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El TSJ anula 11 artículos del decreto que prima el uso del valenciano en la Administración autonómica

El tribunal considera contrario a derecho que los funcionarios de la Generalitat tengan obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los ciudadanos

La sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado 11 artículos y una disposición final del decreto de la Generalitat Valenciana que prioriza o destaca el uso del valenciano, lengua cooficial junto con el castellano, en la Administración autonómica. El tribunal declara contrario a derecho que los funcionarios tengan obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los ciudadanos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV estima parcialmente el recurso presentado por dos diputados autonómicos del PP y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, así como la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público.

Los magistrados validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los diputados del PP, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.

Según la resolución, "imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatut d'Autonomía, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.

La sala entiende además que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano solo tienen validez dentro de la comunidad autónoma, lo que implica que para que tengan eficacia en otras autonomías tienen que ser traducidos al castellano, también incluso los dirigidos a comunidades que el Gobierno valenciano considera del "mismo ámbito lingüístico" que la valenciana, como son Cataluña y Baleares.

El decreto había sido recurrido con anterioridad por el Gobierno español que presidía Mariano Rajoy y fue aprobado a finales de 2017. El tribunal recuerda que sobre algunos de los artículos del decreto, había emitido un informe desfavorable el Consell Jurídic Consultiu, una especie de Consejo de Estado de ámbito autonómico.

La Generalitat estudia si recurre

La Consejería de Educación, que tiene las competencias en materia lingüística, replica que “en ningún caso” se excluye una lengua oficial respecto a la otra. “Todas las referencias que se detallan en el decreto de usos se hacen sin limitar el empleo del castellano en la Administración de la Generalitat”. Este departamento recordó que el artículo 4 del decreto, “que no ha sido anulado por el TSJCV”, dice que el valenciano “es la lengua propia de la Generalitat y como tal será la destacada de uso normal y general”. El PP insiste en que el decreto “margina el castellano”.

No es el primer recurso de los populares contra normas relacionadas con las lenguas del Gobierno valenciano, que forman PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo de Podem. Antes impugnaron el decreto del plurilingüísmo —cuotas de enseñanza en valenciano, castellano e inglés— en una comunidad donde el 85% de los valencianos considera que su lengua se tendría que utilizar igual o más, según la encuesta de Conocimiento y uso del valenciano, de 2015.

El sindicato Intersindical Valenciana, con fuerte implantación en la enseñanza pública valenciana, ha discrepado "de manera rotunda" de la sentencia del TSJCV por la que se anula gran parte del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica. Según la organización, "el pronunciamiento del tribunal tiene un fuerte componente político".

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