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El juez procesa a la cúpula de la empresa pública Defex por la venta de 48 millones en armas a Arabia Saudí

Los directivos pagaban comisiones a intermediarios y mordidas a altos cargos para conseguir contratos públicos

Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí.
Manifestación ante el Congreso contra la venta de armas a Arabia Saudí. AP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sentará en el banquillo a la cúpula de la empresa pública de armas Defex por corrupción en la venta de material militar a Arabia Saudí. El magistrado ha terminado la instrucción de esta pieza separada del escándalo de Defex y propone juzgar a la empresa, a su expresidente, a varios directivos, intermediarios y otras tres empresas por cometer, supuestamente, varios delitos con 11 contratos suscritos entre 2005 y 2014.

La investigación indagó también operaciones anteriores, pero tuvieron que ser excluidas de las pesquisas al haber prescrito los delitos. En total, el importe de estos contratos supera los 48 milones de euros, tal como adelantó EL PAÍS. Ocho de los contratos fueron para suministrar munición a Arabia Saudí y otros tres, repuestos para carros blindados del Ejército saudí. De la Mata considera en su auto que existen indicios "sólidos y consistentes" de que Defex conseguía contratos públicos en Riad mediante el pago de comisiones a altos cargos y funcionarios públicos de ese país.

El magistrado describe en el auto la absoluta falta de control de lo que hacían los directivos de Defex en el extranjero, que incluía el pago de comisiones "extraordinarias, irrazonables y no justificadas" a intermediarios que, con este auto de pase a procedimiento abreviado (que da por terminada la instrucción), pasan a estar imputados: Álvaro Cervera Pérez, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva.

Estos intermediarios eran, según el auto, "en realidad los conseguidores de los contratos que conseguían para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor de los contratos) y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionarios públicos saudíes”. Lo hacían a través de empresas a su nombre que eran “meros parapetos para ocultar los intereses personales”, añade el magistrado.

Los directivos responsables de estas prácticas corruptas fueron el expresidente de la empresa pública Defex José Ignacio Encinas, y los responsables del contrato, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, coronel en la reserva para el que Anticorrupción pide 35 años de prisión por las operaciones de Defex en Angola. Ambos "mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos", según el auto. De Encinas dice: "Este último no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation".

Defex como persona jurídica, y las empresas Defence Development, Nytel Global y Meta están acusadas de un delito de corrupción en las transacciones comerciales. Los hechos en los que presuntamente participaron los directivos y los intermediarios son constitutivos del mismo delito, además de otros: corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

Defex (participada en un 51% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas) está siendo investigada desde 2014. Ese año la Operación Angora de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó una operación de venta de material policial a Angola con sobrecostes millonarios que supuestamente eran desviados al pago de sobornos y dádivas a funcionarios del país africano, y al reparto de comisiones ilegales entre directivos de la empresa española e intermediarios. La semana pasada la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación contra 27 personas y tres mercantiles por delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros. A los miembros de la cúpula de Defex les pide 50 años de cárcel.

La investigación de Angola se amplió posteriormente a más operaciones sospechosas en otros países: Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil.

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