Los contratos irregulares de armas con Arabia Saudí suman 48 millones

La investigación del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre la venta de material bélico a Arabia Saudí a través de la empresa pública Defex ha confirmado el pago de sobornos y comisiones ilegales en 11 contratos firmados entre 2005 y 2013. Ocho supusieron el suministro de diferentes tipos de munición a Riad. Los otros tres, la entrega de repuestos para los carros blindados AMX-30 del Ejército saudí. El importe total de estos contratos supera los 48 millones de euros. Otras cinco operaciones realizadas entre 1992 y 2004 han sido excluidas de las pesquisas al haber prescrito los posibles delitos.

Defex (participada en un 51% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas) está siendo investigada desde 2014. Ese año la Operación Angora de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó una operación de venta de material policial a Angola con sobrecostes millonarios que supuestamente eran desviados al pago de sobornos y dádivas a funcionarios del país africano, y al reparto de comisiones ilegales entre directivos de la empresa española e intermediarios.

El escándalo acabó con Defex en liquidación y con sus máximos directivos —el antiguo director de operaciones, Ángel María Larumbe, y el expresidente José Ignacio Encinas— imputados. En uno de los autos, el juez De la Mata acusó a ambos de haber mantenido durante más de dos décadas un “patrón criminal sistemático de conducta”.

Tras analizar la documentación intervenida, la Guardia Civil descubrió que las supuestas irregularidades se extendían a la venta de material bélico a otros países, entre ellos Arabia Saudí. En todos los casos, la trama utilizaba la condición de empresa pública de Defex para conseguir las autorizaciones necesarias para exportar el armamento. Posteriormente, se valía de un complejo entramado societario —creado presuntamente desde un bufete de Luxemburgo por Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa— para justificar los sobrecostes con facturas falsas y ocultar las comisiones en cuentas bancarias en varios países.

En el caso de Arabia Saudí, la investigación arrancó en 2015 y puso en un primer momento la lupa en 16 operaciones realizadas entre los años 1992 y 2014, según revelan documentos judiciales españoles y suizos. Sin embargo, las cinco primeras ventas —comprendidas entre 1992 y 2004— fueron pronto descartadas ya que, de existir irregularidades, los delitos estarían prescritos. La Guardia Civil centró entonces las pesquisas en los 11 contratos más recientes. El primero, de 2005, era para el suministro por algo más de cuatro millones de euros de repuestos para los carros de combate de fabricación francesa AMX-30. Dos años después, el contrato presuntamente amañado fue de 1,86 millones, en este caso para la entrega a Riad de 25.000 “almohadillas de goma” para los mismos vehículos blindados.

En 2008, Defex firmó otros dos contratos ahora bajo sospecha con Arabia Saudí. Uno de 1,3 millones por nuevos repuestos para estos carros de combate. El segundo, de 6 millones por el suministro de más de 11 millones de proyectiles de 9 milímetros. Tras dos años sin operaciones irregulares, 2011 incluyó cuatro contratos presuntamente amañados, todos ellos de munición. Ese año se entregó a Arabia Saudí 118.000 cartuchos de 12,7 milímetros por los que Defex percibió 484.331 euros. Además, se hizo llegar a las autoridades de Riad tres partidas de proyectiles de 105 y 115 milímetros. Todo ello, por un valor de 11,7 millones de euros.

Un año después, eran dos los contratos presuntamente fraudulentos para la entrega de munición. Uno, valorado en cerca de cinco millones de euros, supuso la entrega de 3.450 cartuchos de “alto explosivo de 106 milímetros”. El segundo, de 5,9 millones, era por una nueva partida de munición de 155 milímetros. El último contrato investigado es de 2013, por la entrega de 9.500 proyectiles por 13,5 millones de euros.

La pieza separada que el juez De la Mata abrió para investigar los contratos con Arabia Saudí está prácticamente concluida, a la espera de que la Guardia Civil entregue los últimos informes. Entre otras irregularidades, las pesquisas han permitido detectar transferencias a una empresa domiciliada en Islas Caimán y el pago de 7,6 millones de euros a una compañía saudí por unos trabajos ficticios a través de cuentas suizas. Las autoridades helvéticas mantienen bloqueadas, al menos, cuatro cuentas bancarias por estos movimientos de dinero.

Entre los imputados por estos contratos se encuentran el empresario Álvaro Cervera, señalado como presuntos conseguidor de la trama, y su sociedad Defense Development. Cervera había sido directivo en Defex. Otro empresario investigado es Charles Ques y su mercantil Nytel Global, con sede en Girona.