El exjefe del Diplocat desvincula este consorcio de la política exterior de la Generalitat

El que fuera máximo responsable del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), Albert Royo, ha intentado desvincular en el juicio del procés este consorcio público-privado de la política exterior de la Generalitat. Royo está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y podía haberse negado a testificar en el Tribunal Supremo, pero ha optado por hacerlo y se ha afanado por desligar la actividad del Diplocat de las acciones llevadas a cabo por el Govern para internacionalizar la consulta independentista del 1-O.

“Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum”, ha sostenido Royo, que ha insistido en diferenciar la “diplomacia pública” que realiza el consorcio de la “diplomacia” tradicional que ejercen los Gobiernos. Su institución, ha explicado, se dedicaba a “dar a conocer” los rasgos culturales, paisajísticos o sociales de Cataluña “para atraer inversiones, talento y crear lazos de confianza” con otros territorios. “No éramos un Ministerio de Exteriores ni nada parecido”, ha asegurado.

Royo ha presentado el consorcio como un ente "plural" cuyo pleno está formado por 39 instituciones, entre ellas, las universidades públicas catalanas, los sindicatos CC OO y UGT, las principales patronales y el Fútbol Club Barcelona. El testigo ha asegurado incluso que entre el Diplocat y el Govern solía haber ´"cierta tensión" porque la Generalitat hacía propuestas que le interesaban y el organismo intentaba "marcar distancias".

Pero el ministerio público considera que la relación entre la Administración autonómica y el consorcio es mucho más estecha: el presidente del Diplocat era el presidente de la Generalitat, el Govern aportaba más del 85% de la financiación y el Ejecutivo tenía facultad para disolver el órgano, como hizo el Gobierno central cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución.

El papel del Diplocat en el procés se basó, según la Fiscalía, en tres actuaciones incluidas dentro del supuesto delito de malversación. Royo las ha rechazado todas. La primera es una factura de 40.000 euros de hoteles y vuelos para el viaje a Cataluña de varios diputados europeos, encabezados por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda y que, según el ministerio público, actuaron como supuestos observadores internacionales de la consulta. El testigo ha admitido que viajaron entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, pero ha negado la interpretación que hace la acusación.

“Es un programa de visitantes internacionales que se hacía casi cada mes. No era una observación internacional, era un programa de actividades, íbamos al Parlament, se reunían con todos los partidos, había contactos con expertos, visitas, reuniones con alcaldes... era una actividad muy extendida en diplomacia pública”, ha afirmado. “Ellos querían estar en esas fechas en Cataluña para saber lo que sucedía” ha asegurado Royo. Su versión no coincide con lo que se explicó en los días previos al refereéndum del 1-O. Entonces, la Generalitat presentó a este equipo de diputados europeos como la primera "misión internacional de observación electoral" .

La segunda partida, de 54.000 euros, es una factura pagada a una empresa británica para contratar los servicios del ex primer ministro holandés Wim Kok. El testigo ha admitido que abonaron esa cantidad y que Kok iba a viajar los días previos al referéndum para ejercer como portavoz de un estudio académico que se iba a hacer sobre el conflicto en Cataluña y la reivindicación del derecho a decidir. Pero, finalmente, Kok renunció al encargo según Royo porque tenía otras propuestas laborales y la empresa devolvió el dinero.

La Fiscalía vincula también con el referéndum varias facturas que suman 89.000 euros para hacer una página web favorable a la consulta independentista. Royo ha explicado que este contrato data de 2014 y que su finalidad era traducir al catalán textos publicados en la prensa internacional.