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¿Está el castellano discriminado en España?

Más del 40% de la población española vive en territorios con lenguas cooficiales. El PP y Ciudadanos creen que hay un problema con la lengua en nuestro país

Manifestación contra el decreto del uso del catalán en la sanidad balear, en febrero de 2018. En vídeo, Pablo Casado propone una ley de la lengua.

El líder del PP, Pablo Casado, aprovechó una visita reciente a Barcelona para presentar su propuesta de ley de la lengua. Esta plantea que conocer los idiomas cooficiales sea “un mérito, pero no un requisito para el acceso a plazas públicas”; que los actos administrativos sean “siempre en castellano, además de la otra lengua cooficial” o que nadie pueda ser sancionado si no se le comunica en castellano. El proyecto establece, además: “La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza es el castellano y en las comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, estas podrán ser previstas también como vehiculares”. El PP también quiere que señales, paneles y placas sean “al menos en castellano”. Lo que sigue es una descripción del sistema actual.

Acceso a plazas de empleo público. En Cataluña, los funcionarios deben acreditar un nivel de catalán que varía según la categoría. Las enfermeras, por ejemplo, necesitan el C (el nivel más bajo es el A, el mayor el D) para acceder a una plaza pública. La Escuela de Administración Pública da cursos a los empleados que se incorporen a la Generalitat por traslado.

En Baleares, saber catalán es un requisito para ocupar puestos de funcionario de la Administración General y Especial de la comunidad. El nivel de conocimiento exigido va desde el A-2 (básico) al C-1 (dominio funcional efectivo). En total existen seis certificados de conocimiento de catalán. De estas exigencias está excluido el personal del Servicio de Salud y de los hospitales. Para ellos, el título de catalán no es necesario para obtener una plaza pública, aunque los profesionales que no acrediten su conocimiento en dos años tienen vetado el cobro de pluses de carrera profesional y el acceso a los concursos de traslado. Hay cursos gratuitos de catalán para los trabajadores.

En el País Vasco, hay zonas de mayoría vascohablante y de mayoría castellanohablante, y en cada una de ellas se fijan los requisitos de euskera para el acceso a la administración con un mayor o menor número de plazas en las que un determinado nivel de conocimiento es exigible. El PSE pidió en 2016 una revisión de los requisitos y de las plazas a las que se había asignado un determinado nivel de euskera obligatorio, y esa revisión se está materializando en la actualidad. “Se trata”, explica el diputado socialista Eneko Andueza “de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades”. Este año el Parlamento vasco va a aprobar una ley que garantizará el aprendizaje gratuito del euskera a todos los ciudadanos.

USO DE LAS LENGUAS COOFICIALES

Fuente: Organismos oficiales de cada comunidad e INE.

En Galicia, la ley autonómica de función pública demanda el conocimiento del gallego para ocupar un puesto en la Administración. En la mayor parte de las plazas es un requisito, pero en las sanitarias da puntos, no es eliminatorio.

En la Comunidad Valenciana, no hay requisito lingüístico para acceder a la función pública, aunque conocer la lengua cooficial da más puntos, según establece la ley de 2010, aprobada por el PP. Ahora bien, en 2017, el Gobierno de PSPV-PSOE y Compromís desarrolló la ley vigente con un decreto ahora en vigor en el que se fija el grado de conocimiento del valenciano en función del nivel de la oposición. Se pide a posteriori y si no se tiene el nivel, se concede un tiempo para adquirirlo. Este proyecto se quedó sin tramitar en el Parlamento valenciano. En todo caso, el requisito es para el personal de las distintas consejerías, pero no para el personal docente de educación ni para los de sanidad.

La lengua en la enseñanza. En Cataluña, la lengua vehicular en la escuela es el catalán. Se dan dos horas de castellano a la semana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato. El modelo funciona desde hace 30 años, aunque en la última década ha habido denuncias de familias que reclamaban más horas en castellano. La disputa para que los padres pudiesen elegir la lengua vehicular terminó con varios fallos judiciales favorables que reconocían este derecho, aunque la Generalitat los ignoró. En 2014, el TSJC estableció que había que dar un 25% de clases en castellano y esa medida la han aplicado algunos centros en los que se han producido las demandas. Ciudadanos y el PP consideran que la inmersión es una forma de adoctrinamiento nacionalista y aseguran que el nivel de castellano en los niños catalanes es inferior. Los exámenes PISA no han detectado esta diferencia.

