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El bloque de derechas se enzarza en una carrera por las rebajas fiscales de los impuestos autonómicos

PP y Ciudadanos prometen bajar impuestos en las comunidades y trasladan el debate a la campaña electoral pese a que estas Administraciones tienen poco margen presupuestario

En las últimas semanas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado como “sablazo intolerable a las clases medias” la subida del IRPF que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para los que ganen más de 130.000 euros al año. Pablo Casado, el presidente del PP, ha cargado contra la subida de impuestos “de 26.000 millones” que, según él, planea Sánchez, aunque esa cifra sea falsa. Ambos partidos se han lanzado a una carrera por bajar los impuestos autonómicos, aunque estas administraciones tienen limitada su capacidad tributaria, casi no la usan y, cuando lo hacen, apenas obtienen resultados.

El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto electoral en Canarias.
El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto electoral en Canarias. EFE

Los principales partidos de la derecha avivan estos días el fantasma del expolio fiscal, pese a que España recauda mucho menos que en los países de su entorno. A falta de una semana para las elecciones europeas, autonómicas y locales, PP y Ciudadanos retuercen las cifras para convertir la subida de impuestos comprometida por Sánchez con Bruselas en un armagedón fiscal.

Para contrarrestar esa idea prometen una rebaja general de los tributos autonómicos. "Por cada euro de IRPF que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo en los tramos autonómicos [del IRPF]", señaló Rivera durante un mitin en Madrid hace unos días. En esta campaña, Casado también ha prometido una profunda rebaja fiscal en las comunidades donde logre gobernar. Sus candidatos repiten ese mantra a la menor oportunidad.

Lo cierto es que las autonomías tienen limitadas sus capacidades tributarias. Tienen competencias en el 50% del IRPF y tienen asignada la recaudación del 50% del IVA y del 58% de los impuestos especiales. También son responsables de otros impuestos cedidos como el de sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (conocido popularmente como impuesto sobre las hipotecas) y patrimonio.

Las autonomías han legislado de lo lindo para crear tributos propios. En los últimos años han aprobado alrededor de 70 impuestos regionales: sobre el saneamiento y la depuración de aguas, las bolsas de plástico, las bebidas azucaradas, residuos en vertederos, tasas turísticas, sobre las grandes superficies y un largo etcétera que convierte el sistema fiscal autonómico en una madeja compleja, confusa y poco eficaz en términos recaudatorios. Porque los tributos propios recaudan solo el 2,1% de los ingresos fiscales autonómicos.

Competencia entre regiones

Pese a todo, los Ejecutivos regionales aprueban unos 600 cambios legales al año relativos a los impuestos. "Existe cierta teatralidad en algunos de estos cambios normativos, que sirven para el debate en el Parlamento regional, pero el impacto que tienen es muy limitado", explica Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas. En plata: aunque las comunidades tienen suficiente capacidad fiscal, apenas desarrollan su responsabilidad tributaria. Además, tampoco tienen mucho margen: estas Administraciones tienen que sufragar los gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales, difíciles de recortar. Y no es fácil que se puedan permitir rebajas fiscales pese a las promesas electorales.

Aun así, algunas comunidades —las más dinámicas— han emprendido una carrera fiscal a la baja. Madrid es líder indiscutible de esa tendencia, que secundan otras autonomías gobernadas por el PP y a la que se han sumado algunas socialistas al empezar a recibir los frutos de la recuperación. En general, los territorios donde el PP ha gobernado más tiempo suelen tener los impuestos más bajos.

En ese contexto, Madrid es una isla fiscal. Es donde más bajo está el IRPF. Tiene el tipo máximo en el 43,5% frente al 48% que Andalucía, Asturias, Cataluña o la Comunidad Valenciana aplican a las rentas que superan los 120.000 euros. Madrid también ha eliminado el impuesto de patrimonio y ha reducido al mínimo el de sucesiones.

Esa competencia fiscal —patrocinada por economistas como Daniel Lacalle, el gurú de Casado, que finalmente ha declinado la posibilidad de ser diputado tras la debacle del PP en las generales— ha despertado suspicacias en otras autonomías porque está provocando el cambio de domicilio fiscal de rentas altas para ahorrar impuestos. Un destacado empresario del Ibex 35 reconocía hace poco a EL PAÍS que se ahorraba más de 1,5 millones de euros en impuestos por trasladar su residencia a Madrid. Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos ciudadanos se han sumado a este éxodo fiscal, un estudio publicado por Fedea concluye que Madrid es el principal destino de estas migraciones. [Cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera de la Junta de Andalucía tildaba a Madrid de "paraíso fiscal" por practicar "dumping fiscal" (traducción bíblica: competencia tributaria desleal). Otros consejeros de Hacienda también se quejan de esas prácticas y reclaman una reforma fiscal autonómica: piden fijar unos mínimos de tributación en los impuestos más importantes para que no existan esas divergencias.

La embestida contra el impuesto de sucesiones autonómico

El impuesto sobre sucesiones, conocido popularmente por el impuesto sobre las herencias, se ha convertido en los últimos años en una de las figuras tributarias más controvertidas en la arena política. Los partidos conservadores y liberales (PP y Cs) han lanzado un duro ataque contra este tributo regional. Estos partidos publicitan en sus anuncios electorales que rebajarán ese impuesto, y han alentado el miedo a posibles subidas si gobierna la izquierda.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o Bruselas recomiendan a España que no elimine este impuesto —uno de los más redistributivos— e incluso que haga tributar más a los grandes patrimonios.

Dirigentes populares y de la formación de Albert Rivera han aireado supuestos casos de contribuyentes que tenían que endeudarse para pagar el impuesto o casi tenían que rechazar la herencia que recibían porque no podían pagarlo.

"El impuesto de sucesiones es injusto y absurdo. Un paradigma y un ejemplo: un chico de 10 años, Antonio, está arruinado por el impuesto de sucesiones. Un niño de 10 años tiene una hipoteca de 60.000 euros por un impuesto injusto, por lo que hereda del esfuerzo de su padre. Vamos a suprimir este impuesto que penaliza a las clases medias", soltó Rivera, líder de Cs, en el debate electoral del pasado abril. Pablo Casado, del PP, respondió que también suprimirá el impuesto, por el que las comunidades ingresan 2.458 millones al año.

En realidad, esta figura está bonificada en casi todos los territorios para herencias entre padres e hijos. En Andalucía, donde más polémica ha suscitado este gravamen, no hay que pagar por el primer millón de euros que se herede.

En la mayoría de las comunidades "solo hay que pagar importes simbólicos" para herencias de sucesores del grupo I (entre padres e hijos), según el Consejo General de Economistas.

Una de las críticas a este impuesto —que tienen casi todos los países europeos— es que supone doble tributación. Sus detractores sostienen que tienen que tributar por algo por lo que ya se pagó en vida. Ese argumento no es exacto. En primer lugar, el sistema fiscal trata a cada contribuyente de forma individual, con independencia de sus relaciones familiares, por lo que debe tributar por el aumento de patrimonio del que se ha beneficiado sin ningún esfuerzo. Por otra parte, el impuesto en realidad grava una transferencia de riqueza entre ciudadanos. Y por último, se trata de una de las figuras que más redistribuyen riqueza, con España entre los países más desiguales de la UE.

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