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La SEPI pedirá autorización al Gobierno para disolver Defex

La compañía se encuentra prácticamente inactiva por las investigaciones de la Audiencia Nacional en un contrato en Angola

Fachada de la SEPI.
Fachada de la SEPI.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) solicitará al Consejo de Ministros autorización para disolver la sociedad pública Defex debido a los problemas que arrastra esta compañía para operar en el mercado por las investigaciones judiciales que está llevando a cabo la Audiencia Nacional. Según fuentes del accionariado de la empresa, la decisión deriva de las conversaciones que han mantenido durante las últimas semanas el Ministerio de Hacienda, al que pertenece la SEPI, y el de Defensa.

Las investigaciones están relacionadas con el contrato de venta de material policial suscrito en Angola junto a la empresa Comercial Cueto, con la que iba en una unión temporal de empresas (UTE), firmado en 2008. Las investigaciones comenzaron en 2012 después de que las autoridades de Luxemburgo preguntaran a España por unas transferencias por valor de 41 millones de euros desde una cuenta bancaria a nombre de las dos empresas citadas.

A partir de ahí, el fiscal Conrado Saiz abrió diligencias en febrero de 2013 y en julio de 2014 recayó el caso en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex, entre ellos su presidente hasta 2012, José Ignacio Encinas; el vicepresidente, Manuel Iglesias Sarria; el director de operaciones, Ángel María Larumbe, y los directivos Ana Cerrolaza y Enrique Gómez Cuesta, que fueron detenidos y destituidos de sus cargos.

A lo largo de la instrucción se descubrió que de los 152,9 millones del contrato de Angola, unos 100 millones se habían desviado y cuyo paradero concreto se ha seguido investigando. Según fuentes consultadas el valor real del material objeto por el que se había pagado esa cuantía apenas superaba los 50 millones. Supuestamente esa cantidad se repartió entre funcionarios angoleños, empresas pantalla y paraísos fiscales para beneficio de los directivos de las empresas que formaban la UTE e intermediarios como Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa que acabó en prisión.

Un impuesto diferido de 3,2 millones

Defex es una empresa pública dedicada a “la intermediación y exportación de material de defensa y orden público”, según figura en sus memorias de las cuentas anuales de 2015.

En 2003, Defex absorbió Defoback generando un impuesto diferido de 3,2 millones. Hacienda decidió que ese impuesto no era exigible hasta la disolución de la empresa. Así que, si finalmente el Gobierno la disuelve, tendrá que abonar ese importe al fisco.

La dirección de la empresa creó en 2015 una reserva especial de 1.540.679 euros para hacer frente a las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la imputación de la sociedad en el procedimiento judicial. Además, tiene provisionados otros ocho millones derivados de una inspección de la Agencia Tributaria a raíz del procedimiento penal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil amplió la investigación a otros contratos de la empresa de venta de material de defensa en Camerún, Arabia Saudí y Egipto entre otros países.

Las fuentes consultadas han subrayado que desde que se inició el proceso penal, Defex ha renovado su equipo directivo, implantando nuevos procedimientos de prevención de riesgos penales y colaborando con el juzgado para ayudar a esclarecer los hechos investigados por la posible administración desleal realizada por antiguos directivos.

Venta de material de defensa

Además del grupo presidido por Pilar Platero (SEPI), que posee el 51%, Defex está participada por varios socios privados (Explosivos Alaveses, Maxam e Instalaza, con el 10,8%, y Placencia de las Armas y Alfalan, con el 8,1%, cada una). Fue creada en 1972 con el objetivo de promover la exportación de empresas de Defensa y detectar oportunidades comerciales, seleccionar los proveedores nacionales y analizar las modalidades de financiación más adecuadas.

Desde 1990 hasta 2016, la facturación acumulada ascendió a 1.600 millones. Sin embargo, en los últimos años su actividad se ha quedado parada por el impacto reputacional de las investigaciones judiciales y las medidas cautelares impuestas. Esto es lo que motivado la decisión de solicitar la disolución de la empresa. Está previsto que el consejo de Defex se reúna esta misma semana para cerrar el proceso, para que posteriormente el consejo de la SEPI pida la correspondiente autorización al Consejo de Ministros.