Cuatro expertas de Hacienda ratifican el uso de fondos públicos el 1-O

Cuatro peritas de Hacienda han respaldado este miércoles en el juicio del procés la tesis con la que la Fiscalía sustenta las acusaciones de malversación contra Oriol Junqueras y el resto de consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont: que la prestación de servicios relacionados con los preparativos de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 generaron un compromiso de pago a la Generalitat y, por tanto, un perjuicio en sus arcas públicas, al margen de que el Govern no pagara luego esos gastos por diversos motivos. Las peritas (tres propuestas por la Fiscalía y una por la Abogacía del Estado) cifraron en 917.648 euros (más IVA) la suma de gastos que ellas analizaron y cuya vinculación con el 1-O consideran acreditado. Este dato es menor que los 3,6 millones en los que la Fiscalía cifra el dinero público desviado para el referéndum, aunque en esa cifra el ministerio público incluye el coste de la cesión de los centros públicos usados para el referéndum, una partida que tendrán que aclarar otros peritos citados por el tribunal.

Tres de las cuatro técnicas de Hacienda, que han abierto la fase pericial del juicio, fueron las encargadas de analizar todos los expedientes de gastos de la Generalitat para determinar el uso de fondos públicos a la “organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum". La tercera es la autora de un informe de la Intervención General del Estado remitido al Juzgado 13 de Barcelona relacionado con la malversación.

Las cuatro han coincidido que en derecho administrativo el criterio de perjuicio económico tiene que ver con el devengo, con el compromiso del gasto, no con el gasto efectivo en sí. La existencia o no de facturas sobre esos gastos (no en todos los supuestamente relacionados con el 1-O existen facturas) no es un criterio importante, según las técnicas, porque el daño para las arcas públicas ya se ha producido y la emisión de las facturas es competencia del adjudicatario del contrato. Es decir, según las peritas, los trabajos que las empresas realizaron para el 1-O a petición de la Generalitat produjeron un gasto público independientemente de que la administración catalana renunciara a pagarles o de la existencia de facturas en negativo.

El delito de malversación se atribuye a todos los miembros del Govern de Puigdemont, aunque durante el juicio las acusaciones han ido centrándose en partidas que dependían de unas Consejerías concretas, sobre todo Presidencia (Jordi Turull ) y Exteriores (Raül Romeva). Los testimonios de las peritas han señalado también a los titulares de estos dos departamentos al situar el uso de fondos públicos relacionados con el 1-O en las campañas de publicidad y difusión y en viajes y actos organizados por el Diplocat.

Una de las partidas en las que las acusaciones basan la malversación es la emisión de dos anuncios sobre el referéndum emitidos en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA, el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio). La CCMA envió dos facturas (una de 112.747 y otra de 223.396 euros) por la emisión de la publicidad, pero la Generalitat ordenó devolverlas al considerar que el encargo se enmarcaba en un acuerdo general por el que los medios públicos tenían que hacer publicidad gratuita de las actuaciones del Govern.

Para las peritas, sin embargo, la relación de esos anuncios con el 1-O es clara y, por tanto, su emisión vulnera los requerimientos judiciales y de Hacienda para que no se desviara dinero a la consulta independentista. “Los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos”, han señalado las técnicas, que han advertido además de que la interventora general de la Generalitat nunca mencionó estas dos facturas en sus comunicaciones con Hacienda.

Sobre otra de las campañas bajo sospecha, la de Civisme, las técnicas han recordado que el exconsejero Turull pidió al Departamento de Economía, del que era titular Junqueras, una transferencia del fondo de contingencia de 3,4 millones de euros para esta campaña que debía lanzarse antes del 30 de septiembre. La transferencia se concedió y se puso en marcha el concurso público para adjudicarlo, pero quedó desierto porque las dos empresas adjudicatarias renunciaron.

Las peritas también han analizado los gastos del registro de catalanes en el exterior. Han explicado que se trataba de tres expedientes distintos: uno que tenía por objeto el diseño del anuncio, otro para la inserción de la publicidad en prensa escrita y otro para inserción en redes sociales y medios digitales. Los tres suman 220.000 euros y aunque lo referido al tercer expediento no llegó a abonarse porque los servicios jurídicos de la Generalitat lo frenaron, las técnicas han sostenido que deben computarse como gasto realizado.

La última de las grandes partidas que señala la acusación, la referida a los observadores internacionales, ha sido ratificada por las peritas en lo relativo al grupo de 13 observadores coordinado por Helena Catt. La propia Catt testificó hace unas semanas en el juicio y admitió haber cobrado 8.000 euros de salario más gastos de alojamiento y manutención. Las técnicas han cifrado esta partida en 176.159 del juicio.

La conclusión principal de las peritas de que el mero compromiso del gasto implica un perjuicio económico para las arcas públicas resulta demoledora para la tesis de las defensas, que fían gran parte de su estrategia a constatar las renuncias de cobro o las facturas devueltas de muchos de los trabajos. Con todo, los abogados de los líderes independentistas han intentado contrarrestar las explicaciones de las técnicas señalando que algunos de los contratos que Hacienda vincula al referéndum eran similares a otros ejecutados en años anteriores o que algunos de los pagos de partidas puestas bajo sospecha se realizaron en enero de 2018, cuando la Generalitat estaba intervenida por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.