Sánchez promete en vísperas de las autonómicas reformar la financiación

La reforma del sistema de financiación es uno de los asuntos más trascendentes del Estado de las autonomías y uno de los más complejos de abordar desde el punto de vista político. Requiere poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías, con independencia del signo político de su Ejecutivo. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos centrales solventaban el asunto poniendo más dinero sobre la mesa. Así ocurrió en 2009, cuando Rodríguez Zapatero aprobó el modelo en vigor a cambio de ofrecer 11.000 millones más a las autonomías. Este sistema de reparto, que regula cómo se distribuyen los recursos entre las comunidades para prestar la sanidad, educación y otros servicios sociales, tenía que haberse reformado en 2014, pero el gabinete de Mariano Rajoy lo aplazó bajo pretexto de la crisis y las tensiones independentistas en Cataluña.

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido con la Comisión Europea, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales, a reformarlo en la próxima legislatura. Así figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 que la semana pasada envió a Bruselas: “Aunque se han dado pasos orientados a facilitar los debates a nivel político, en los últimos meses no se han dado las circunstancias imprescindibles para conseguir los consensos necesarios requeridos para avanzar en la reforma del sistema, ya que es preciso que este trabajo se desarrolle en un marco en el que exista una perspectiva de estabilidad política en el medio plazo, situación que se espera tras la formación de un nuevo Gobierno”.

Pero entre tanto los líderes políticos soslayan este debate en la campaña electoral. “Para hablar de este tema hay que saber, es un asunto muy complejo. Y meter la pata ahora puede ser desastroso”, explica el número dos de un consejero regional del PP, que ha participado en más de una docena de reuniones del Consejo de Política Fiscal (CPFF), el órgano donde Hacienda negocia con las autonomías los asuntos financieros.

“Es un asunto urgente”, abunda un consejero socialista de Hacienda. “Nosotros sí hablamos, pero a nivel regional. Nos preocupa la despoblación y la dificultad de financiar los servicios públicos en un contexto de elevada dispersión geográfica. Lo que no entendemos es por qué no se habla a nivel nacional. En los debates de los líderes nacionales [durante la campaña electoral del 28-A] no se abordó el asunto”, apunta antes de rematar: “La polarización no favorece una negociación que tiene que ser multilateral”.

El debate de la financiación ha protagonizado las pasadas elecciones en la Comunidad Valenciana. El presidente autonómico Ximo Puig (PSOE) y su socia de Gobierno, Mónica Oltra (Compromís) reivindicaron una mejora para esta comunidad, la peor tratada. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura también han pedido que se acelere la reforma.

“Hay otras prioridades políticas”, insiste otro responsable de regional. “El eje del debate territorial se ha desplazado a Cataluña. Están los separatistas, los que acusan a Sánchez de ser cómplice de los independentistas. Se ha polarizado el discurso. En este ambiente a nadie se le ocurre comentar nada de la financiación, un tema que requiere sosiego”, añade.

Mientras que los líderes políticos evitan pisar ese charco para no salpicar a sus candidatos, los partidos apenas recogen propuestas vacuas en sus programas electorales. El PSOE es la formación que más detalles da: plantea incluir en la Constitución los principios generales del reparto de recursos y contemplar la atención a la dependencia en el modelo.

Propuestas incompletas

Podemos también pone negro sobre blanco algún detalle. Defiende fijar “un suelo mínimo de ingresos”, que permita garantizar servicios públicos dignos. Y asegura que repartirá más dinero a todas las autonomías, sin precisar de dónde saldrá. El PP es el que tiene la propuesta más vaga. En su programa marco para las autonómicas solo dice que impulsará “la reforma del sistema de financiación basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal”. Los populares precisan que incluirán el factor del envejecimiento o la despoblación en la ponderación para repartir. Ciudadanos insiste en su principio general de “garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos”, pero no explica cómo lo abordará.

El actual Gobierno tiene mucho camino avanzado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió ideas de la comisión de expertos que había encargado su predecesor, Cristóbal Montoro. Montero, además, ha impulsado los trabajos del Consejo de Política Fiscal y cuenta ya con un esbozo de propuesta.

Uno de los asuntos que tendrá que resolver el Gobierno es la deuda regional. Las comunidades se endeudaron demasiado durante la crisis, y luego tomaron mucho dinero prestado del Estado, que ahora les supone una pesada carga. El Ejecutivo podrá negociar una reestructuración, ampliando plazo de devolución y reduciendo tipos, a cambio de que las comunidades aprueben su plan para reformar la financiación. Era la estrategia que preparaba Montoro. “Los consejeros tenemos más disposición a llegar a acuerdos entre nosotros de la que tiene el ministerio a aprobar la reforma”, zanja un responsable autonómico.