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Artur Mas asegura que no era consciente de cometer una ilegalidad el 9-N

El Tribunal de Cuentas juzga hoy al expresidente catalán y otros miembros de su Govern por los gastos de la consulta de 2014

De izquierda a derecha, el expresidente Artur Mas; el asesor de la Generalitat, Jordi Moreso; y los exconsellers Joana Ortega y Francesc Homs, tras reunirse con el presidente de la Generalitat Quim Torra, este martes. Massimiliano Minocri

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado hoy ante el Tribunal de Cuentas que le juzga por los gastos que supuso la consulta del 9-N que no era consciente de estar cometiendo ninguna ilegalidad. También ha restado importancia a la compra de 7.000 ordenadores para cada uno de los puntos de votación, partida que supuso 2,8 millones de euros. Ha afirmado que eran para la Consejería de Educación y que, una vez comprados, se podían usar puntualmente para cualquier otra cosa. También ha calificado de "irrelevante" el hecho de que la partida presupuestaria para adquirirlos estuviera incluida en el decreto anulado por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Cuentas juzga a partir de este miércoles al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y otros diez exconsejeros y miembros de su Govern por el quebranto a las arcas públicas que supuso la celebración de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014 , prohibida por el Tribunal Constitucional. Mas ha llegado poco antes de las 10 de la mañana acompañado de Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Orega y ha sido el primero en declarar. La siguiente es la ex vicepresidenta, Joana Ortega y le sigue la exconsejera de Educación, Irene Rigau.

El ministerio público reclama que Mas y el resto de demandados devuelvan al erario público 4,99 millones de euros que, según la investigación, se emplearon en esta convocatoria ilegal más los intereses correspondientes. Los implicados tienen embargados bienes por valor de 5,2 millones de euros para garantizar que se reembolse el dinero empleado en la consulta.

Mas ha insistido en su declaración, a preguntas de los abogados de los demandantes, del abogado del Estado y del fiscal, en que la consulta ya estaba en marcha y en manos de los miles de voluntarios que la organizaban cuando el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes de su celebración. También ha asegurado que la votación siguió durante 15 días más. "Si tan delictiva era, ¿por qué ni un solo juez ni un solo fiscal intervino para pararla?", se ha preguntado el expresidente de la Generalitat. Mas también ha asegurado que intervenir hubiera sido peor desde el punto de vista de la seguridad.

Tanto Mas como Ortega han subrayado que el 9-N era un "proceso participativo" y no un referéndum. Han asegurado que no había registro electoral ni cesión de datos de ningún tipo, que no había órgano de control y que se encargaban los voluntarios. También han insistido en que la Generalitat presentó un recurso con solicitud de aclaración y que nadie les ordenó paralizar el proceso.

Las preguntas a Irene Rigau han versado esencialmente sobre la compra de los ordenadores. Ella ha mantenido que eran equipos solicitados por las escuelas catalanas y que estaban destinados a ellas. Uno de los abogados le ha preguntado por la casualidad de que los 7.000 comprados en esa fecha fueran exactamente el mismo número que mesas había en la consulta. En la respuesta a la demanda, los abogados de Rigau argumentaron que, en todo caso, el gasto que se les debería imputar es el uso de los equipos informáticos en los días del proceso de participación ciudadana y no el gasto total de su adquisición.

El exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, también ha insistido en que la consulta no era ilegal y ha reconocido que apercibió por escrito a los medios de comunicación que no quisieron emitir las cuñas publicitarias de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ha añadido que, de no haberlo hecho, habría "prevaricado" ya que las empresas están obligadas a cumplir esas obligaciones cuando tienen licencias de radio o televisión. 

Una vez terminadas las declaraciones, Artur Mas ha asegurado a la salida de la sede del Tribunal de Cuentas que los cuatro exlíderes están "convencidos de la falta total de responsabilidad contable". El expresidente ha insistido en el hecho de que el Tribunal Superior de Cataluña les absolvió de malversación y ha subrayado la idea de que están respondiendo ante el organismo fiscalizador es porque a entidades como Societat Civil Catalana (SCC) les mueve un "espíritu de venganza" contra ellos.  Ha añadido que no solo les quieren ver inhabilitados sino también "arruinados".

En este sentido, Mas ha recordado las declaraciones de la que fuera por aquel entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que dijo que el 9-N lo pagarían ellos y sus familias con sus bolsillos. "Alguna gente estaba insatisfecha porque a su parecer nos habían condenado poco, y por espíritu de venganza pues han llevado las cosas hasta aquí", ha lamentado.

Mas ha subrayado esta mañana en una entrevista en RNE que durante su juicio ante el TSJC "cayó" el delito de malversación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó el año pasado a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta sobre la independencia. En la entrevista radiofónica ha añadido: "Ahora algunos están intentando ver si nos pueden arruinar personalmente desde el punto de vista económico", en lo que ha calificado de "venganza" por haber organizado el 9-N. Mas ha incidido en que "se está forzando el Estado de derecho hasta límites insospechados" y se ha mostrado determinado a "llegar a las más altas instancias europeas" para revisar el caso.

La fiscalía considera que Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y los otros siete demandados deben responder por los fondos utilizados para la preparación y celebración de la consulta soberanista de 2014, uno de los hitos del proceso independentista catalán que terminó con la intervención de la Generalitat el pasado 27 de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El expresidente Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau ya fueron enjuiciados por la organización del 9-N, aunque Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado. El resto están pendientes de que sea firme, ya que su juicio se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Junto a ellos, se sientan en el banquillo este miércoles por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta, el exasesor del presidente Mas, Jordi Vilalloana; el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.

El juicio tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9-N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: desde el registro de la página web institucional hasta la fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte, pasando por la adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información. De estas partidas, las más cuantiosas son las de los ordenadores portátiles para las mesas (2,8 millones de euros) y la campaña de publicidad institucional (806.000 euros). En el cómputo total figura también el envío de información a los votantes (308.000 euros).

Este tribunal se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.

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