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El Gobierno ordenará la exhumación de Franco este viernes

El Ejecutivo da 15 días a la familia para que diga dónde quiere inhumarlo, pero hay posibilidad de nuevos recursos

En foto: el Valle de los Caídos, el pasado agosto. En vídeo: Declaraciones de Fernando Martínez López, director general para la Memoria Histórica del ministerio de Justicia de España. VIDEO: EFE

El Gobierno tiene previsto ordenar este viernes la exhumación de Franco y dar 15 días más a la familia para que señale un lugar distinto a la catedral de La Almudena para enterrarlo. El Ejecutivo da por concluida la segunda fase del decreto por el que aprobó el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos y considera que ni la familia ni la abadía benedictina pueden oponerse, aunque espera nuevos recursos de los Franco. La asociación mayoritaria de víctimas del franquismo pide que el proceso se haga “con luz y taquígrafos”.

El Gobierno avanza en el enrevesado proceso para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. EL PAÍS avanzó el pasado junio los planes del Ejecutivo para el traslado de los restos del dictador, pero desde entonces ha encontrado múltiples obstáculos debido, sobre todo, al “comportamiento obstruccionista” de la familia, según fuentes de La Moncloa. Los Franco han recusado 12 veces a la instructora del procedimiento y se han querellado contra ella y los funcionarios de los ministerios implicados, así como los funcionarios de Patrimonio Nacional.

Este viernes, como adelantó hoy eldiario.es, el Gobierno tiene previsto aprobar la orden de exhumación y dar un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señale el lugar donde desea que sea inhumado, advirtiéndole que no puede ser, como llegaron a pedir, en la catedral de La Almudena y con honores militares.

Según el documento donde el Ejecutivo explica sus argumentos jurídicos, enterrar a Franco en La Almudena supondría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad”. El Gobierno quiere evitar que la nueva tumba del dictador se convierta en un lugar de “exaltación” del franquismo. El informe de la Abogacía del Estado establece que la familia no puede oponerse, porque se trata de una “tumba pública” y que la autorización de la Iglesia se circunscribe a la inviolabilidad de un templo, es decir, el acceso a la basílica, algo que, en cualquier caso, no pueden negarles, afirman, al tratarse de cumplir con una resolución legal.

La familia, que ya intentó paralizar cautelarmente el procedimiento, prepara nuevos recursos ante el Supremo.

El PP acusó este lunes a Pedro Sánchez de “estar obsesionado con Franco”. “Cada vez que el Gobierno está en apuros vuelve su mirada al pasado para intentar confrontar a los españoles”, declaró la vicesecretaria de comunicación popular, Marta González.

El Gobierno recuerda que en mayo de 2017 el Parlamento aprobó una proposición no de ley para trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que el pasado 13 de septiembre, con solo dos votos en contra —los de dos diputados del PP que dijeron haberse equivocado— fue convalidado en el Congreso el real decreto ley para exhumar al dictador y convertir el mausoleo en un monumento de memoria y reconciliación.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pide al Gobierno que el proceso se haga “con luz y taquígrafos, no con nocturnidad y alevosía, como ocurrió con la retirada de la estatua ecuestre de Franco en Madrid”. Para la ARMH, la exhumación es una “gran oportunidad” para un “ejercicio de democracia didáctica” y explicar a miles de españoles que no estudiaron la represión por qué la tumba de un dictador “no puede sostenerse con fondos públicos”.

La familia Franco recurrirá

J. Casqueiro, Madrid

La familia Franco no se sorprendió este lunes al conocer las intenciones del Gobierno. Las esperaba. El albacea, Luis Felipe Utrera-Molina, tiene preparado el recurso que presentará en el Tribunal Supremo contra la decisión de la exhumación, pero no cuándo lo registrará. Tiene dos meses de plazo y en ese tiempo podrían hasta convocarse elecciones generales y cambiar el signo del Gobierno. Lo que sí hará la semana que viene es tramitar un escrito advirtiendo al Ejecutivo de sus intenciones y de que pedirá la suspensión cautelar de cualquier medida relacionada con la exhumación del dictador, incluido el posible plazo de 15 días para elegir otro lugar para la reinhumación. Y rechaza renunciar a la alternativa de ubicar los restos si al final son inhumados en la cripta familiar de la catedral de La Almudena, como pretende el Gobierno alegando razones de seguridad.

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