El Gobierno plantea cerrar por ley los espacios públicos donde se exalte a Franco

El Gobierno ha tardado menos de una semana en dar respuesta a la idea que se planteó tras el viaje de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano. El Ejecutivo impedirá por ley que los restos del dictador Francisco Franco sean enterrados en la catedral de La Almudena. Pero irá aún más allá: impondrá sanciones, que se pueden traducir en cierres, para los espacios abiertos al público en los que haya episodios de enaltecimiento del franquismo.

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Ante las dudas de la Iglesia, que se niega a impedir esa inhumación como le pedía el Gobierno, el Ejecutivo opta por la vía legal, que es la que prefiere el Vaticano porque le exime de responsabilidad y, a la vez, le quita el problema de encima. El Ejecutivo ha estudiado el artículo 15 de la ley de memoria histórica, el que habla de los símbolos, y ha concluido que puede no ser suficiente. Así que el Grupo Socialista tiene ya redactada una nueva reforma, en forma de enmiendas que se registrarán en breve, en la que retoca la ley para que sea absolutamente imposible cumplir con el deseo de la familia Franco de enterrarlo en la cripta de la catedral de La Almudena, donde yacen los restos de la hija del dictador y la familia tiene comprado un espacio para varios fallecidos.

La ley será tajante, según fuentes del Grupo Socialista, y lo impedirá por dos vías. Primero habrá una mención específica sobre los restos del dictador en los que se dejará muy claro que no podrán, en ningún caso, ser enterrados en un lugar con acceso al público. Precisamente la cripta de La Almudena está en ese supuesto. Es un lugar turístico, con acceso a todo tipo de personas, y difícilmente podría cerrarse, porque es de visita habitual. La ley prohibirá que vayan ahí precisamente para evitar que se convierta en un lugar de exaltación del franquismo contrario al espíritu de la ley de memoria histórica. Esta reforma forzaría a los Franco a optar por un cementerio discreto y no abierto al público en general.

Por si esta prevención no fuera suficiente, la ley tendrá otra reforma, según otra enmienda socialista, en la que se establecerá la responsabilidad de los titulares de espacios al público cuando se produzcan episodios de exaltación del franquismo dentro de estos lugares “tanto por acción como por omisión”. La reforma incorporará un régimen sancionador que, “más allá de las sanciones pecuniarias, alcanza al cierre temporal o definitivo de dichos espacios abiertos al público, cualquiera que sea su titularidad”, señalan fuentes socialistas. Esto es, el Gobierno podrá cerrar cualquier Iglesia o lugar que sea utilizado para exaltar el franquismo, todo un aviso de que el Ejecutivo va a fondo en este asunto.

Condecoraciones

Las enmiendas no se quedarán solo en este asunto de los restos de Franco. También se regulará, por ejemplo, la retirada de condecoraciones del Estado, una reforma pensada específicamente para escándalos como el del torturador condecorado Billy el Niño. “Se añadirá una disposición que ordene la retirada de condecoraciones cuando se acredite que el condecorado incurría en conductas manifiestamente incompatibles con la distinción recibida”, señalan los socialistas.

Otra enmienda da satisfacción a los grupos de memoria histórica, que exigen que el Estado asuma la exhumación y la búsqueda de restos en cunetas y fosas comunes. Hasta ahora, la iniciativa debe partir de un particular. A partir de esta enmienda, “se atribuye a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones, la facultad de llevar a cabo procedimientos de exhumación”.

Además, otra reforma prevé “la creación de la Comisión de la Verdad como órgano independiente de ámbito nacional, con el objeto de trabajar en la recuperación y análisis de los documentos históricos, testimonios y otros materiales sobre el periodo comprendido entre julio de 1936 y diciembre de 1978”.

El PSOE ya ha logrado la reforma de la ley para incorporarle un artículo 16 que permite la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Pero entonces el Gobierno no preveía la jugada de los Franco con su decisión de enterrarlo en La Almudena, en pleno centro de Madrid. Ahora el Ejecutivo reajusta y busca nuevas reformas para acorralar de forma legal a la familia del dictador. No es previsible que tenga problemas para sacar adelante esta norma, ya que esta idea cuenta con gran apoyo parlamentario y la única abstención, que no rechazo, del PP y Ciudadanos. Sin embargo, hay un problema de tiempos. La reforma de la ley sí puede retrasarse —son PP y Ciudadanos los que manejan los tiempos al controlar la Mesa del Congreso y van a pedir que se amplíe el plazo de enmiendas— y por tanto también la exhumación de los restos.

El Gobierno asume ya que no es posible llegar antes de fin de año, como estaba previsto. Todo está siendo mucho más difícil de lo previsto y el Ejecutivo se adapta sobre la marcha, aunque está convencido de que lo logrará porque cuenta con el respaldo parlamentario suficiente y, de alguna manera, también con el apoyo implícito de la Iglesia, siempre que no sean ellos los que asuman la responsabilidad de parar la jugada de los Franco. La epopeya no ha terminado, pero empieza a parecer encauzada.