El Gobierno asegura ahora que Franco no irá en ningún caso a La Almudena

El Gobierno ha dado un giro de 180 grados en el complejo asunto del entierro de los restos del dictador Francisco Franco después de la reunión en Roma de la vicepresidenta Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Si hasta ahora el Ejecutivo decía que no podía hacer nada para impedir que el dictador fuera enterrado en catedral de La Almudena, como quiere la familia, Calvo ahora señala que el Ejecutivo “tiene mecanismos”, a través de la ley de memoria histórica, para impedir que los restos acaben allí, y así se lo explicó al número dos del Papa. Los restos no irán en ningún caso a la cripta de La Almudena, según explicó la vicepresidenta, que dijo que entre la Iglesia y el Gobierno están buscando una salida para que vayan a otro lugar.

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Sin embargo, el Vaticano, en un comunicado de corrección nada habitual, ha matizado a la vicepresidenta asegurando que el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, "pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”. La discrepancia no parece estar tanto en el fondo de la cuestión, esto es que no vaya a La Almudena, como en la implicación activa de las dos instituciones. La Iglesia quiere que sea el Gobierno, bien convenciendo a la familia o bien a través de una imposición legal, el que impida que los restos vayan a la catedral. Por eso responde con el matiz cuando el Ejecutivo trata de decir que la decisión es conjunta.

El giro del Ejecutivo es muy importante. Hasta ahora, tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta habían asegurado que el Ejecutivo no iba a decirle a la Iglesia dónde se podía enterrar o no al dictador. "No podemos más que respetar la voluntad de la familia", dijo la vicepresidenta el 12 de octubre. "La inhumación no nos corresponde", añadió la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, la semana pasada. La realidad es que el Gobierno estaba sondeando al Vaticano y negociando para buscar una salida. Calvo finalmente ha admitido la verdad, después de decir lo contrario, tras comprobar en la reunión de este lunes que también la Iglesia está muy incómoda con la posibilidad de que Franco vaya a La Almudena. "El propio cardenal Osoro [arzobispo de Madrid] dijo que no les parece bien [que vaya a La Almudena], acordamos [con el Vaticano] trabajar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena", ha rematado la vicepresidenta.

Los dos parecen interesados en encontrar una solución, pero la Iglesia reclamaba que sea el Gobierno el que facilite las cosas, impidiendo de forma legal el entierro y asumiendo así el coste. El Ejecutivo pedía que fuera la Iglesia la que convenciera a la familia. Al final, todo indica que se ha llegado a una solución intermedia en la que la Iglesia admite indirectamente que no le gusta la idea de que vaya allí, y probablemente mantendrá algún contacto con los Franco para intentar convencerlos, pero es el Ejecutivo el que toma la iniciativa apelando a la ley de memoria histórica, que impide la exaltación del franquismo. Aun así, la batalla no ha hecho más que empezar y todo depende de que la familia, que compró un espacio en la cripta donde ya está enterrada la hija del dictador, quiera o no llegar hasta el final. Si deciden recurrir cualquier decisión administrativa que le impida enterrar a Franco en la cripta, el asunto acabará finalmente en los tribunales con el riesgo que eso implica. El Gobierno decía haber previsto todos los escenarios, pero ahora parece evidente que entre ellos no estaba la jugada de la familia de pedir el entierro en La Almudena.

Calvo ha desarrollado en los pasillos del Congreso lo que ya apuntaba el día anterior el comunicado que emitió el Gobierno tras el encuentro en el Vaticano. Allí ya se aseguraba que el cardenal Parolin había garantizado a la vicepresidenta que la Iglesia no se iba a oponer a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y que se buscaría una "solución" para la inhumación. Esto ya apuntaba, como explicó la vicepresidenta, que ambos están de acuerdo en que catedral madrileña no es el sitio adecuado.

"Les advertimos de que vamos a aplicar nuestra legislación. No pueden estar los restos de Franco en ningún lugar donde puedan ser enaltecidos u homenajeados. Eso está prohibido en nuestra legislación. Esta aplicación se tiene que hacer en cualquier lugar del territorio. El cardenal entendió que debíamos buscar una salida para que los restos de Franco estén en un lugar con dignidad pero que no puedan ser objeto de homenaje de ningún tipo. El Estado tiene instrumentos para que esto no ocurra", sentenció Calvo.

Cuando se le preguntó cómo se puede impedir que se entierre en la cripta, un lugar que según la Iglesia es diferente a la catedral y por tanto puede entenderse como privado, Calvo fue tajante: "La catedral de La Almudena no es titularidad privada, es de la Iglesia. El Estado tiene que garantizar que no se enaltezca a Franco. Sus restos deben estar en un lugar donde no se produzcan manifestaciones".

Fiscalidad e inmatriculaciones

La reunión fue más lejos, según explicó la vicepresidenta. El Gobierno no solo comunicó que tiene intención de modificar el Código Penal para caminar hacia la imprescriptibilidad de los delitos de abusos contra menores. También hablaron a fondo de fiscalidad y Calvo anunció que se va a empezar a cobrar el IBI a los inmuebles de la Iglesia que no se usan para el culto, como se hace en Italia. "El secretario de Estado entendió que las exenciones fiscales para lugares no de culto no son sostenibles. No cabe en nuestra política fiscal que la Iglesia católica no tribute. Entendieron perfectamente esta propuesta del Gobierno", insistió.

Por último, sobre inmatriculaciones, otro asunto muy delicado, Calvo fue algo más suave. Ambos acordaron crear una comisión para evaluar los inmuebles que han sido registrados en los últimos años. "Hablamos de la puerta que abrió el señor Aznar para que la Iglesia inmatriculara los bienes. La propia Iglesia admite que puede haber habido excesos. Le propuse que antes de que se cierre la lista miremos los inmuebles que no pueden ser admitidos como bienes de la Iglesia católica. También le dije que algunos inmuebles simbólicos como la mezquita de Córdoba necesitan una particular salida. Les pedí que hubiera una reflexión", sentenció la vicepresidenta.