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El TSJC fija un 25% de castellano en tres centros más de Barcelona y Tarragona

Seis nuevos autos imponen, como medida cautelar, 6,25 horas semanales de castellano en las clases donde cursan los hijos de las familias denunciantes

Alumnos de una clase de educación infantil.
Alumnos de una clase de educación infantil.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado seis autos en los que obliga al Departamento de Educación de la Generalitat a garantizar que en las clases donde cursan los hijos de las seis familias denunciantes se imparta, al menos, un 25% de las horas lectivas en castellano. En este sentido, el tribunal ya se había pronunciado al menos en cuatro sentencias anteriores y otra veitena de autos, según la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). A falta de una sentencia, el TSJC ha vuelto a imponer esta medida cautelar a otros tres centros de Barcelona y Tarragona.

"Partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo (...), fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y clase donde el hijo de la recurrente sigue sus estudios, en un 25% de las horas efectivamente lectivas", concluye el auto. Esto significa que, al igual que en sentencias y medidas cautelares aprobadas con anterioridad, la medida afectará a los hijos de los demandantes y a su grupo de clase, pero no a todo el colegio.

El juez recurre, en su argumentario, a la sentencia del TSJC 31 de enero de 2014 que fijó, por primera vez, fijaba en el 25% de las horas lectivas la "proporción razonable" de clases en castellano para considerar que esta lengua también es vehicular. Esto significa, 6,25 horas semanales de presencia del castellano. En Cataluña, el catalán es la lengua vehicular y se reservan dos horas semanales de castellano en la asignatura de Lengua Castellana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato.

Según la AEB, la novedad de este auto es que el TSJC también obliga a la Generalitat y a los centros escolares a garantizar la intimidad y la privacidad de los menores que hayan solicitado la escolarización en castellano. "Evita situaciones de acoso o presión que hemos vivido otras veces", señala Ana Losada, portavoz de la entidad, que asesora a las familias que quieren solicitar la escolarización en castellano.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Educación ha indicado que no recurrirán el auto porque se trata solo de medidas cautelares. "Es un tema que afecta a pocas escuelas de Cataluña. Consideramos una injerencia que judicialmente se nos diga cómo se han de enseñar las lenguas. Haremos todo lo posible para que haya los cambios normativos y jurídicos necesarios para protegernos ante estas sentencias respetando los derechos lingüísticos establecidos en la Ley de Educación de Cataluña", ha valorado este portavoz.

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