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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

El fiscal estudia reclamar a Puigdemont en el Tribunal de Cuentas el dinero del ‘procés’

Recurrir a la jurisdicción contable permitiría recuperar los fondos con mayor rapidez, según fuentes jurídicas

Puigdemont asiste por videoconferencia a la presentación del Consell por la República el 30 de octubre. Ampliar foto
Puigdemont asiste por videoconferencia a la presentación del Consell por la República el 30 de octubre. EFE

La Fiscalía acudirá al Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero supuestamente malversado en el proceso independentista catalán. Fuentes jurídicas afirman que recurrir a la jurisdicción contable permitiría recuperar los fondos con mayor rapidez al contar con mejores herramientas legales. El fiscal se plantea, además, actuar contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern fugados ya que no es precisa su presencia en el procedimiento, al contrario de lo que sucede en la vía penal ante el Supremo.

La Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas ultima —de manera paralela al procedimiento penal— una demanda para lograr la restitución de los fondos de la Generalitat de Cataluña supuestamente empleados para financiar el proceso que desembocó en la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Según informan a este periódico fuentes del órgano fiscalizador, el fiscal Miguel Ángel Torres Morato pedirá que se abra una investigación en la llamada jurisdicción contable para que los responsables de la salida irregular de fondos los reintegren al erario público. Fuentes próximas al Tribunal de Cuentas calculan que el dinero supuestamente malversado ronda los tres millones de euros.

La fórmula buscada para lograr la devolución del dinero público desviado a fines no previstos para ello en los presupuestos es la misma que se ideó para recuperar los fondos supuestamente malversados en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional.

Un juicio con 256 testigos en el Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al tribunal que enjuiciará el caso del procés en la vía penal la presencia en la vista oral de un total de 256 testigos, según fuentes del ministerio público. Entre los citados estarán el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el operativo policial contra la celebración del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017. La fiscalía, que acusa de rebelión a los líderes del intento de independencia del otoño pasado, pretende apuntalar la idea ante el tribunal de que los mandos policiales advirtieron el 28 de septiembre a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de la posibilidad de que se produjeran actos violentos si seguían adelante con la consulta.

La fiscalía reclama en esa causa 5,25 millones de euros de manera solidaria al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y a otros siete investigados. Ese dinero tuvo que ser depositado como fianza antes del juicio, que se celebró a principios de este pasado octubre y que está pendiente de sentencia. El Tribunal embargó los bienes de los investigados para hacer frente a sus posibles responsabilidades. La decisión que en su momento tome el Tribunal de Cuentas puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

El pasado viernes, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus escritos de calificación provisional en la causa penal del procés. En ellos, además de las penas de prisión por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia —según los casos— las acusaciones públicas establecían un cálculo preliminar de las cantidades supuestamente distraídas del erario público para el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía optaban por no ejercer acciones para lograr la responsabilidad civil en este proceso penal y se reservaban la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero. La Abogacía cifra los fondos supuestamente malversados en 1,97 millones de euros mientras que la Fiscalía eleva el montante a 2,87. En cualquier caso, la cifra no está cerrada: la Guardia Civil en uno de sus últimos informes incorporados a la investigación situaba ese listón en 4,02 millones.

Fuentes jurídicas señalan que en el caso del procés, la idea de acudir al Tribunal de Cuentas tiene que ver con la facilidad de investigación. El máximo órgano fiscalizador del Estado “tiene más medios que el Supremo para determinar el importe total malversado”, señala un abogado consultado. Las mismas fuentes apuntan otra ventaja: la investigación y el juicio contable no requieren la presencia de los considerados responsables, lo que abre la puerta a poder actuar en esta jurisdicción contra los miembros del anterior gobierno catalán fugados: Carles Puigdemont, Toni Comin, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

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