El pluriempleo de los abogados

El abogado Benet Salellas sigue a lo suyo. Cada vez que tiene a uno de los policías que intervinieron el 1 de octubre sentado en la silla de los testigos, le pregunta:

–¿Qué número de identificación llevaba usted en la espalda?

–El 4U581 –responde a media mañana uno de los agentes de las Unidades de Intervención Policial que se trasladaron desde Sevilla a Lleida para evitar el referéndum ilegal.

El abogado lo anota a mano, cuidadosamente, y luego sigue preguntando cosas del tipo: “¿la gente les regalaba claveles?” o “¿la gente cantaba canciones del tipo somos gente de paz?”. Habitualmente, los agentes responden “no lo recuerdo” o “yo estaba a lo mío”, pero de vez en cuando el policía o el guardia civil interpelado responde con un rotundo: “No, lo que decían era: 'sois unos hijos de puta, perros de Rajoy, os vamos a matar”. El abogado no se inmuta. Aunque mira a los agentes de medio lado, se nota que disfruta cuando le pide la documentación a un poli tras otro. Y es lógico. Salellas, además de uno de los tres abogados de Jordi Cuixart, es un destacado político de la CUP que llegó a ser diputado autonómico del 2015 al 2017 y que suele escoger a sus clientes –o ellos a él– entre quienes queman fotos del Rey o participan en algaradas alrededor del Parlament. De un tiempo a esta parte, y después de que los abogados Andreu Van den Eynde y Jordi Pina hayan graduado su enfrentamiento con el tribunal, ha decidido enarbolar la peligrosa bandera de los abogados rebeldes. Peligrosa, sobre todo, para Jordi Cuixart, quien aunque haya encontrado la felicidad en prisión –según asegura su biógrafa–, se enfrenta a una petición de condena de 17 años de cárcel por el delito de rebelión.

Ya durante las jornadas anteriores, Salellas estuvo a punto de sacar de sus casillas al juez Manuel Marchena, pero este miércoles, por fin, ha conseguido con creces lo que sin duda venía buscando:

–No vamos a discutir usted y yo –le advierte Marchena sobreponiendo el tono de su voz a la queja que intenta mantener viva el abogado–, lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas, en su interés, al tribunal. Porque entonces está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros.

La bronca se inicia durante el interrogatorio de un agente. El abogado de Cuixart le ha preguntado si se interesó por una persona que había caído lesionada al suelo. El agente le dice que no, que cuando terminaron su actuación se marcharon. Marchena interviene para decirle al letrado que los “sentimientos piadosos o no piadosos” del policía no tienen trascendencia jurídica y que vaya al grano.

La cuestión de fondo es que, una vez superado el ecuador del juicio y después de la declaración del último de los 186 policías y guardias civiles citados como testigos —y no como imputados—, ya casi nadie engaña a nadie en el Salón de Plenos. Ha quedado claro que los tres abogados de Cuixart, como sus antagonistas de la acusación popular ejercida por Vox, tienen intereses políticos que van más allá de lo estrictamente jurídico. Benet Salellas, exdiputado de la CUP, y Javier Ortega Smith, candidato de la ultraderecha al Congreso de los Diputados, hacen preguntas que no se entenderían sin el rédito político que ambos persiguen. Unas preguntas que difícilmente serían aceptadas por un tribunal menos preocupado por su apariencia de imparcialidad. Y de no tratarse de un juicio de esta relevancia, retransmitido en directo y con la sombra siempre presente del más que probable recurso a Europa.