ERC y JxCat rechazan apoyar las cuentas de Sánchez tras no ver ningún gesto en el escrito de la Abogacía

Tanto los miembros del Govern como los líderes de Esquerra Republicana y el PDeCAT siempre habían supeditado el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a un "gesto" por parte del Gobierno central hacia los políticos independentistas presos. Una iniciativa que encajaría en los escritos de acusación que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado han presentado hoy y que el independentismo cree que no se ha producido. “Todo lo contrario”, han asegurado este viernes el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, que consideran que las penas solicitadas son más duras, incluso pese a la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión, como sí ha hecho el ministerio público. Tanto republicanos como neoconvergentes han asegurado que su apoyo a los Presupuestos ha quedado aún más en entredicho.

“Lamentablemente Sánchez no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy. No ha habido ni un gesto ni un movimiento por su parte. Por tanto, no habrá ni un movimiento ni un gesto por nuestra parte", ha dicho Aragonès, en referencia a un posible apoyo a las cuentas. Los republicanos habían condicionado ese apoyo a un cambio de criterio de la fiscalía, ya que consideran que había margen dentro del Estatuto del Ministerio Público para hacerlo. En un comunicado, el PDeCAT reiteró que "el mantenimiento del acoso judicial al movimiento independentista hace imposible mantener algún tipo de colaboración con el Gobierno español".

De hecho, la diputada Gemma Geis (Junts per Catalunya) ha considerado que el Gobierno, en lugar de hacer un gesto, "hace todo lo contrario". "La Abogacía del Estado de Rajoy solo acusaba a los presos políticos de malversación. La de Sánchez agrega además la sedición", ha explicado. Un diagnóstico que también comparten los republicanos.

El Ejecutivo catalán en pleno y varios diputados de las formaciones independentistas tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados se han reunido este viernes en la Cámara catalana para dar una respuesta conjunta a los escritos de acusación de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. El ministerio público pide hasta 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, al que le atribuye el delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado no ha acusado a los procesados de rebelión, pero si de sedición.

Se trata de cargos que también se imputan a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, están en prisión preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 años de cárcel. A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart) se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Aún así, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los exconsejeros (17 años de prisión).

Tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, han rechazado las acusaciones y han calificado de “farsa” el proceso judicial. Consideran que se fundamenta en un relato lleno de mentiras sobre los hechos de la protesta alrededor de la Consejería de Economía de la Generalitat. “Cualquiera que haya estado allí sabe que no hubo violencia”, ha asegurado Torrent. Para ambos, la causa va contra el independentismo en su conjunto, no contra los políticos en prisión preventiva y los que están en libertad pese a estar siendo procesados.

Para Torra, el hecho de que la Abogacía del Estado se desmarque del delito de rebelión no tiene trascendencia alguna. “No es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas que están en prisión. El presidente Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad de oro de sacar de los tribunales el conflicto catalán y volverlo a la política. Así cree que gana algunos votos pero está yendo en contra de la democracia española”, ha asegurado el president.

"¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los dos millones de personas que quieren la república catalana?", se ha preguntado Torra, que ha asegurado que el presidente del Gobierno es "cómplice de la represión" porque "ha decidido no actuar". "No pararemos hasta que los presos sean libres, los exiliados regresen a casa y se acabe la represión contra todos aquellos que ayudaron a dar la voz al pueblo", ha dicho.

El PSC dice que "no hay gestos", los comunes, que sí

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha recordado que la presentación de los escritos es solo un paso más en el proceso judicial. "No está en manos del Gobierno" plantear gestos de ningún tipo, ha asegurado la diputada socialista. "No se está juzgando una ideología sino a personalidades políticas y públicas que han tenido la obligación de cumplir las leyes y hace un año hubo un incumplimiento. Es la sala del Tribunal Supremo la que dicta sentencia, no la Abogacía del Estado o la Fiscalía General de Estado. Esas personas tienen la obligación de rendir cuentas ante la justicia. Se han saltado las leyes y nos han llevado al precipicio", ha agregado.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha considerado que se trata de otra muestra de que se está llevando a cabo "una causa general contra el derecho a la autodeterminación". "No está únicamente en juego la libertad de estas personas, que ya sería suficientemente grave, está en juego la libertad de los derechos políticos del pueblo catalán y de cualquier espacio político que se considere demócrata", ha agregado.

Los comunes han valorado que la Abogacía del Estado no haya imputado rebelión, si bien consideran que no es suficiente. "No ha habido ni malversación ni sedición y esperamos que estas personas salgan en libertad pronto", ha asegurado la diputada en el Congreso Lucía Martín.

"El Estado ha dictado su sentencia, se han cargado el Estado de derecho para defender la unidad de España. Ni la presión ni la represión podrán parar el proceso hacia la república catalana", ha afirmado en Twitter el líder de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià. Por su parte, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ha afirmado este viernes en un mensaje a través de sus redes sociales, gestionadas por sus colaboradores mientras él permanece en prisión preventiva, que las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía del Tribunal Supremo para él y otros dirigentes soberanistas no le harán "renunciar" a sus objetivos políticos: "¿Alguien piensa que por 17 años de cárcel nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana".

También el exconseller Turull ha criticado el "relato ficticio para lograr un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal" que hace la fiscalía. En un apunte en su perfil de Twitter, ha expresado: "Ninguna sorpresa. Ellos, coherentes con su relato ficticio para un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal". "Nosotros seguimos con las convicciones intactas. A más injusticia, más compromiso. Ni desánimo ni resignación ni renuncia", ha añadido. Para el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, "hoy se demuestra que esto no es un procedimiento, es una venganza".