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El precio de denunciar los abusos en la fresa

Diez temporeras marroquíes acusaron a su jefe de acoso sexual y laboral en los campos de Huelva. Aquella decisión les ha cambiado la vida

Una de las temporeras marroquíes que denunció abusos. Foto: ANDREA COMAS. Vídeo: PAULA CASADO/ LUIS MANUEL RIVAS

En junio del año pasado, Amina y nueve compañeras marroquíes que trabajaban recogiendo fresas en Almonte (Huelva) denunciaron abusos sexuales por parte del dueño de la empresa. Afirmaron además que el patrón no les pagaba lo acordado y el dinero no les llegaba ni para comprar la comida. Los vídeos de su rebelión en la finca recorrieron las redes sociales y sus familias las reconocieron. Y las repudiaron.

En la misma época otro grupo de cuatro jornaleras denunciaba por abuso sexual al capataz de una finca de Moguer, también en Huelva. En su caso, alejado de las cámaras, las mujeres volvieron a Marruecos y esperan la celebración del juicio en sus casas.

Ahora, más de nueve meses después de la denuncia, Amina y sus compañeras suman al ultraje de los abusos que relataron y a la pesadumbre de sentirse engañadas, la angustia de vivir un exilio no buscado: no pueden volver a sus casas. Sus familias se avergüenzan de ellas.

“Tú no eres mi madre, eres mi tía”. No había frase más dolorosa para Amina. Su hijo de tres años se la dijo hace tres meses. Aquel día, rota por completo, pensó, una vez más, en coger la maleta y marcharse. Pero no tenía adónde. Su hermano se lo dejó muy claro en una videollamada reciente: “Si vuelves, estás muerta”, e hizo el gesto de degollarla. “¿Cómo voy a volver? Mi familia no me cree. Piensan que soy una prostituta”, relata entre lágrimas.

Las mujeres escaparon de la finca para denunciar los abusos. Describieron los sucios barracones de obra donde dormían. Grabaron con el móvil cómo se colaba el agua a borbotones cuando llovía. Relataron ante la Guardia Civil que no se les dio el trabajo pactado ni cobraron lo convenido. Tras pasar el ayuno del Ramadán durante el día, al atardecer buscaban comida en los contenedores de basura. Su jefe, dicen, las acechaba constantemente. A algunas les ofrecía dinero. Pero a cambio de sexo. Él lo llamaba “friqui-friqui”.

Según cuenta esta mujer, todos los días, un goteo de coches conducidos por hombres a la caza de mujeres vulnerables llegaba a la finca. “A veces tenía hambre. Venía un hombre y me ofrecía hacerme la compra a cambio de irme con él”, recuerda Amina, que a regañadientes reconoce que en tres ocasiones no tuvo más remedio que aceptar la bolsa de comida...

La denuncia les costó cara a estas 10 mujeres, que siguen ocultando sus rostros y pidiendo que en el reportaje se cambie su nombre. En menos de un año se han mudado cuatro veces, han vivido en tres localidades. En septiembre, denunciaron al SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que en un principio se ocupó de ellas, pero al que acusan de usar la notoriedad mediática de su caso en su beneficio, de hacerlas trabajar de forma irregular y de gastar parte del dinero recogido en una campaña solidaria para pagar gastos que los sindicalistas prometieron que asumirían. El SAT rechazó haberse aprovechado de las mujeres, pero no negó específicamente los hechos.

El Estado tampoco ha estado ahí para protegerlas. Sus autorizaciones temporales de residencia y trabajo, previstas para casos excepcionales como el suyo, acaban de ser concedidas. Las pidieron entre julio y agosto. Han pasado más de siete meses en un limbo.

"Mi marido cree que yo tengo la culpa de que mi jefe abusara de mí", dice Aicha

Durante todo este tiempo han asistido a la vida de sus hijos por WhatsApp, contemplando cómo sus familias se deshacían. Algunos de los maridos han denunciado a sus mujeres por adulterio y abandono del hogar y les han pedido el divorcio. Para ellos, que otro hombre les ponga una mano encima, así sea a la fuerza, es una deshonra que deben pagar.

