El juez investiga si la Generalitat ha gastado 6,2 millones en el referéndum
El magistrado señala en un auto que investiga "el referéndum del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado"
El juez que ha ordenado la operación contra altos cargos de la Generalitat por organizar el referéndum de independencia investiga, entre otras cosas, si el Gobierno catalán ha gastado 6,2 millones de euros en organizar la consulta. En el auto en el que ordena las entradas y registros, y al que ha accedido EL PAÍS, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer pide a los agentes de la Guardia Civil que "localicen, intervengan y pongan a disposición judicial" cualquier documentación relacionada con dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones.
El magistrado alude a tres partidas: una, del Departamento de Gobernación; de poco más de 400.000 euros; y dos más, de los fondos interdepartamentales, que suman 5,8 millones. Estas dos últimas partidas fueron incluidas por la Generalitat en la presentación de los Presupuestos para 2017. El vicepresidente, Oriol Junqueras, anunció que era para "procesos electorales y participativos".
Tal como recuerda el juez, el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales "en el caso de que se destinasen a la financiación del referéndum, como es de ver en documento adjunto", señala el auto. El magistrado pide que se incaute la documentación "ubicada en las dependencias de estos organismos públicos", y también en la sede de la multinacional T-Systems. Esa documentación, sospecha el juez, puede "acreditar el posible desvío de fondos hacia actividades que, como se ha dicho, han sido declaradas inconstitucionales".
La resolución ordena a la Guardia Civil las entradas y registros que se practicaron el miércoles en departamentos de la Generalitat, despachos profesionales y domicilios. El juez ordena a los agentes que se incauten de todo tipo de material: archivos, cajas fuertes, documentación física, equipos informáticos, discos duros remotos, etcétera. En particular, Ramírez Sunyer solicita que se localice y se intervenga toda la documentación "relacionada con los hechos investigados, la mencionada celebración del referéndum y la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de las estructuras de Estado".
El juez considera que las diligencias son necesarias para "el esclarecimiento de los hechos" y "el descubrimiento de todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores en todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado, la celebración del referéndum para la consecución de la independencia de Cataluña y demás hechos objeto de la presente investigación", resume.
El operativo se puso en marcha a partir de un voluminoso atestado de la Guardia Civil, que solicitó las entradas y registros. Ramírez Sunyer autoriza la medida por "la gravedad de los hechos" y la "plena convicción en la autoría de los mismos". Esas pruebas están contenidas, agrega, en el "minucioso relato" de la Guardia Civil.
El porqué del secreto
La causa permanece bajo secreto de sumario desde el 28 de marzo. El juez justifica esa medida en la "naturaleza de los hechos" y la "necesidad de practicar diligencias en las que la discreción resulta fundamental". Fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que puede tratarse de intervenciones telefónicas. El secreto no solo pretende evitar que quede "comprometido de forma grave el resultado de la investigación", sino, también, por la "relevancia pública de los investigados", añade el juez. La medida, incide, sirve para "preservar su buen nombre y crédito personal, que pudiera verse comprometido ante la publicidad que unos y otros pudieran ofrecer".
El magistrado no ordena explícitamente las detenciones de los altos cargos -la causa acumula ya una veintena de investigados- pero sí autoriza "inclusive la detención" de "aquellos que trataren de impedir, obstaculizar o evitar la práctica de las diligencias".
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