El TSJCV anula dos artículos más del decreto sobre el uso del valenciano en la Administración

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nulos dos artículos más del decreto de la Generalitat que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración autonómica. El pasado miércoles, la misma sala del TSJCV anuló parcialmente 11 artículos y una disposición final, que destacaba el uso del valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y la publicidad institucional, los contratos con proveedores, la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias. 

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Este viernes la misma Sala del Tribunal valenciano ha estimado, parcialmente, tres recursos interpuestos por la Abogacía del Estado, el sindicato CSIF y la Asociación para la Defensa del Castellano. Y, además de ratificar la nulidad de 11 artículos acordada en la primera sentencia, ha anulado el artículo 4 por atribuir al valenciano una condición de lengua “destacada” sobre el castellano, en vez de utilizar el término de “lengua preferente”. “El trato que se da al valenciano incurre precisamente en el exceso prohibido por el Tribunal Constitucional. El reglamentador cuida omitir el término preferente, que sabe inconstitucional y lo sustituye por el adjetivo destacada, pero con prácticamente el mismo resultado”, señalan los magistrados. "Sortean la declaración de inconstitucionalidad de la preferencia, pero solo aparentemente", indican en la sentencia. 

El Tribunal también ha anulado el artículo 22, que establecía que las escrituras de la Generalitat debían hacerse necesariamente en valenciano. “El artículo lo que hace es disponer la excepción a la regla de usar únicamente el valenciano: que se redacten también en castellano si lo solicita la otra parte". 

La sala desestima la petición del CSIF, que pedía la nulidad íntegra del decreto por no haberse negociado con las centrales sindicales. Los magistrados justifican que la tramitación fue respetuosa con la ley y en contra de lo sostenido por el sindicato, señalan que la negociación no es requisito legal previo a la aprobación del norma.

Horas antes de que se conociera la sentencia, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, ha acusado al Partido Popular de ser "irresponsable" y "poco democrático", por querer convertir la suerte de tener dos lenguas en la Comunidad Valenciana en una confrontación.

Oltra ha indicado que la Generalitat va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que anula varios artículos del decreto sobre el uso del valenciano en la Administración, con el fin de "defender los derechos de las personas".

Intersindical Valenciana ha manifestado que rechaza totalmente las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana sobre el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, ya que "tienen un componente claramente político".

Según ha manifestado el sindicato en un comunicado, las resoluciones del TSJ "obedecen a un pronunciamiento político más que jurídico, como se puede deducir de una lectura comprensiva de las cuatro sentencias". El sindicato ha criticado el uso partidista de la lengua por parte del gobierno de Mariano Rajoy, "que usó a la abogacía del Estado para recurrir el decreto", y de los diputados del PP y las dos entidades "contrarias al valenciano", que presentaron recurso.