Las lagunas de la malversación

La contundencia del delito de rebelión atribuido a los líderes del procés ha hecho sombra, durante la instrucción del juez Pablo Llarena, al otro pilar de la causa: el delito de malversación, por el que están procesados los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont. El exvicepresidente Oriol Junqueras afirmó ayer ante el juez que “no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso” independentista. Su afirmación vino respaldada por unas palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista publicada ayer mismo en El Mundo: “No sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo.

Las palabras de Montoro resonaron en el alto tribunal como un nuevo revés a la instrucción, que está hallando trabas para acreditar la financiación del procés. Llarena considera en sus autos “ineludible” que el Govern pagó la consulta del 1-O con fondos públicos. Pero el sumario conocido hasta ahora no concreta de qué partidas presupuestarias salió ese dinero. El instructor basa su tesis en los acuerdos adoptados por el Gobierno catalán para autorizar a diferentes consejerías a realizar las contrataciones necesarias para la consulta, “con independencia” de las partidas “tras las que se ocultó el desembolso”.

Llarena mantiene abierta una pieza secreta para recabar nuevas pruebas de la malversación, por lo que el juez no cuenta aún con todos los datos. En un reciente escrito enviado a los jueces alemanes que deben decidir sobre la entrega de Puigdemont, el instructor alude a los informes policiales que apuntan al uso de fondos públicos; y añade que, en la pieza secreta hay nuevas evidencias. Pero Llarena se limita a desglosar las cuatro partidas en las que el Govern gastó los 1,6 millones a los que considera que asciende la malversación.

Control de los pagos

Los indicios de ese delito los ha recopilado el juez de Barcelona que investigó los preparativos del referéndum. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer barajó la cifra de 6,2 millones incluidos en los presupuestos de la Generalitat para 2017 para “procesos electorales y participación”. La investigación, sin embargo, tuvo que bajar el listón al constatar que ese dinero no se empleó en la consulta ilegal. Más aún cuando, a mediados de septiembre, Montoro tomó el control de los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat para asegurarse de que ninguno de ellos se destinaba al referéndum.

La Guardia Civil centró entonces sus esfuerzos en acreditar otros gastos ligados a la organización de la consulta y concluyeron que el Govern gastó medio millón en la campaña dirigida a los catalanes que viven en el extranjero y en publicidad institucional del 1-O. Más tarde surgieron indicios de que otro millón de euros sirvió para pagar el envío de cartas y el censo electoral. Pero de nuevo hubo dudas: después de que los investigadores remitieran su informe a Llarena, los exresponsables y trabajadores de Unipost —la empresa contratada para el envío de las cartas— declararon en Barcelona y negaron haber cobrado de la Generalitat.

El tercer bloque alude a la contratación de “observadores internacionales” (119.700 euros). Fuentes judiciales creen que es el gasto más claramente acreditado, ya que constan facturas sobre el pago por el traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios a una institución que trajo a Cataluña observadores para el 1-O.

Los jueces de Alemania han planteado también dudas sobre este delito y han pedido más información. La Audiencia de Schleswig-Holstein no cuestiona que el Govern tenía prohibido usar dinero para sus fines independentistas y que, a pesar de ello, lo hizo. “Lo que no está claro”, añaden en la resolución dictada para dejar en libertad a Puigdemont, es si la Generalitat “tuvo que pagarlos del presupuesto regional y si el acusado [el expresident] lo ordenó”.

En la causa judicial por la consulta del 9 de noviembre de 2014 quedó claro que la Generalitat había empleado dinero público y el fiscal se querelló por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Finalmente descartó este último, aunque el Tribunal de Cuentas sí dictaminó que se habían usado más de 5,2 millones de euros de fondos de la Generalitat y se los reclama al expresidente Artur Mas y a varios cargos de su Gobierno. Tras este precedente, en el ánimo de los dirigentes soberanistas quedó la idea de que cualquier consulta debía financiarse por otras vías.