Peligro de esclavitud en España

Diez mujeres marroquíes han llegado hasta la Audiencia Nacional para denunciar las condiciones de explotación, esclavización y acoso sexual que, conforme a sus declaraciones, han sufrido en una finca de Huelva a la que acudieron a trabajar en abril como temporeras de la fresa. Los testimonios que aportan constituyen un espeluznante relato de lo que llaman “cosificación” de decenas de empleadas contratadas en origen a las que, una vez en el lugar de trabajo, se las confinó en barracones metálicos sin agua, se les negó acceso a tratamiento médico cuando lo necesitaron y se les menguó o escatimó el salario hasta provocar situaciones de hambre o mendicidad. Algunas de ellas denuncian también acoso sexual, agresión y presión para ejercer la prostitución con hombres que se acercaban a la finca.

El relato de los hechos, que consideran constitutivos de delitos de “trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad”, se agrava además por la ristra de dificultades que ha jalonado sus denuncias ante la Guardia Civil o juzgados de instrucción o el intento de devolverlas en contra de su voluntad a Marruecos, del que algunas escaparon. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto sumario y ha solicitado a la Fiscalía su criterio sobre la competencia de este tribunal ante los hechos al considerar que pueden ser delictivos.

La Fiscalía y la Audiencia deben aclarar la cuestión de competencia pero, corresponda a quien corresponda, las instituciones judiciales deben aclarar con la mayor diligencia la verdad sobre unos hechos que no puede albergar la España de 2018. Cerca de 17.000 marroquíes, normalmente madres con hijos a su cargo que no hablan español y de escasa formación, se convierten cada año en temporeras en Huelva. Los tribunales españoles deben demostrar que son capaces de salvaguardar su integridad en caso de abuso y de perseguir a los supuestos responsables sin demora.