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Una juez de Huelva ha archivado provisionalmente la causa contra un empresario de la fresa denunciado por 10 temporeras marroquíes por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. Las mujeres denunciaron el pasado mes de julio ante la Guardia Civil las condiciones en las que vivían en una finca de Almonte además de acusar a su jefe de agresión sexual.

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) considera que no hay pruebas que sustenten la versión de las mujeres ya que “ni de las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo ni por la Guardia Civil se aprecian indicios de las irregularidades denunciadas”. Con su decisión, la magistrada da la razón a la defensa del investigado que solicitó en febrero el sobreseimiento de la causa. Los abogados de las mujeres prometen recurrir, como ya hicieron ante el archivo de una segunda causa, abierta en otro juzgado, por supuestos delitos contra la libertad sexual. "El sobreseimiento se produce sin que se hayan practicado las diligencias acordadas por el propio juzgado. Hemos aportado cantidad de pruebas que nunca han sido tomadas en consideración", mantiene Jesús Díaz, que interpreta lo denunciado como un delito de trata.

En la parte relativa a las condiciones laborales, las temporeras describen en su denuncia los contenedores de obra sin ventanas en los que dormían hasta ocho mujeres, la falta de agua potable y las dificultades de compartir cocina y baño con hasta 12 mujeres. Las temporeras entregaron vídeos desde el interior de los contenedores por los que se colaba el agua a borbotones cuando llovía. Denunciaron también que sus jefes dejaron de pagarles jornadas enteras de trabajo y que no recibieron un anticipo pactado de 50 euros, lo que les llevó a comer alimentos podridos y hierba porque no tenían dinero para comprar comida. Los encargados de la finca, según la denuncia, exigieron a las mujeres (una de ellas embarazada) entre 20 y 40 euros las veces que quisieron ir a un centro de salud. Estas condiciones, defienden los letrados de las temporeras, llevaron a las mujeres a una situación de vulnerabilidad ante otros abusos.

La magistrada mantiene que la Inspección de Trabajo no apreció “incumplimientos ni irregularidad relevante” en lo relativo a las condiciones de contratación en origen ni en materia de prevención. El auto señala que tampoco se apreciaron “indicios de trato vejatorio o discriminatorio alguno, constatando también el estado correcto de las instalaciones y alojamientos”. Los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las visitas a la finca y la inspección ocular, apunta el documento según la nota de prensa distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “no encontraron nada anormal”. En una entrevista reciente a este periódico, cuatro de las mujeres, repudiadas por sus familias tras la denuncia, volvieron a detallar los supuestos abusos sufridos por parte de su jefe. Una de ellas afirmó entre lágrimas que llegó a prostituirse a cambio de comida.

La juez subraya que tanto la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo “llaman la atención sobre la existencia de un numeroso grupo de trabajadoras que hacían alusión a la falta de veracidad de las imputaciones que las denunciantes realizaban al empresario”. Se refiere a una denuncia presentada por un centenar de temporeras marroquíes, subordinadas también del acusado, en la que contradecían la versión de sus compañeras de trabajo. Los abogados de las temporeras mantienen que estas mujeres, que no hablaban español, "fueron coaccionadas” para firmar esa denuncia en defensa de su patrón.

En la misma época otro grupo de cuatro jornaleras denunciaba por abuso sexual al capataz de una finca de Moguer, también en Huelva. Las mujeres volvieron a Marruecos y esperan la celebración del juicio.