Los Franco piden al Supremo que paralice la exhumación del dictador

La familia Franco ha acudido al Tribunal Supremo para que paralice la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, que el Gobierno pretende realizar antes de que acabe el año. "De nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría", asegura en el recurso el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, hijo del ministro franquista José Utrera-Molina.

El recurso, adelantado por El Español, fue presentado el pasado 29 de noviembre ante la sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo. La familia alega que de no tomarse medidas cautelares les causarían "un perjuicio irreparable"; asegura que el acuerdo del Consejo de Ministros para seguir adelante con los trámites les causa "indefensión" y denuncia el incumplimiento del plazo de alegaciones al no haber tenido en cuenta en el procedimiento "la existencia de otras muchas familias cuyos familiares también se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos sin haber sido víctimas de la Guerra Civil y que aún no han sido ni notificados ni oídos". El real decreto ley del pasado agosto aprobó modificar el artículo 16 de la ley de memoria histórica de 2007 para establecer que en el Valle de los Caídos "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

El recurso de los Franco recuerda que el prior administrador de la Abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, presentó el pasado 27 de septiembre un escrito dando cuenta de la existencia de 19 monjes benedictinos que murieron después de la Guerra Civil y fueron enterrados en el mausoleo, así como otras 30 personas fallecidas entre 1940 y 1959 inhumadas en el interior de la basílica. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos presentó, a su vez, una relación de 165 nombres de enterrados en el mausoleo después del 1 de abril de 1939, cuando concluyó la Guerra Civil. La familia del dictador entiende que los familiares de todos ellos deben ser escuchados antes de iniciar el proceso.

La familia trata de ganar tiempo con el recurso al Supremo, en el que denuncia un "espectáculo mediático sin precedentes" y recuerda cómo, una vez que manifestaron su deseo de trasladar los restos a la catedral de La Almudena —si finalmente se llevaba a cabo la exhumación—, el Gobierno también se negó, algo que según el abogado incumple las propias reglas que el Ejecutivo se había dado. "Las prisas y promesas de un Gobierno no puede pisotear los derechos de unos particulares", añade el escrito. Los Franco también recuerdan que la tumba de su abuelo ya ha sido "profanada" -en alusión a una pintada- recientemente.

El Valle de los Caídos acoge los restos de, al menos, 33.847 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel. Se conoce la identidad de 21.317 de ellas y se ignora la de las restantes 12.530. En los últimos años, representantes de organismos de derechos humanos, como el entonces relator de la ONU Pablo de Greiff, han llamado la atención sobre la "anomalía" que supone que más de cuatro décadas después de su muerte, el Valle de los Caídos siguiera siendo lo que Franco quiso que fuera: un monumento a sí mismo y a su victoria en la Guerra Civil. Mussolini fue enterrado inicialmente en una tumba anónima, pero el cadáver fue robado por sus partidarios y enterrado de nuevo en su pueblo en un lugar que hoy es centro de peregrinación de nostálgicos del fascismo. Los restos de Hitler fueron quemados.