La Mesa del Congreso aplaza la decisión sobre los diputados presos con la oposición de PP y Cs

El pulso entre el Congreso y el Supremo se recrudece. El Tribunal Supremo ha devuelto de nuevo al Congreso la decisión sobre la suspensión de los cinco presos del procés que fueron elegidos en las elecciones generales del 28-A. El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, ha enviado este jueves un escrito a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, en el que rechaza elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Marchena sostiene que la configuración que la Constitución atribuye al Supremo “hace inviable la elaboración del informe requerido”.

La Mesa del Congreso ha decidido, tras una reunión de casi tres horas y media, pedir un informe a los letrados y se volverá a reunir mañana para tomar una decisión sobre los presos. Pero el órgano de dirección de las Cortes ya está claramente dividido tras su primera reunión de la recién estrenada decimotercera legislatura porque el PP y Ciudadanos han rechazado esa medida. La propuesta de la presidenta ha salido adelante con el apoyo de los tres miembros del PSOE y los dos de Unidas Podemos. PP y Cs tienen dos componentes cada uno. La Mesa ya ha sido convocada para mañana viernes a las 12.30. La presidenta pidió expresamente en la reunión la unanimidad, "porque valía la pena", pero no la logró.

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La presidenta Batet ha justificado la decisión de pedir el informe a la Secretaría General del Congreso para dotarse de "más seguridad jurídica". Batet ha explicado que había dudas por su parte y por parte de los propios servicios del Congreso ante la "diversidad" de los escritos planteados por diferentes partidos sobre lo que habría que hacer ahora, si recurrir al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o al artículo 21 del Reglamento de la Cámara.

Batet ha destacado que su "objetivo" al proponer y acordar esas decisiones era "preservar el sistema constitucional, la Cámara y las funciones de la Mesa y garantizar que las decisiones sean conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica". La presidenta del Congreso ha afirmado, además, que esas actuaciones también perseguían evitar cualquier posibilidad de "arbitrariedad" o intencionalidad "política". Y añadió que tampoco tiene "ninguna voluntad de dilatar o retrasar" una decisión tan importante y por ello ha vuelto a fijar una nueva reunión de la Mesa este viernes.

Ana Pastor, ahora vicepresidenta tercera, no atendió ni a los argumentos de la mayoría que ahora encarnan PSOE y Podemos ni a las dudas de los servicios de la Cámara. Dijo, a la salida de la cita, que le parece "evidente que el Congreso debe aplicar la ley" y que esta es "inequívoca, clara y de obligado cumplimiento". Y con los artículos esgrimidos tanto de la Lecrim como del Reglamento afirmó que el PP quiere que "se adopten las medidas y se haga efectiva la suspensión" de los diputados electos separatistas. Pastor rechazó pedir ningún nuevo informe porque defiende que eso solo se debe hacer cuando hay dudas y mantiene que ahora no las hay.

Esta misma mañana, también en una sala de prensa de la Cámara baja, el número dos del PP, Teodoro García Egea, ya había avanzado cuál era la instrucción que se le había dado a los dos componentes de su partido en la Mesa. García Egea aseguró que ni Ana Pastor —presidenta del Congreso hasta hace tres días— ni el diputado Adolfo Suárez Illana aceptarían la hipótesis de reclamar un informe a los expertos y que lo rechazarían porque entendía que no había lugar para la discusión y Batet debía proceder a suspender a los diputados independentistas sin mayor dilación atendiendo a las instrucciones del Supremo.

Teodoro García Egea anunció, primero en un mitin de campaña y luego en los pasillos del Congreso, que si Batet y el PSOE no acometían hoy mismo esa suspensión su partido registraría en la tarde de este mismo jueves algún tipo de iniciativa para reprobar a la presidenta de la Cámara baja y estudiarían cómo llevarla a los tribunales por presuntos delitos de "prevaricación y desobediencia". El PP acusó así a Batet de querer "lavarse las manos" y "ganar tiempo" y la ha calificado de "un instrumento del sanchismo" para favorecer los pactos del líder del PSOE con Podemos y los partidos secesionistas para su investidura.

El PP, ahora, no cree necesario ni conveniente esperar a conocer la opinión de los letrados de la Cámara, en contra de lo que hizo durante todo su mandato como presidenta Ana Pastor, que siempre acudía a ellos ante situaciones de esta complejidad. Egea se remitió en todo momento a lo que defiende en sus auto el juez Marchena.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, concluyó que la actuación de Batet fue "inadecuada" y llegó a afirmar que con la misma estaba "arrodillando" y "humillando" al Congreso y provocando un "conflicto y echando un pulso" al Supremo. Girauta enumeró una serie de "anomalías" vividas en el Congreso tras el arranque de la legislatura para advertir a Batet, a la que tachó junto al presidente Pedro Sánchez de "cómplice de los golpistas", de que sí tras la sesión de la Mesa de mañana no suspende de inmediato a los políticos presos Ciudadanos pedirá su dimisión.

Lo que el Supremo entiende

Y es ahí, en su último escrito de este jueves, de apenas dos párrafos, donde el Supremo vuelve a insistir en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo y “que fue debidamente comunicado a la Cámara”. “A lo allí expuesto nos remitimos”, añade el tribunal en su respuesta a Batet. En ese auto al que se refiere Marchena la sala que juzga a los líderes independentistas autorizó a los parlamentarios presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez) a asistir a la sesión de constitución de las Cortes, pero rechazó que debiera pedir permiso a las Cámaras (mediante el llamado suplicatorio) para continuar con el juicio. Esa resolución se acompañó de un breve oficio en el que la Sala informa de que remite el auto “a los efectos legales que resulten procedentes”. A partir de ahí, el Supremo entiende que el Congreso debería poner en marcha la suspensión de los cinco parlamentarios.

En el escrito enviado este jueves, el tribunal añade que el juicio seguirá su curso y que es misión del tribunal "salvaguardar los fines del proceso". El Supremo tiene pendiente contestar la petición que registró el miércoles la Fiscalía para que el tribunal ordene a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas encarcelados. La Fiscalía, y en esto coincide con el Congreso, considera que debe aplicarse a este caso el artículo 384 bis de la Lecrim, el mismo que usó el alto tribunal para ordenar al Parlament la suspensión de los diputados catalanes procesados por rebelión. Según el ministerio público, este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debe comunicarlo así a las Cámaras para que suspenda a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y Romeva (ERC), senador.

Pero el tribunal considera que la aplicación de la Lecrim en este caso es "controvertida" porque el artículo 384 bis establece la suspensión de una persona “que estuviere ostentando función o cargo público” cuando se dicte contra ella auto de procesamiento firme por rebelión y se haya decretado además la prisión preventiva. En este caso, los líderes del procés han sido elegidos parlamentarios en las Cortes casi un año después de ser procesados, por lo que el Supremo alberga dudas sobre que se les pueda aplicar la Lecrim para suspenderlos ahora de esos nuevos cargos. Sin embargo, según el tribunal, el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los procesados que estén en prisión preventiva, sí es plenamente aplicable en este caso, pero debe ser el Congreso quien lo haga. Lo contrario, según los magistrados, sería "una injerencia" del poder judicial en el político.