La semana de Trapero y de los observadores internacionales

El juicio del procés entra este lunes en su quinta semana con un programa de testigos cuyos nombres, en su mayoría, apenas dicen nada al público, pero que previsiblemente tendrán un papel muy relevante para apuntalar —o rebatir— el delito de malversación del que se acusa a los 12 líderes políticos y sociales del independentismo catalán. Por el salón de plenos del Tribunal Supremo pasarán, desde el lunes hasta el jueves en sesiones de mañana y tarde, responsables y trabajadores de las empresas a las que la Generalitat presidida por Carles Puigdemont encargó la confección y el suministro del material —papeletas, sobres, tarjetas censales, propaganda…— para el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.

También están citados algunos de los observadores internacionales de la consulta ilegal, cuyos servicios fueron supuestamente abonados por las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y por Diplocat, el cuerpo diplomático catalán paralelo al estatal y que ha servido como correa de transmisión de las tesis secesionistas en el exterior.

En su escrito de acusación, la Fiscalía cifra en 2,87 millones de euros el dinero supuestamente malversado en el proceso independentista por estos y otros conceptos. Esta cifra, de probarse finalmente, está muy por encima del límite de 250.000 euros que marca el umbral de la malversación agravada. El ministerio público reclama siete años de prisión por este delito para los exconsejeros catalanes Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. En caso de resultar acreditada, la malversación supondría un endurecimiento del delito de rebelión del que se acusa a Oriol Junqueras y a los otros ocho líderes secesionistas encarcelados y por el que se le reclaman penas de entre 16 y 25 años de prisión.

La semana en el Palacio de las Salesas —al menos sobre el papel— irá de menos a más. Tras el paso de los proveedores logísticos, los expertos internacionales, y también de los guardias civiles que ejercieron de instructor y secretario de los 31 atestados del instituto armado incorporados al sumario, el jueves por la tarde comparecerá ante el tribunal uno de los grandes protagonistas del procés: Josep Lluís Trapero.

El mayor de los Mossos d’Esquadra, jefe de la policía catalana hasta su destitución, el 27 de octubre de 2017, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha sido citado en una semana complicada para el cuerpo autonómico. El lunes, antes de los testigos centrados en la malversación, Manel Castellví, ex comisario general de Información de Mossos, terminará la explosiva declaración que inició el jueves pasado. En ella manifestó, tras muchos titubeos y meandros discursivos, que el 28 de septiembre de 2017, tres días antes del referéndum, la cúpula del cuerpo advirtió al expresident Carles Puigdemont, al exvicepresidente Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn, del peligro de una "escalada de violencia" si seguían adelante con la consulta ilegal.

Las defensas, que vieron su testifical con gran inquietud —Castellví puso un ladrillo muy importante para el posible delito de rebelión—, tratarán de desactivarlo. Tras Castellví intervendrá, también como testigo, el comisario de Mossos Emili Quevedo, el principal responsable del polémico dispositivo de la policía autonómica contra el referéndum del 1-O, que fue sustituido por los agentes de Policía y Guardia Civil enviados por el Ministerio del Interior.

El mayor Trapero está acusado por rebelión en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el papel de los Mossos en el proceso independentista y la Fiscalía pide 11 años de cárcel para él. Por esta condición, podrá acogerse, si quiere, a su derecho a no declarar como testigo en la causa del Supremo.

Ese mismo jueves por la tarde, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha citado a otros tres personajes ilustres también imputados en otras causas sobre la tentativa independentista: Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras y a quien se le intervino el documento Enfocats, una hoja de ruta del procés nunca reconocida por sus líderes; Santiago Vidal, magistrado y exsenador de ERC que redactó una Constitución catalana; y Carles Viver Pi i Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo para la Transición Nacional, órgano asesor de la Generalitat en el proceso independentista.