La Generalitat busca 450 millones de euros para cuadrar su gasto

El Govern tendrá que buscar 450 millones de euros para cuadrar el desfase entre ingresos y gastos que estima para las cuentas de la Generalitat de este año, que tendrá que ser gestionada por segundo ejercicio consecutivo con los Presupuestos prorrogados. El Consell Executiu palió ayer en parte esa necesidad de recursos al elevar su capacidad de gasto en 813,9 millones de euros a través de suplemento de crédito. Esos recursos, previstos sobre todo por una mayor liquidación del sistema de financiación autonómica, no alcanza todavía los 1.265 millones de “insuficiencia” estimada del Departamento de Economía y Finanzas.

El decreto ley que articula el suplemento de crédito es un signo más de la precaria mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno que integran Junts per Catalunya y ERC. Su aprobación era imperativa tras el fiasco de intentar aprobar unos nuevos Presupuestos para este ejercicio y su necesaria convalidación en el Parlamento volverá a mostrar la fuerza que tiene la oposición, pese a que el vicepresidente económico, Pere Aragonès, dijo ayer que prevé aprobarlo con “amplísima mayoría” sin descartar la “unanimidad”. Lo argumenta en el hecho de que esos recursos, lo que a la práctica supone un incremento de la capacidad de gasto, pagarán los aumentos retributivos que se han aprobado para los trabajadores públicos desde 2017 y parte de la paga extraordinaria suprimida en 2013.

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La cuestión es simple. Tras la infructuosa negociación con Catalunya en Comú para pactar unas nuevas cuentas, la Generalitat depende de las mismas partidas de gasto aprobadas en 2017. El problema, sin embargo, radica en que, desde entonces, la Generalitat ha ido acumulando nuevos compromisos que descuadran disponibilidad y necesidad de recursos. Algunos de esos compromisos son heredados, como los aprobados por el Ministerio de Hacienda; otros fueron aprobados directamente desde el Palau de la Generalitat, como las mejoras de plantillas de profesores y médicos en los dos últimos años o el reciente pacto con los sindicatos para devolver ya parte de la paga extraordinaria impagada de 2013. La “insuficiencia inicial” —según el propio Govern— para este ejercicio ascendería a 1.265,4 millones de euros.

Trabajo por hacer

Con la medida aprobada ayer se resuelven casi dos tercios de ese agujero negro, pero faltan todavía 450 millones, que serán los más delicados y los que más tensiones aflorarán en el interior del Govern, ya que parte de ese ajuste lo tendrán que asumir las consejerías. No todas, porque se librarán de ese nuevo estrés presupuestario los departamentos de Enseñanza, Sanidad y otros que gestionen servicios de alta carga social. Serán el resto de consejerías las que tendrán que hacer el esfuerzo, que ya están empezando a digerir. Han recibido órdenes de ceñirse a “lo urgente y lo necesario”, según dijo ayer Aragonès, quien evitó aclarar el ajuste. En las próximas semanas se aprobará un plan de contingencia.

Ese esfuerzo interno de limitación de gasto no afectará al conjunto de los 450 millones que todavía faltan por cuadrar. Una parte se cubrirá a través del fondo de contingencia de los Presupuestos de la Generalitat, partida que en 2017 contaba con 330 millones de euros y creada con la intención de que pueda asumir posibles gastos imprevistos.

Pese a su nombre, la ampliación de crédito firmada ayer no supone un mayor endeudamiento de la Generalitat. La figura, que consta en la Ley de Finanzas Públicas (LFP), habilita nuevo gasto, que en este caso procederá de los recursos que el Estado prevé liquidar a las comunidades autónomas como resultado del sistema de financiación autonómica y del Fondo de Facilidad Financiera, principal instrumento de financiación de la Generalitat. Aragonès no descartó que se aprueben nuevos suplementos de crédito hasta el fin del ejercicio e incluso modificar la LFP para ganar “flexibilidad”.