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El Gobierno recurre el decreto de la Generalitat que regula el uso del valenciano en la Administración

La Abogacía del Estado considera que hay artículos que pueden resultar "problemáticos"

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Moragues, a la izquierda, con el consejero de Educación, Marzà. Ampliar foto
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Moragues, a la izquierda, con el consejero de Educación, Marzà.

La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto, aprobado en mayo por el Gobierno valenciano, que regula el uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en la Generalitat Valenciana. Tras el análisis jurídico de dicha norma, el Gobierno que dirige Mariano Rajoy, entiende que "se recogen preceptos problemáticos que pueden resultar contrarios a la ley y a la Constitución".

Entre los artículos "cuestionables" están los que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Generalitat que estén dirigidas a comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, se redactarán en valenciano. Para la delegación de Gobierno "resulta evidente que para que las comunicaciones desde la Comunidad Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a Comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que no es posible", aseguran, "al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunidad Valenciana".

Además, el artículo 20 obliga a los contratistas a utilizar el valenciano en los bienes y servicios que son objeto del contrato. "Deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía".

El Gobierno considera que el decreto "vulnera el principio de libertad de circulación, el artículo 139 de la Constitución, y el principio de libertad de acceso a las licitaciones contemplado en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público", considera Delegación del Gobierno.

El síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, ha mostrado la disconformidad de su grupo con el recurso del Gobierno. Para Ferri es "indecente la fijación con nuestro autogobierno. Parece que sólo se acuerdan de los valencianos para recurrir las políticas que lleva adelante la Generalitat para mejorar la calidad de vida de los valencianos. Con este recurso el PP vuelve a demostrar que está en contra del valenciano y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura", ha destacado.

La Plataforma per la Llengua también ha criticado la "intolerancia" del Gobierno al interponer un recurso contra el decreto que regulan el uso en la Administaración de la lenguas oficiales en la Generalitat Valenciana. La plataforma ha defendido que el decreto es "un avance significativo por la consideración que hace del valenciano como lengua propia y de uso normal y general de la administración de la Generalitat". "Todos son ejemplos de la buena línea emprendida por los instituciones valencianas en cuanto a el uso normal del valenciano", ha señalado.

Hace apenas unos meses el consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà, y el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, acordaban cursos para que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad Valenciana se formaran en valenciano.

El 93% de los funcionarios de la Generalitat entiende el valenciano. Pero el 43% no sabe hablarlo en absoluto o solo un poco y un 54% es incapaz de escribirlo con cierto grado de solvencia. "Perfectamente", solo pueden producir la lengua de forma oral el 26% de los 15.656 funcionarios del Consell, el núcleo de los empleados públicos de la Generalitat, y solo el 15% es capaz de escribirlo. Si bien ambas proporciones aumentan en otros 31% y 31% respectivamente si se incluye quienes afirman saber hacerlo "bastante bien". Tras la encuesta, el Ejecutivo que dirige el socialista Ximo Puig, puso en marcha el decreto.

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