La Fiscalía presenta la demanda contra Mas en el Tribunal de Cuentas por el 9-N

La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal de Cuentas la demanda contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y otros diez exconsejeros y miembros de su Gobierno por el quebranto a las arcas públicas que supuso la celebración de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional. El ministerio público reclama que Mas y al resto de demandados devuelvan al erario público 4,99 millones de euros que, según la investigación, se emplearon en esta convocatoria ilegal más los intereses correspondientes. La presentación de este escrito es el paso previo a que el máximo órgano fiscalizador del Estado juzgue los hechos y, si llega el caso, condene a los demandados, que ya han prestado fianza para hacer frente a esta posible indemnización.

La fiscalía considera que Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y los otros siete demandados deben responder por los fondos utilizados para la preparación y celebración de la consulta soberanista de 2014, uno de los hitos del proceso independentista catalán que terminó con la intervención de la Generalitat el pasado 27 de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los gastos por los que la Fiscalía quiere que la Generalitat sea resarcida son los siguientes, por orden de cantidad: los ordenadores portátiles para las mesas (2.800.735 euros); la campaña de publicidad institucional (806.403 euros); la elaboración del soporte necesario para la consulta (727.600 euros); el envío de información a los votantes (307.962 euros); la fabricación y el transporte del material para la votación (163.953 euros); el centro de prensa (144.244 euros); dos contratos menores para el diseño de la campaña (21.767 euros cada uno); el seguro de los voluntarios que organizaron la consulta (1.409 euros); y el registro de una página web institucional (74 euros).

La demanda destaca que, “en ningún momento, estuvo en el ánimo de los demandados desactivar la consulta del 9 de noviembre de 2014, acordada por Decreto del Presidente de la Generalitat 129/2014, de 27 de septiembre, y suspendida por el Tribunal Constitucional, mediante providencia de 29 de septiembre de 2014”. Esta conducta, según la fiscalía “debe calificarse como dolosa contablemente, o, al menos, como gravemente imprudente”.

Por organizar la consulta del 9-N, Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau han sido condenados por los tribunales ordinarios por desobediencia a penas de dos años de inhabilitación. Sin embargo, en aquellos procesos penales la fiscalía no acusaba por malversación, delito que implica hasta ocho años de prisión. Para recuperar el dinero que salió de las arcas públicas para la convocatoria independentista, la Fiscalía optó por la vía del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía precisa que, aunque estos cuatro son responsables directos de los hechos, existen otros altos cargos de otros departamentos que, por ser titulares de órganos de contratación o por encargarse de la supervisión de los expedientes de contratación, posibilitaron la salida de fondos públicos, como Lluis Beltrán i Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo, Jordi Vilajoana, Ignaci Genovés y Teresa Prohías.