La petición de 25 años para Oriol Junqueras amenaza los Presupuestos

Si el Gobierno pretendía una solución salomónica en la causa del procés, logró algo aún más difícil: una tormenta política con críticas a los dos lados. La decisión del Ejecutivo de suavizar la acusación de la abogacía del Estado, que no ve rebelión en la actuación de los líderes del procés pero sí sedición, no logró aplacar a los independentistas y provocó acusaciones de traición de la oposición. La petición de la fiscalía de 25 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras y otros procesados provocó un estallido de la política catalana y española que amenaza la estabilidad del Gobierno y forzar el final anticipado de la legislatura.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se ha movido ni un milímetro de la acusación que hizo hace un año, en pleno desafío independentista, contra la cúpula del procés. El ministerio público acusó ayer formalmente de rebelión a 13 líderes independentistas y solicitó para algunos de ellos las penas más duras previstas para este delito en el Código Penal cuando en la rebelión no se hayan esgrimido armas. Oriol Junqueras, al que el ministerio público atribuye el papel de principal líder del procés, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por un delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos.

La fiscalía atribuye también ambos delitos a los otros cinco exconsejeros de Carles Puigdemont encarcelados preventivamente (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), aunque el ministerio público les sitúa en un segundo nivel de responsabilidad respecto a la rebelión, lo que les enfrenta a peticiones de penas algo inferiores (16 años de cárcel y de inhabilitación), aunque también muy elevadas.

A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart) la fiscalía les acusa de rebelión pero, como no formaban parte del Govern, quedan eximidos de la malversación. Aún así, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los exconsejeros (17 años de cárcel y de inhabilitación).

La gravedad de la acusación del ministerio público dejó en nada el intento del Gobierno de hacer un gesto con el escrito de la abogacía del Estado, que no acusa de rebelión sino solo de sedición. Ese paso del Ejecutivo, que dudó mucho en tomar, tuvo el efecto contrario. Indignó por motivos contradictorios a la oposición, que acusa al Gobierno de haber traicionado a los españoles al renunciar a la rebelión, y a los independentistas, que reprochan que en realidad la abogacía ha endurecido su posición porque hasta ahora solo acusaba de malversación. Lo que para la oposición es una concesión intolerable a los independentistas, para ellos es un gesto tan pequeño que es más bien una ofensa.

La decisión del Gobierno, que rechaza cualquier interpretación política y trata todo el asunto como si fuera una simple discusión técnica entre juristas, fue recibida muy mal entre los secesionistas, que amenazan con no aprobar los Presupuestos y, por tanto, forzar en un plazo no muy largo la convocatoria anticipada de elecciones. El Gobierno insiste en que podría seguir incluso sin Presupuestos, pero fuentes del entorno del presidente admiten que si no logra aprobar las cuentas en marzo, cuando está previsto, la inestabilidad será tan fuerte que el escenario más probable en ese momento sería el de elecciones en otoño de 2019. Lo que no está de momento encima de la mesa son las elecciones en marzo, el otro escenario posible, antes de las municipales y autonómicas. Sánchez y su equipo seguirán intentando hasta el final pactar los Presupuestos con los independentistas, y solo si fracasan definitivamente, y eso sería en marzo o más tarde, tomarían esa decisión del adelanto electoral.

El independentismo fue muy claro al vincular las decisiones que se adoptaron ayer en los escritos de la fiscalía y la abogacía con el probable fracaso de los Presupuestos. “Lamentablemente Sánchez no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy. No ha habido ni un gesto ni un movimiento por su parte. Por tanto, no habrá ni un movimiento ni un gesto por nuestra parte”, sentenció Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de ERC mientras su líder, Oriol Junqueras, esté en la cárcel.

Los republicanos siempre exigieron que el Gobierno pidiera expresamente a la fiscalía que retirara la acusación de rebelión, algo que el Ejecutivo se ha negado a hacer. En la misma línea, el PDeCAT, cuyos votos también son imprescindibles para el Presupuesto —uno de los dos grupos debería apoyarlos y otro al menos abstenerse para que salieran adelante— aseguró que “el mantenimiento del acoso judicial al movimiento independentista hace imposible mantener algún tipo de colaboración con el Gobierno español”.

Aún así, el Ejecutivo no pierde la esperanza y recuerda que queda mucho tiempo antes de que llegue la negociación y la decisión final, que será en febrero o más adelante. El Gobierno parte de la base de que a los independentistas no les interesa adelantar las elecciones ahora. La acusación de la fiscalía, con sus elevadas peticiones de penas, es la que más peso jurídico tiene y la que se considera como principal referencia ante el juicio oral que el Supremo prevé celebrar a principios de 2019. Pero en esta ocasión, el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía del Estado, una acusación aparentemente secundaria, ha pasado a primer plano por su enorme significado político.

En febrero de 2018, la abogacía (entonces bajo el Gobierno de Mariano Rajoy) se personó solo por el delito de malversación, aunque durante la causa se adhirió a muchas de las iniciativas de la fiscalía y en agosto pasado pidió que se abriera juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia. El abogado del Estado podía haberse limitado en su escrito de ayer a la acusación por malversación, el delito por el que estaba personado. Pero, entre tiras y afloja de la oposición y de los partidos separatistas, el Gobierno ha optado por acusar a la cúpula independentista de sedición, un delito que hasta ahora estaba fuera de la causa abierta en el Supremo y que reduce a menos de la mitad las penas de cárcel que se solicitan para algunos acusados. En el caso de Junqueras, los 25 años que pide la fiscalía bajan a 12 por parte del abogado del Estado.

Tanto la rebelión por la que apuesta la fiscalía como la sedición de la que acusa la abogacía castigan a los que se “alcen” contra las leyes establecidas, pero la rebelión exige que el levantamiento sea “violento” y la sedición, “tumultuario”. Por tanto, la decisión de acusar por uno u otro delito parte de una diferencia de criterio básico: si los líderes independentistas recurrieron o no a la violencia como medio para intentar declarar la independencia.

La fiscalía considera que sí y detalla en su escrito una serie de “episodios violentos”, que van desde el “asedio” a jueces y policías durante registros en sedes del Govern, a “agresiones” a agentes durante la jornada del referéndum del 1 de octubre. La abogacía del Estado, sin embargo, califica estos mismos hechos como “incidentes de orden público” y evitar usar el adjetivo violento. Un gesto claro, impensable con el Gobierno de Rajoy, que sin embargo parece condenado a la inutilidad en su objetivo principal: aplacar a los independentistas.