“Mi marido cree que yo tengo la culpa de que mi jefe abusara de mí”, lamenta Aicha, que llegó a Huelva embarazada y ha dado a luz a su bebé en España. La mujer denuncia que su jefe le insistía en tener sexo anal con ella mientras le enseñaba un billete de 50 euros. “Le dije que me dejara, que estaba embarazada. Me dijo que no pasaba nada, que le diera mi trasero. Y me empezó a empujar. Hasta que vinieron mis compañeras y lo sacaron de allí”, cuenta. Se ahoga en el llanto. Pide un vaso de agua para poder continuar. “Cuando reconozcan mis derechos, volveré con la cabeza alta. Aun así, mi vida estará totalmente destrozada. Mi marido se divorciará de mí y me quitará los hijos. Mis padres no se harán cargo de mí. En Marruecos, cuando una mujer está divorciada, sus padres la rechazan”, añade Aicha. “Yo no quiero ni papeles, ni quedarme en España porque ya nos han humillado bastante”, mantiene Amina. Fátima, que asegura que el jefe le reventó la camisa y la penetró con los dedos en un coche, pide a Dios que se haga justicia para volver a casa con dignidad: “Que este hombre acabe en la cárcel y no salga nunca”.

La justicia que reivindican avanza despacio y no a su favor. El empresario, arropado por un gremio que descartó de pleno las acusaciones, negó los abusos. El caso se ha planteado ante diversas instancias. En una de ellas, su denuncia llegó a los tribunales como insinuaciones sexuales y no como abuso o agresión sexual. La causa fue archivada provisionalmente por el juzgado sin que las mujeres declarasen ante el juez. El archivo está recurrido en la Audiencia Provincial de Huelva. Otro juez instructor mantiene una causa abierta por si los hechos fueran constitutivos de delito contra los derechos de los trabajadores. Pero sus letrados, que han llegado a acoger al grupo en su propia casa y las sustentan económicamente, consideran que este es un caso de trata de seres humanos. “Se llevó a las mujeres a tal nivel de vulnerabilidad con la intención de forzarlas a tener relaciones sexuales”, mantiene su abogado Jesús Díaz. "Se están investigando en juzgados distintos y procedimientos diferentes elementos de un mismo tipo penal, la trata de personas".

En junio, cuando relataron sus casos a EL PAÍS, las mujeres rompían a llorar al recordar los momentos más difíciles. Ahora están aún más hundidas. Tan solo una pregunta simple, como cuál es su rutina en la casa de Albacete donde viven, las puede hacer trizas. Responde Aicha: “Cuando escucho cómo los otros niños van cada mañana al colegio, me derrumbo. Ojalá estuviera al lado de mis hijos para llevarlos al colegio. Hace un año que no los veo crecer”, dice. “Es como si su madre estuviera muerta”.

Casi 20.000 mujeres para esta temporada

Para esta temporada se ha autorizado la llegada de 19.179 trabajadoras, casi 10 veces más que en la campaña 2015-2016. Las denuncias de las temporeras coincidieron con la llegada del Gobierno socialista, que puso en marcha un plan para mejorar la contratación en origen de las marroquíes, el único programa que tiene España para promover la inmigración legal. Desde julio, se ha aprobado un código de buenas prácticas para los empresarios, se trabaja en la presencia de mediadoras y se pretende multiplicar las inspecciones de trabajo en los invernaderos. Por primera vez, una entidad externa realizará una evaluación de la temporada.

El trabajo de las temporeras marroquíes no es atractivo para trabajadores españoles. Las asociaciones empresariales acudieron a los servicios públicos de empleo en octubre con 22.562 ofertas de trabajo, pero solo respondieron 937 candidatos.

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