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El comportamiento “insoportable” de Defex, una empresa con control estatal

Según el auto, la SEPI estaba informada del uso de intermediarios y empresas interpuestas para conseguir contratos

Defex
Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí. AP

¿Nadie se dio cuenta de nada? ¿No había supervisión? ¿Cómo es posible que una empresa pública (con una participación del 51%) funcionara como “una organización criminal”, según la gráfica descripción de la Guardia Civil? Esas son las preguntas que sobrevuelan la instrucción del caso Defex, que cumple cinco años y que poco a poco va cerrando capítulos de la investigación y enviando a juicio las prácticas corruptas de sus responsables. También se lo pregunta el juez José de la Mata, que en su auto califica de “absolutamente insoportable” lo ocurrido en “una sociedad mayoritariamente pública”.

Él mismo se responde acerca de la falta de controles. Defex, describe, “tenía instalado un sistema de funcionamiento interno regido por un sistema presidencialista donde el presidente [José Ignacio Encinas] tenía grandes potestades y donde los directores tanto de operaciones [Ángel Larumbe] como financiero [Manuel Iglesias Sarria] tenían plenos poderes para firmar los contratos que iban consiguiendo, sin necesidad de una segunda firma o de una remisión a un comité independiente”.

El auto del magistrado sobre la venta irregular de material bélico a Arabia Saudí es muy duro con Defex y con sus directivos, a los que ya ha procesado en otras dos piezas del sumario, las que investigan operaciones similares en Angola y Camerún. El magistrado asegura que la compañía “carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales” y que los mecanismos de prevención del delito “eran, simplemente, inexistentes”.

“El descontrol en Defex era tan grande”, continúa el juez De la Mata en su auto, que ni siquiera tras los años de investigación sabe ahora la empresa quién estaba detrás de una de las empresas a la que pagaban comisiones, el grupo Ike. Los encausados “se han negado a aportar tal identidad”, insiste el juez, pese a que según los correos intervenidos todos ellos lo sabían.

De la Mata destaca que Defex llevó a cabo una auditoría en 2014 que “sorprendentemente” tuvo como resultado que se cumplía la normativa de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI, que agrupa a las empresas públicas españolas) en materia de contratación. Al magistrado le sorprende también que solo a partir de diciembre de 2014 (“con esta causa penal ya abierta”) es cuando Defex empieza a establecer medidas de control.

Una de las incógnitas del caso es cuánto sabían los responsables de la SEPI de los manejos de Defex. Por primera vez, el juez menciona que el entonces presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, recibió un correo electrónico de una de las empresas saudíes, Labah Contracting, informándole de los problemas entre Defex y Nytel Global, uno de los comisionistas. Ni Martínez Robles ni el conglomerado público comentaron ayer miércoles ese extremo.

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