El PP valenciano agita el conflicto lingüístico para movilizar el voto anticatalanista

El discurso anticatalanista del Partido Popular (PP) valenciano es un tema recurrente que ha dado excelentes resultados, en otras épocas, a la formación conservadora que dirige la castellonense Isabel Bonig. Y que ha impedido que las relaciones con Cataluña transcurrieran con la normalidad deseable para dos autonomías vecinas con más puntos en común que divergencias. “Cuando se carece de argumentos siempre se saca el monstruo de la lengua”, afirma Eva Ciscar, exresponsable de Enseñanza en Lenguas de la consejería de Educación en la etapa de Francisco Camps.

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“Es una pena que se use la educación como batalla política”, destaca esta profesora, encargada de poner en marcha el modelo lingüístico del PP en el año 2012, también mediante un decreto de plurilingüismo, que ahora está siendo sustituido por el que aprobó recientemente el Gobierno valenciano, objeto de debate en la Comunidad Valenciana y fuera de ella. “Con el desarrollo de la Llei d´Us i Ensenyament del Valencià (LUEV) hubiera sido suficiente”, agrega Ciscar, que considera el anterior un retroceso para el aprendizaje del valenciano, y el actual, similar al que puso en marcha el PP. “Apenas se han producido modificaciones importantes. Han sido demasiado prudentes, pensaba que iban a ser más atrevidos porque iba en su programa electoral”, explica Ciscar, que defiende una actitud más osada en la enseñanza del valenciano.

Con este panorama, no es de extrañar que el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig haya modificado algunos aspectos del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico (PEPD), que el Gobierno valenciano pondrá en marcha el próximo año en infantil y primaria, primero; y paulatinamente en el resto de etapas, hasta el año 2023, que se implantará en bachillerato y formación profesional. "El consejero de Educación, Vicent Marzà, ha hecho un ejercicio de responsabilidad intentado poner sobre la mesa una solución que no va contra nadie y va a favor de todos", manifestó Puig tras la advertencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, amenazando con acudir a la justicia si la Generalitat no modificaba el decreto, que daba la máxima acreditación en inglés a los alumnos que escogían el nivel avanzado de valenciano, discriminando a los que preferían niveles con mayor proporción de castellano.

Marzà, maestro de profesión, perteneciente a Compromís, ha modificado el apartado que le pedía Educación: los centros que han optado por los niveles con más castellano, dispondrán de más horas de libre disposición, pasando de una hora a dos y media. Otro de los aspectos sobre el que Méndez de Vigo hacía hincapié era que todos los estudiantes pudieran obtener una certificación de inglés superior a la que le correspondería por el nivel cursado, el elegido por el centro. “Estamos seguros de que no habrá más problemas porque todo queda claro en el propio decreto” ha indicado el consejero, que mientras resolvía las dudas del ministerio, recibía el varapalo de los populares valencianos que lo acusaban de independentista y sectario, por recibir el premio Jaume d’Urgell por su contribución en el restablecimiento de las relaciones culturales entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. “Marzà hace política en las aulas. Es el caballo de Troya de los separatistas en la educación valenciana, y lo es ante la pasividad del presidente Puig y la complicidad de la vicepresidenta Mónica Oltra”, le acusaba la vicesecretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas.

El PP siempre ha contado en esta batalla política con el apoyo de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) y sus asociaciones satélite. “No hemos podido participar en la redacción del decreto. Es arbitrario y discriminatorio al generar alumnos y colegios de primera y de segunda”, ha denunciado el presidente de FCAPA, Vicente Morro, que ha manifestado que recurrirá el decreto, como también la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, a pesar de la aprobación del ministerio.