Baleares se rige por el Decreto de Mínimos aprobado por el Gobierno del PP de Jaume Matas en 1997 que blinda la presencia del catalán en el sistema educativo y establece que al menos el 50% de la enseñanza se imparta en esta lengua.

En Euskadi hay tres modelos educativos, el A, el B y el D. El más extendido por matrícula es el D, en el que el idioma vehicular es el euskera, y con varias asignaturas en castellano. El B es mixto (50% y 50% más o menos) y el A es con el castellano como idioma vehicular y euskera como asignatura. Este último, poco a poco está desapareciendo. En este modelo hay un consenso básico desde hace varias décadas. Los datos del informe PISA no son especialmente buenos para la educación vasca, y fuentes de la comunidad educativa apuntan que la calidad se ha resentido en Euskadi no tanto por los alumnos, sino por el esfuerzo de euskaldunización del profesorado que no hablaba la lengua vasca.

En Navarra, casi el 13% de la población utiliza el euskera. Actualmente el 25% de los escolares estudia en el modelo D.

En Galicia, un decreto de 2010 establece que las clases deben impartirse en gallego y castellano al 50%, pero en su artículo 3 fija cuál es la lengua principal: “En la Administración educativa de Galicia y en los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos se utilizará, con carácter general, la lengua gallega y se fomentará su uso oral y escrito”. La ley de normalización lingüística, que fija el gallego como lengua vehicular de la enseñanza, fue firmada hace 35 años por el expresidente de la Xunta, por Alianza Popular, Xerardo Fernández Albor.

En la Comunidad Valenciana, el alumno puede elegir la línea en castellano o valenciano (la forma tradicional de llamar al catalán), con varias asignaturas en las dos lenguas oficiales en cada una de ellas. Según la Consejería de Educación, el 100% dominaba el castellano y el 30%, el valenciano. La Generalitat aprobó la Ley del Plurilingüismo en 2018, que progresivamente pretende “un mínimo del 25% en castellano, un mínimo del 25% en valenciano y entre un 15% y un 25% en inglés”. El resto se regula en la lengua que decida el centro teniendo en cuenta su contexto sociolingüístico, ya que hay territorios en el interior que nunca han sido catalanohablantes. Según Educación, más del 90% de centros han aprobado su proyecto lingüístico por dos tercios. E inciden en que “más del 50% de los centros han optado por tener más de un 25% en valenciano”.

En qué lengua se comunica la Administración. En Cataluña, toda la documentación de la Generalitat es en catalán salvo que la reclamen en castellano. En Baleares, la ley, aprobada en 1986 por el PP, establece que el catalán es la lengua del Gobierno autónomo, del Parlamento y de las instituciones públicas. Las certificaciones se expiden en catalán, excepto en el caso de que el interesado pida su versión castellana.

En Euskadi, cualquier ciudadano que quiera comunicarse con la Administración lo puede hacer en ambas lenguas. Durante el mandato de EH Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, se aprobó un plan de normalización del euskera que acabó en los tribunales. Los jueces consideraron que varios artículos tenían un efecto discriminatorio sobre el castellano.

En la Comunidad Valenciana, cuando se llama al teléfono de la Generalitat (012), responde en valenciano una voz de mujer que de inmediato ofrece ser atendido en valenciano o en castellano. En el teléfono de emergencias 112, se contesta en castellano o valenciano indistintamente. En las ventanillas de cualquier institución autonómica suele suceder lo mismo, si bien el castellano es más habitual.

Feijóo: “En Galicia la lengua no supone un problema”

Por lo general, la visión de los problemas de la lengua no es la misma desde Madrid que desde el lugar donde se habla, aunque se comparta el mismo color político.

