El PP y Maduro acusan a la vez a Sánchez de dar golpes de Estado a favor y en contra del régimen

La crisis de Venezuela ha terminado de reventar la deteriorada relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El PP elevó el tono hasta niveles inauditos y acusó abiertamente al Ejecutivo de participar en un golpe de Estado de Nicolás Maduro, mientras el propio presidente venezolano sostiene que los servicios secretos españoles de estar detrás de una supuesta operación para intentar matarlo. Esta situación desconcertante, en la que Sánchez está en una especie de pinza entre Caracas (que lo acusa de querer derrocar al régimen) y el PP (que sostiene exactamente lo contrario, que lo está ayudando a mantenerse en el poder) se agravó este jueves después de conocerse que Edmundo González firmó un documento bajo coacción en el que reconocía la victoria de Maduro mientras estaba en la residencia del embajador de España esperando a ser trasladado a Madrid. Esta pinza política no es fácil de explicar: mientras Maduro está al borde de la ruptura de relaciones con el Gobierno español, al que acusa de intentar asesinarlo, el PP y Vox en España sostienen que en realidad está en una alianza con el venezolano y ha participado en una operación para dividir a la oposición.

En esta escalada de tensión verbal llegaron varias peticiones de dimisión cruzadas. Mientras el Gobierno exigía la dimisión de Esteban González Pons, hombre de confianza de Feijóo, por esa acusación sin pruebas al Gobierno de participar en un golpe de Estado, el líder del PP exigía a su vez la dimisión de Albares por participar de alguna manera en esa coacción del régimen. Venezuela se ha convertido así en un asunto de política interna española de primera magnitud, que se utiliza como elemento de desgaste del Ejecutivo.

El Gobierno insiste en que se ha limitado a facilitar a González su decisión libre de abandonar Venezuela ante la presión del régimen de Maduro, que amenazaba con encarcelarlo, y no ha participado en ninguna negociación. Fuentes del Gobierno señalan que Albares habló hasta cuatro veces en persona con Edmundo González —dos cuando estaba en Caracas y otras dos ya en el avión camino a Madrid— para asegurarse de que tenía la voluntad libre de ir a España, que eso era lo que él había decidido. Y la respuesta de González fue inequívoca. Esto es relevante para la versión del Gobierno porque si fue González el que pidió a España que le acogiera, la tesis del PP de que el Gobierno de Sánchez ayudó a Maduro a dar un golpe de Estado contra el propio candidato opositor no tendría ningún sentido.

El propio Albares señaló que el opositor le trasladó en persona su decisión de no solo de viajar a España, sino de solicitar el asilo. “Yo quise estar seguro de esa decisión”, explicó el ministro, que insistió en que “España no tiene nada que ver con ningún tipo de documento que haya firmado Edmundo González”. Aunque el texto se firmó en la residencia del embajador español, y él aparece en las fotos del encuentro entre el opositor y dos enviados del régimen al máximo nivel, según el relato del Gobierno, fue solo un saludo de cortesía, —”solo hay un salón en esa residencia”, llegó a decir Albares para explicar la foto—, pero el embajador no participó de ninguna manera en la negociación y su firma no está en ningún lado. Preguntado por qué hacían los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, alto cargos del régimen de Maduro, en la residencia del embajador español, Albares apuntó que “cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él [en referencia a Edmundo González], cualquiera de ellos, no vino a solicitud del Gobierno de España, ni fue el embajador de España quien les invitó”.

Albares asegura que le dio órdenes expresas al embajador español para que no tuviera ninguna intervención en las negociaciones porque el ministro tenía especial interés en que quedara muy claro que Edmundo González salía de Venezuela por su propia voluntad, y no porque España le estuviera incitando a ello de ninguna manera. El ministro habló con el embajador el miércoles, cuando salieron las noticias del documento, y le confirmó de nuevo que había seguido las instrucciones de no inmiscuirse.

Al ver que la polémica crecía y el PP le acusaba de participar en un golpe de Estado, el Gobierno se movió. Exteriores contactó con el propio Edmundo González, que en todo momento ha tenido palabras de agradecimiento con Sánchez y Albares por sus gestiones para acogerlo en España, para pedirle que aclarara públicamente el episodio y dejara claro que España no participó de ninguna manera en la extorsión del régimen, la principal acusación que lanza el PP. Este, según fuentes del Ejecutivo, les trasladó que está “muy apesadumbrado” por la polémica y que es un “disparate” la acusación y les ha aseguró que lo explicaría. Así lo hizo el candidato opositor a última hora de la noche, cuando confirmó las palabras de Albares y negó “categóricamente” haber sido “coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el Embajador español en Venezuela”. En un comunicado, González destaca: “Las gestiones diplomática realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí”. El texto recalca que el Ejecutivo español se comprometió a garantizar su “seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española” y también en su llegada a España y añade que las gestiones con España fueron “supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores”, quien aseguró “en todo momento” el “bienestar y libertad de decisión” del candidato opositor, quien reitera su “agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos”.

