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Dos altos cargos de la Generalitat niegan que se gastara dinero público para preparar el 1-O

Los responsables del gabinete juridico y del departamento de contratación respaldan la tesis de las defensas contra el delito de malversación

El director gabinete jurídico del a Generalitat, Francesc Esteve, durante su declaración en el Tribunal Supremo. En vídeo, fragmento de la declaración de Esteve y de Mireia Boya, exdiputada del Parlament.

Tras varias semanas dedicadas casi en exclusiva a repasar los incidentes acumulados durante la jornada de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre de 2017, el juicio del procés ha vuelto a adentrarse este lunes en el delito de malversación que las acusaciones atribuyen a todos los miembros del Govern. Dos altos cargos de la Generalitat han negado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont comprometiera o gastara dinero público en los preparativos del 1-O. “No hay ningún encargo oficial específico”, ha afirmado Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat. En términos similares se ha expresado Mercé Corretja, directora general de contratación pública desde febrero de 2016, que ha asegurado que su departamento no ha detectado ningún expediente de gasto público para la organización de la consulta.

El director del gabinete jurídico de la Generalitat ha repasado, a preguntas de las defensas, algunas de las fechas claves del procés y la posición que adoptó su departamento esos días. Esteve, que dependía orgánicamente de la Consejería de Presidencia, ha asegurado que el exconseller Jordi Turull le dio orden de colaborar en los registros judiciales que se llevaron a cabo y de cumplir los requerimientos judiciales en la víspera del 1-O: entre ellos, anular la red de wifi de todos los centros educativos públicos (muchos de los cuales fueron usados como centros de votación) y desactivar 27 aplicaciones informáticas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI).

Respecto al posible gasto de dinero público para la consulta ilegal, Esteve (que está investigado en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona por la licitación de las urnas para el 1-O) ha negado todos los supuestos en los que se basan las acusaciones para imputar el delito de malversación. Del contrato con la empresa de mensajería Unipost no hay nada que se pueda relacionar con el 1-O, según el testigo, que ha negado que se reservara un crédito o hubiera facturas para el envío de documentación electoral. Esteve ha respaldado también la tesis de las defensas sobre los anuncios del referéndum emitidos en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [CCMA, el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio]. La CCMA emitió facturas por la emisión de la publicidad, pero la Generalitat ordenó devolverlas al considerar que el encargo se enmarcaba en un acuerdo general por el que la CCMA tiene que hacer publicidad gratuita de las actuaciones del Govern.

El testigo también ha desvinculado del referéndum la campaña para el registro de ciudadanos catalanes en el exterior porque está regulado por un decreto de 2014 y es similar al que tienen otras comunidades autónomas. La Fiscalía cree que la publicidad aparecida en medios vinculada a esta campaña está relacionada con la consulta sobre la independencia, pero Esteve lo ha negado. "No aparece ninguna vinculación con el referéndum del 1-O".

La fiscal Consuelo Madrigal y el director del gabinete jurídico se han enzarzado en un interrogatorio algo bronco cuando el ministerio público intentaba saber si su departamento sugirió en alguna ocasión que había que desconvocar la consulta independentista, sobre todo a raíz de las numerosas advertencias enviadas por el Tribunal Constitucional a distintos miembros del Govern. Esteve insistía en el carácter “consultivo” de su departamento y en que los apercibimientos del Constitucional eran personales, pero ni Madrigal atinaba a formular su pregunta con claridad ni el testigo respondía exactamente en la dirección en la que indagaba la fiscal. El rifirrafe ha obligado a intervenir al presidente del tribunal, Manuel Marchena, para encarrilar el interrogatorio. “Usted acompañó esos requerimientos de un informe sobre las consecuencias de las resoluciones y advertencias del Constitucional?”, ha preguntado Marchena. El testigo ha afirmado que se hacía “una referencia jurídica interpretativa” de la resolución, pero no ha especificado si se aconsejó parar la consulta.

La directora general de contratación pública de la Generalitat, por su parte, ha expuesto detalles técnicos de los trámites de su departamento con los que las defensas intentan disipar las dudas sobre supuestas irregularidades. Una de las tesis de las acusaciones es que se puede atribuir el delito de malversación por gastos que la Generalitat reservó aunque finalmente no se consumaran. La testigo, sin embargo, ha asegurado que “la reserva de crédito no es un compromiso de gasto”. “El compromiso de gasto se adquiere cuando se perfecciona el contrato. Y la perfección se produce después de la adjudicación, cuando el contrato se formaliza mediante un documento administrativo. La obligación de pago nace cuando se ejecuta la prestación y se fiscaliza que se ha hecho conforme a lo contratado”, ha explicado-

Corretja ha asegurado también que su dirección general no advirtió ningún expediente de contratación relacionado con 1-O. “Ni antes ni con posterioridad. Hemos hecho muchas búsquedas en el registro público de contratos y no hemos encontrado nada”, ha declarado.

Una de las partidas que incluyó la Guardia Civil en sus informes sobre supuesta malversación se refería al "lucro cesante" que supuso la cesión de locales públicos (sobre todo colegios electorales) para la celebración de la consulta. Un informe encargado a petición de la Fiscalía cifró este lucro cesante (dinero que se tenía que haber abonado por el uso del local) en más de 900.000 euros al día, pero la directora general de contatación ha sostenido que para los locales que no tienen un precio fijado de alquiler (como es el caso de los colegios que se usaron en el referéndum) no  se puede establecer una tasa.

Corretja ha descartado también dos opciones que la Fiscalía cree que pudo usar el Govern para esconder el gasto de fondos públicos en la consulta independentista: que se hiciera un contrato con un nombre que no levantara sospecha y después, con la tramitación ya iniciada, se cambiara el objeto del mismo; o que las contrataciones del referéndum se hicieran a través de Òmnium Cultural. "Me parecería bastante increíble, inimaginable", ha afirmado Corretja.

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