En Galicia, el PP de Alberto Núñez Feijóo recibió con frialdad las promesas lingüísticas lanzadas por Pablo Casado. El presidente gallego no se da por aludido. Los cambios defendidos por Casado, sostiene, no van dirigidos a la comunidad gallega porque en ella “el idioma no es un problema”.

El líder del PP gallego ganó las elecciones autonómicas de 2009 rompiendo la paz lingüística instaurada por Manuel Fraga y agitando propuestas de espíritu similar a las de Casado para evitar que UPyD le comiese terreno entre el electorado más españolista. Prometió, por ejemplo, que las familias podrían elegir la lengua en la que estudian sus hijos, pero ya en el despacho presidencial de la Xunta se topó con que el marco legal se lo impedía. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó en 2012 que es la Administración la que tiene que establecer el idioma de enseñanza.

En Cataluña, el diputado Santi Giménez cierra filas con Casado. Sostiene que el castellano está discriminado tanto en la Administración como en la escuela, y apunta que no se respetan las sentencias judiciales que defienden que el castellano sea vehicular. “Esa ley dejaría a los dos idiomas en igualdad de condiciones”. Y pone este caso como ejemplo: un granadino no puede acceder a la función pública si no sabe catalán, pero sí viceversa. “El catalán debería ser un mérito y no un requisito. Otra cosa es que de forma gradual se pueda ir enseñando”, dice. “No creo que el uso de una lengua cooficial merme los servicios públicos pero sí los derechos de unos ciudadanos que tienen que exigir demasiadas veces que se les atienda en una determinada lengua. Tienen que esforzarse demasiado porque a efectos prácticos todo se hace en catalán”.

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, cree necesario “equilibrar las dos lenguas”, aunque prefiere no usar términos como “discriminación”. Apuesta por derogar el decreto del catalán en la sanidad aprobado por el Gobierno de Francina Armengol. “En el ámbito sanitario se ha utilizado la lengua como un requisito y hay que dejar de poner barreras. A Baleares han dejado de venir médicos porque se les exigía que hablasen la lengua de las islas y no se puede mermar un servicio básico como es la sanidad poniendo trabas por cuestiones de lengua”.

Desde el País Vasco, el candidato popular a la alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, afirma: “El objetivo de una ley de lenguas no puede ser otro que garantizar el derecho al uso de la lengua común y el respeto y promoción de las lenguas vernáculas allá donde existan”. Cree que “no se garantiza el acceso a la administración pública en igualdad de condiciones ni se toma en consideración la diferente realidad sociolingüística” del territorio. Semper plantea una paradoja: “Ocurre que los mejor preparados en la lengua vernácula consiguen los mejores puestos en los lugares donde esa lengua no se habla y los que tienen menor competencia en euskera cubren los destinos en los lugares donde el euskera es mayoritario”.

La líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, cree que el castellano sí está discriminado en su comunidad. “El 93% de los alumnos en la provincia de Castellón estudian solo en líneas en valenciano. Hay muchos municipios donde no hay oferta escolar en lengua castellana, no se puede elegir. Aquí PSPV y Compromís están siguiendo con la imposición lingüística la misma hoja ruta que el separatismo en Cataluña hace 20 años. Hay territorios de España donde el castellano está perseguido”, señala.

"Límites al talento"

“Aquí, además de eliminar la elección de los padres a la hora de elegir la lengua de sus hijos, se ha querido imponer el requisito lingüístico obligatorio para acceder a la función pública, y en algunos puestos ya ocurre así”, añade. Para Bonig, la política lingüística está afectando a la calidad de los servicios. “Limita la capacidad para atraer talento. ¿Si no sabes valenciano no puedes ser médico en un hospital público, aunque seas una eminencia? Hay quien cree que no. De hecho ya ocurre que para determinados puestos el valenciano cuenta más, por ejemplo, que una tesis doctoral”, se queja.

La líder popular en Navarra, Ana Beltrán, ha tenido numerosos enfrentamientos con la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez (de Podemos) porque le daban paso en las sesiones parlamentarias en euskera, pese a que la Cámara tiene traducción simultánea. Considera que las comunicaciones bilingües “entorpecen el trabajo” y suponen “una falta de respeto”.

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