Ya antes, el abogado del opositor, José Vicente Haro, admitió en una entrevista en la SER que desconocía la existencia del documento, pero negó que España tuviese las intenciones de las que le acuse el PP. “No se estaba propiciando golpe de Estado alguno. Quien lo dice deberán dar cuenta ante las autoridades competentes. Estamos muy lejos de eso. Eso sería una especulación de tipo político”, dijo en clara desautorización de González Pons.

El Gobierno está especialmente indignado con esta acusación del PP, tanto que Albares pidió a este partido que “no ensucie la imagen de España”, pero Feijóo fue muy duro desde Roma y aunque no insistió en la idea de Pons del golpe de Estado, sí acusó al Ejecutivo de colaborar en la extorsión a González del régimen de Maduro y por eso pidió la destitución del embajador y la dimisión del ministro. La tensión en política exterior entre ambos partidos, lejos del tradicional consenso en estos asuntos que hay en otros países, ha ido subiendo en los últimos años, pero nunca había llegado tan lejos como una acusación de participar en un golpe de Estado.

Feijóo se queja sistemáticamente de que Sánchez no le informa nunca de cuestiones delicadas de política exterior, y en La Moncloa suelen alegar que el líder del PP no es leal y lo que hace es complicar la labor del Ejecutivo. El PP por ejemplo ha forzado que el Congreso y el Senado reconozcan a González como presidente, algo que el Gobierno no quiere hacer de momento porque quiere mantener la interlocución en Venezuela, como hacen Brasil y Colombia, para intentar influir en la salida de la crisis y lograr que Maduro admita la derrota y abandone pacíficamente el poder. El PP cree que eso es inviable y hay que lanzar un mensaje claro a Maduro para mostrar su aislamiento, liderando tanto en la UE como a través de la Internacional Socialista —que preside el secretario general del PSOE—, el frente contra Maduro.

González Pons, el hombre más cercano a Feijóo en cuestiones de política exterior, fue quien reventó la jornada con su acusación inicial, al sostener sin pruebas que el candidato venezolano “fue trasladado a la Embajada española para que el chantaje fuera posible”. “El Gobierno de España es un cómplice de Maduro en la operación de descabezar a la oposición en Venezuela. Hay una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero”, insistió el dirigente del PP. Desde Roma, después de reunirse con Giorgia Meloni, Feijóo rehusó en tres ocasiones y a preguntas de los periodistas respaldar o rechazar las palabras del vicesecretario general del Partido Popular. Fuentes de la dirección del PP aclaran que no rechazan el sentido del mensaje de Pons sobre la “connivencia” de Sánchez con Maduro, aunque “semánticamente” no repliquen sus palabras. Y centran la posición del partido en las exigencias de Feijóo: retirada del embajador, dimisión de Albares y explicaciones de Sánchez con un desmarque claro de Nicolás Maduro. No parece probable que suceda ninguna de las dos cosas: ni la dimisión de González Pons que reclama el PSOE ni la de Albares que exige el PP. Pero lo que sí ha sucedido es una voladura de puentes entre los dos grandes partidos en un asunto especialmente sensible para España.

Las acusaciones del PP se producen en paralelo a la ofensiva de Venezuela contra España. Albares lleva días exigiendo al canciller venezolano, Yván Gil, que le confirme tanto la identidad como el lugar en el que se encuentran detenidos los dos ciudadanos españoles arrestados en el marco de lo que el Gobierno venezolano considera un complot orquestado por la oposición para desestabilizar el país. Sin pruebas, el líder bolivariano aprovechó esta semana la emisión de su programa de televisión, Con Maduro +, para ahondar en las tensiones diplomáticas al asegurar que José María Basoa y Andrés Martínez Adasme “son agentes encubiertos” de España. Esas acusaciones han sido rechazadas por las versiones de la familia y del Gobierno español.

El chavismo ha mantenido una posición ambigua y contradictoria respecto a España, nada sorprendente si se tiene en cuenta la forma de actuar de Maduro y la gente que le rodea cuando se trata de relacionarse con otros países. A Gustavo Petro, presidente de Colombia, se le escucha en Caracas, pero cuando dice algo que incomoda al chavismo recibe durísimas críticas de dirigentes del régimen. A su canciller, por ejemplo, le acusan de ser un agente de la CIA al servicio de Washington. Así que no es de extrañar que se pueda sostener una cosa y su contraria. Maduro y Jorge Rodríguez suelen referirse a España con dureza, tildando a sus políticos de colonialistas y prepotentes. No olvidan que Sánchez reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado”.

Los chavistas se han felicitado por el exilio de González y ha mostrado su firma en esa carta en la que acata las decisiones judiciales como un triunfo. A la vez, se ha molestado por la votación en el Congreso con la que se pide al Gobierno español que reconozca a Edmundo como presidente encargado. Eso llevó a Rodríguez, también presidente de la Asamblea, a presentar un proyecto de ley para romper relaciones comerciales y diplomáticas con España. Rodríguez dijo que se votaría este jueves, pero el asunto no aparece en el orden del día. En cambio, viene registrado un proyecto “de acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas”.