias, pero el tostón es insufrible. A las 12 del mediodía, el juez Marchena ordena un receso de media hora y, tras el descanso, el abogado Javier Melero, defensor del exconsejero Joaquim Forn, acude al rescate de los presentes:

—Con la venia, esta defensa se considera instruida y da por buena la prueba documental sin que sea necesaria su lectura.

Melero consigue aligerar el trámite, pero ya no da tiempo a ver ninguno de los vídeos tan esperados. El trasfondo es que el tribunal no quiere dar nada por supuesto, ni saltarse ningún trámite —por burocrático o protocolario que parezca— que luego pueda ser utilizado para desacreditar la sentencia en el Tribunal de Derechos Humanos. Estrasburgo es el nombre de una ciudad, pero también de una amenaza siempre presente en el retrovisor de los siete magistrados.

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